En todo el mundo se ha aplaudido la decisión de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, al  decidir el envío a Chile,  el lunes,  a personal especiaslizado para que constate en que forma han muerto ya 19 personas durante una semana de disturbios en el país suramericano.

El envío de esta Comisión fue solicitada por el mismo Presidente Sebastián Piñera, tras conocerse versiones sobre torturas de militares y personal de las Fuerzas Armadas contra detenidos por infringir el toque de queda o participar en saqueos de tiendas y supermercados en distintas ciudades chilenas.

Bachelet anunció la medida en su cuenta de Twitter. Igualmente Piñera invitó a venir a Chile también al director de las Americas de Human Rights Watch, el también chileno José Miguel Vivanco.

La Comisión  verificará en Chile las denuncias supuestamente ocurridas durante las masivas protestas sociales registradas esta semana en todo el país.

“Tras monitorear la crisis desde el comienzo, he decidido enviar una misión de verificación para examinar las denuncias de violaciones a los #DerechosHumanos en #Chile”, tuiteó Bachelet, quien gobernó durante dos periodos en Chile tras el regreso a la democracia en 1990. Parlamentarios y el gobierno han expresado su interés en recibir una misión”.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), un organismo público pero autónomo en Chile, ha reportado hasta el momento 2.686 detenidos y 584 heridos -245 por armas de fuego- durante los siete días de protestas detonadas la semana pasada tras el rechazo de estudiantes al aumento de la tarifa del metro y que luego se ampliaron a otras viejas demandas sociales como también al combate de la desigualdad social que existe en Chile, problema del cual han sido responsables todos los Gobiernos postdictadura desde Patricio Aylwin hasta Sebastián Piñera, pasando también por los dos períodos en que gobernó Michelle Bachelet, donde la desigualdad en vez de bajar,  aumentó.

Las protestas derivaron en actos de violencia, incendios de estaciones del metro, farmacias y saqueos de supermercados, lo que llevó al gobierno a decretar un estado de excepción y toque de queda por primera vez en tiempos de democracia.

El INDH ha presentado al menos 55 denuncias por supuestas violaciones a los derechos humanos. Cinco de éstas tienen que ver con muertes ocasionadas presuntamente de manera directa por agentes de la policía o militares. El organismo descartó la denuncia sobre el funcionamiento de un centro para torturar a manifestantes durante los disturbios. En este tema han circulado también numerosas “fake news”.

El reciente anuncio de Piñera de una serie de medidas económicas -que incluyen mejoras en las pensiones, la atención médica, el salario mínimo y una rebaja en la tarifa de la electricidad- no han logrado aplacar la furia en las calles.

Un grupo de académicos, artistas e integrantes de partidos independientes envió una misiva a Piñera urgiéndolo “a reconocer las causas profundas y reales que con razón indignan a la gran mayoría de chilenos” al mismo tiempo que le señaló que “la presencia de militares en las calles y las limitaciones de las libertades constitucionales nos evoca ese pasado que debemos superar”.

Para mucha gente los militares en las calles traen los malos recuerdos de la cruenta dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990) en la que miles de personas fueron asesinadas o desaparecidas, torturadas y encarceladas por razones políticas.

Piñera dijo el jueves que su gobierno intenta que el país regrese a la normalidad y llamó a la paz, aunque mantuvo el estado de excepción y a los militares en las calles, según dijo, para garantizar el orden y la seguridad ciudadana. Los toques de queda siguieron anoche  (jueves) en la Región Metropolitana y otras regiones, pero con periodos más cortos, hasta las 4 de la mañana en algunos casos. Hoy se vislumbra un día muy difícil en el tema de las manifestaciones públicas, al protestar igualmente los camioneros que piden ser liberados de los peajes, que son altos y numerosos, en las carreteras y autopistas  chilenas.

El Congreso investiga estado de emergencia

La Cámara de Diputados de Chile aprobó este jueves crear una comisión que investigue la declaración e implementación del estado de emergencia ordenado por el presidente, Sebastián Piñera, para aplacar las protestas contra el Gobierno, tras las denuncias sobre supuestas violaciones de los Derechos Humanos.

Los diputados chilenos decidieron  por 66 votos a favor, 31 en contra y 14 abstenciones crear la  comisión investigadora para «fiscalizar el actuar del Gobierno y de las instituciones», señalando en concreto a los ministerios de Interior y Defensa y a militares y Carabineros, en lo relativo al estado de emergencia vigente desde el 18 de octubre.

Es «un deber de la Cámara de Diputados», dijo su vicepresidenta, Loreto Carvajal. «No podemos pasar por alto la situación que se vive en el país. Acá no podemos solo responder a las urgencias legislativas que impone, tardíamente el Gobierno, sino que debemos hacernos cargo de lo que está ocurriendo en las calles», sostuvo la legisladora.

Carvajal (PPD)  mencionó específicamente las denuncias que ha realizado el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que ha documentado torturas y vejaciones, entre otros abusos, contra los detenidos en el marco de las protestas «No podemos mirar para otro lado», defendió la ‘número dos’ de la sede legislativa.

Mientras tanto los parlamentarios comunistas y de otros grupos de izquierda evalúan presentar una acusación constitucional en contra del Presidente Piñera buscando su  destitución.

De acuerdo con el último balance, al menos 19 personas han muerto, incluidas cinco por acción de las fuerzas de seguridad, lo que ha puesto en duda la actuación de los uniformados en un país sensible al rol público que deben jugar tras su participación en el golpe de Estado de 1973 y la posterior represión. Diputados opositores ya han solicitado medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El ministro de Defensa, Alberto Espina, defendió este jueves la actuación militar. «La misión de las Fuerzas Armadas en estado de excepción son dos: proteger a nuestros compatriotas de los actos de violencia y colaborar para que el país recupere su normalidad lo antes posible», indicó, subrayando que «están formadas para actuar con el más estricto respeto a los derechos de las personas».

Espina enfatizó que los militares son «hombres y mujeres que tienen hijos, familias», y que «estos mismos soldados son los que cuando hay una catástrofe llegan de inmediato a proteger a los chilenos».

En la misma línea se ha expresado el director general de Carabineros, Mario Rozas. Los carabineros «no están entrenados para hacer daño a la comunidad», ha aseverado en una comparecencia en el Senado. «Nosotros somos parte de la comunidad, trabajamos con la comunidad y por la comunidad, (…) estamos para servir a la comunidad», aseveró.

Las protestas estallaron la semana pasada por la cuarta subida del precio del billete de metro en pocos meses, pero rápidamente crecieron hasta denunciarse la desigualdad social. Piñera, que inicialmente respondió con un estado de emergencia y toques de queda –medidas que continúan–, después pidió perdón por su «falta de visión» y anunció un paquete de medidas para reducir la brecha entre chilenos, pese a lo cual las manifestaciones continúan.

Piñera para ponerle paños frío a la crisis y bajar la fiebre “del paciente” anunció una serie de medidas sociales en un intento desesperado para calmar a las masas que protestan en contra de la profunda desigualdad social, pero la oposición las ha calificado de «migajas, no más que eso». A raíz de esta crisis, cuyo control parecen estar perdiendo las autoridades y el propio gobierno, han salido los empresarios con salvavidas anunciando aumentos voluntarios del sueldo mínimo dentro de sus empresas a 500 y 600 mil pesos mensuales,  salario que hoy es por ley de sólo  $301.000, unos 414 dólares (un dólar equivale hoy en Chile a $727).