Desde el jueves 17 de octubre de 2019 – hace una semana- incidentes violentos sacuden a Chile, normalmente considerado como país ejemplar en América Latina. Durante los últimos 30 años y después de la dictadura militar se acumuló una mezcla explosiva de furia, frustración y decepción por la falta de participación de la mayoría de los ciudadanos en el desarrollo y avance económico del país.
La escalada de la situación llega al gobierno en un momento difícil e inadecuado. En noviembre Chile será anfitrión de la conferencia APEC (Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico) con los jefes de Estado y gobierno de la región Asia-Pacífico. Solo cuatro semanas después la república andina espera veinte mil visitantes extranjeros a la conferencia mundial climática COP25. Chile quiere aprovechar esas ocasiones para consolidar su estatus de país ejemplar en la región. Sin embargo, en vista de la tempestad de los decepcionados, el Gobierno tendrá que ocuparse de cuestiones sociales urgentes. Comprometer a la oposición de izquierda y asus propias filas de derecha en la búsqueda de soluciones justas, ya que desde 1990, con el fin de la dictadura de Pinochet, el país ha sido gobernado sin lograr resolver de raíz los problemas sociales.
Después que en la semana pasada el Gobierno decidiera aumentar el precio del metro (subte) en 30 pesos se formó una protesta de estudiantes que en principio impidió pacíficamente el tráfico de la línea central del metro (Línea 1). Sin embargo, horas después estalló una ola de violencia que superó tanto al personal del metro como a la policía. Con una violencia inusitada la multitud exaltada sucesivamente fue a varias estaciones destruyendo a su paso los cajeros y los ingresos e incendiando las estaciones en algunos casos. En las horas de la noche en el centro de la ciudad fueron incendiados buses y quioscos, se produjeron saqueos en supermercados y ataques al personal de seguridad.Por primera vez después del restablecimiento de la democracia en el año 1990, unidades del ejército patrullan las calles para mantener la seguridad nacional. Para no pocos ciudadanos estas imágenes traen recuerdos negativos de los tiempos oscuros de la dictadura militar de Augusto Pinochet, que gobernó el país con mano dura entre 1973 y 1990.
Lo que empezó como protesta contra el aumento del precio del transporte en Santiago de Chile se extendió durante el fin de semana a protestas en todo el país contra la desigualdad social imperante y el establishment político. Desde el sábado se impuso tanto en Santiago como en las importantes ciudades de Valparaíso, Antofagasta, Temuco, Concepción, La Serena/Coquimbo, Valdivia y Rancagua el toque de queda entre las 19 horas y las 6 horas. El transporte público funciona de forma restringida y las clases fueron suspendidas en la región metropolitana los días 21 y 22 de octubre.
El balance de estos cuatro días de protesta en Santiago de Chile es de 12 muertos (en todo el país se llega a un total de 15 muertos) que fueron encontrados en supermercados quemados y también víctimas de la violencia militar, 77 civiles heridos en parte de gravedad y 134 policías heridos. Según el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, 283 personas se encuentran arrestadas por los incidentes o por el no cumplimiento del toque de queda, entre ellos 71 menores de edad. En todo el país, según la Fiscalía del Estado, suman 2600 detenidos. Fueron saqueados 110 supermercados y 14 de ellos incendiados. Ayer miércoles fueron atacados dos hoteles y parcialmente incendiados. Según las estimaciones iniciales, los daños materiales ya ascienden a por lo menos 300 millones de dólares (sólo en el metro).
Aparte del nivel de violencia y la vehemencia de las protestas sorprende ante todo la incapacidad del gobierno de controlar la situación. Al principio, el presidente Piñera echó leña al fuego al hablar de guerra en una de sus primeras declaraciones públicas. El general Javier Iturriaga, jefe de la seguridad nacional, designado por Piñera, quien justificó el toque de queda como instrumento para finalizar los saqueos e incendios nocturnos, agregando ya su famosa frase de que «estamos en guerra contra un enemigo poderoso» e ninvisible y fue contradicho por el mismo militar quien declaró que él no estaba en guerra con nadie.
El mismo viernes de noche, cuando las protestas se intensificaron en el centro de Santiago de Chile, circularon fotos del presidente cenando junto a su familia en una pizzería. Ante tal indiferencia frente a las manifestaciones de los últimos días, así como de la situación social en el país y del vocabulario marcial utilizado, no es de extrañar que el presidente Piñera se haya convertido en el objetivo de las protestas y que muchos exijan su renuncia al gobierno, elegido en noviembre de 2017.
Disturbios con anuncio
Aunque la vehemencia de las protestas sorprenda, hace tiempo que se preveía una sublevación de los excluidos. Tanto en Santiago como en otras ciudades se habían producido grandes demostraciones contra la desigualdad frente al «milagro económico chileno» y las limitadas oportunidades de ascenso. En 2017, miles de personas se manifestaron contra el sistema de administradoras de fondos de pensiones (AFP) criticado por la mala gestión, los altos costos administrativos y el pago de bajas rentas. Ya en 2006 y en 2011 estudiantes de secundaria y universitarios protestaron contra las altas matrículas de inscripción. A esas protestas se sumaron también maestros, profesores universitarios y padres.
Desigualdad en el país ejemplar
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó en 2017 el estudio Desiguales sobre la desigualdad social en Chile, en el que reconoce que desde 1990 el nivel de personas que viven en la pobreza se redujo de 45 % a 15 %, por lo que cuatro millones chilenos fueron rescatados de la pobreza absoluta. No obstante, el estudio muestra que el bienestar todavía está desigualmente repartido.
Un 33 % del total de los ingresos de la economía chilena corresponden a un 1 % por ciento de los hogares. El 5 % superior de la población reúne más de la mitad de todos los ingresos. En la parte inferior de la escala se encuentra, según el estudio, un mundo chileno paralelo: la mitad de los 18 millones de chilenos está confrontada con tener que mantenerse a flote o por arriba del umbral de la pobreza con salarios muy bajos. El salario mínimo en Chile equivale a 350 euros (aproximadamente 390 dólares), mientras el costo de vida en parte es más alto que en Alemania.
El coeficiente de Gini, que mide la distribución de los ingresos y de la riqueza, que oscila entre 0 (distribución equilibrada) y 1 (desigualdad máxima) cayó de 0,549 en el año 2000 a 0,476 en 2015. Sin embargo, Chile es el país que presenta las mayores diferencias entre ricos y pobres de la OCDE y uno de los países de Latinoamérica con mayor desigualdad. Aparte del desigual reparto del bienestar, la vejez está afectada por un desigual acceso al sistema de salud y de educación, así como por las jubilaciones producto del sistema privatizado por el régimen de Pinochet.
Ahora el presidente Piñera adoptó un tono más moderado. El martes 22 de octubre llamó a los representantes de partidos políticos a una reunión. Para los próximos días, el Gobierno anunció un diálogo con diferentes actores sociales. Los presidentes del Partido Socialista de Chile (PS), del Partido Comunista de Chile (PC) y de la alianza de izquierda Frente Amplio por el momento no aceptaron la propuesta del presidente, por considerarla insuficiente. Los próximos días mostrarán si la situación se tranquiliza y si finalmente se anima el debate político y social.
(*) Debate Político
