Cataluña se ha convertido en una verdadera hoguera y está en guerra con autopistas y aeropuertos colapsados, técnicas de guerrilla urbana en las calles y masivas concentraciones que protestan luego de que el Tribunal Supremo español dictara una histórica sentencia (leer en Kradiario).
En este juicio la La Sala Penal no condenó a los 12 acusados de impulsar la independencia unilateral de Cataluña en el otoño de 2017 como autores de una rebelión, lo que se había pedido desde la Fiscalía, sino cuatro de ellos fueron considerados responsables de delitos de sedición y malversación de fondos públicos, cinco de sedición y los tres restantes únicamente de desobediencia a los tribunales. Los “castigados” más severamente son el exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras (a 13 años de cárcel), y tres exconsejeros del Gobierno que encabezó el prófugo Carles Puidgemont, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa que fueron condenados a 12 años de prisión cada uno.
Los promotores de las movilizaciones callejeras son los Comités de Defensa de la República (CDR), que viralizan sus convocatorias a través de redes sociales. Sus coordinadores actúan desde el anonimato y a sus acciones se adhieren multitud de grupos de la izquierda independentista, como el partido de izquierda radical CUP (Candidatura de Unidad Popular).
El Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC), igualmente vinculado a la izquierda independentista, exalta las protestas desde las redes sociales. Después de que el actual presidente de la Generalitat de Cataluña, Joaquim Torra, hiciera por televisión un llamado a la «serenidad» y exigiera la detención de los disturbios callejeros, el Sindicat replicó en Twitter: «Esto se detendrá cuando el movimiento popular decida».
Arran, organización juvenil vinculada a la CUP, ha dado difusión a las convocatorias y ha volcado en las redes sociales videos, fotografías y mensajes sobre las protestas nocturnas en distintas ciudades catalanas. Por su lado, la anarcosindicalista CGT Catalunya se posiciona al lado de las protestas y llama en un comunicado a «participar activamente en las movilizaciones y la resistencia en la calle».
Los disturbios son provocados básicamente por jóvenes, entre ellos menores de edad, que van normalmente encapuchados y parecen buscar el enfrentamiento casi cuerpo a cuerpo con la Policía. Utilizan métodos de guerrilla urbana con focos simultáneos de conflicto y un uso progresivo de la potencia de sus ataques. Arrojan vallas, piedras, botellas y levantan barricadas con contenedores ardiendo. En Barcelona llegaron a lanzar cócteles mólotov, atacar con ácido a la línea policial y disparar material pirotécnico contra un helicóptero que sobrevolaba la zona.
Torra ha apuntado a la presencia de «grupos de infiltrados» en las protestas como causantes de los disturbios. Por su parte, el consejero de Interior de la región catalana asegura que los violentos proceden de grupos «antisistema» que utilizan «la violencia como herramienta para calumniar, condenar y perseguir» al movimiento independentista.
¿Quién está detrás de todas estas violencia?
No se sabe quién está detrás de Tsunami Democràtic, una plataforma que promueve acciones de «desobediencia civil» desde la «no violencia». El grupo nació en septiembre en múltiples redes sociales, anunciándose como una campaña para gestionar la respuesta a la sentencia. Su creación llegó un día después de que algunos dirigentes separatistas, entre ellos el expresidente Carles Puigdemont, celebraran una cumbre en Suiza, lo que hace sospechar que se trata de una iniciativa de las fuerzas independentistas mayoritarias.
Sus impulsores pretenden evitar la violencia y los choques que a menudo han protagonizado los CDR con los cuerpos policiales. Su estructura es opaca. Sus miembros se comunican por aplicaciones de mensajería altamente encriptadas y difunden sus consignas por Telegram, donde disponen de un grupo con 150.000 seguidores. Tras el anuncio de la sentencia, Tsunami anunció el próximo lanzamiento de una aplicación móvil para seguir distribuyendo sus mensajes. Para utilizarla, los usuarios necesitarán un código facilitado por alguien que ya esté dentro de la organización.
El pasado 14 de octubre de 2019, sus llamamientos a colapsar el aeropuerto de El Prat-Barcelona fueron seguidos por miles de personas, animadas asimismo por los CDR, que se sumaron inmediatamente a la convocatoria. Tras los enfrentamientos durante el bloqueo del aeropuerto de Barcelona, Tsunami se reafirmó en un comunicado en su estrategia de «no violencia» y anunció un repliegue de unos días sin convocatorias propias.
¿Cuál es el objetivo de las protestas?
El objetivo último es lograr el derecho a la autodeterminación de Cataluña y reclaman diálogo con el Estado español para conseguir una «solución política» basada en la liberación de los presos y la vuelta de los «exiliados». Los manifestantes consideran la reciente condena a los separatistas catalanes como injusta y desproporcionada. Varios políticos y dos activistas, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, han pasado los dos últimos años en prisión preventiva. Otros, como Carles Puigdemont, huyeron a otros países.
Entre gritos de «independencia», «libertad presos políticos», «no estáis solos» y «lo volveremos a hacer» se produjeron las primeras concentraciones después de que el Tribunal Supremo español dictara condena el lunes último contra políticos y activistas independentistas por sucesos ocurridos en Cataluña en 2017.
La Policía regional catalana detuvo a 30 personas por los disturbios ocurridos tras la sentencia judicial que condenó a penas de cárcel a nueve líderes soberanistas, y además se han registrado casi un centenar de heridos.
La huelga convocada por los sindicatos independentistas para este viernes en Barcelona, originada por la sentencia del «procés” (leer en Kradiario), se inició con un bloqueo a los accesos que llevan a la Sagrada Familia. Centenares de independentistas convocados por el colectivo Pícnic per la República han ejecutado esta iniciativa que se suma a los anteriores días de protesta.
A las once de la mañana (hora catalana) los activistas llegaron a la Sagrada Familia de Barcelona, portando lienzos y gritando de «Libertad presos políticos» y «Fuera las fuerzas de ocupación». Los manifestantes se han distribuido por los accesos al templo en la calle Marina y la calle Sardenya para impedir la entrada y salida de visitantes al atractivo turístico, que ha quedado cerrado.
Además del bloqueo a la iglesia, se mantienen cortados los accesos por carretera a la ciudad española debido a la llegada de cinco columnas de personas que participarán en la marcha programada.
El líder de los independentistas Puigdemont está libre en Bélgica
Carles Puigdemont abandona el tribunal belga acompañado de su abogado el chileno Gonzalo Boye
La justicia belga decidió este viernes dejar al ex presidente catalán, Carles Puigdemont, en libertad sin fianza mientras se tramita la euroorden contra él activada esta semana por el juez español Pablo Llarena por considerar que «no hay un gran riesgo de fuga». El juez del Tribunal Supremo decidió enviar a Bélgica una tercera orden europea de detención y entrega tras cconocerse la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés.
El juez de instrucción belga se limitó a decretar una serie de medidas cautelares para garantizar que el ex presidente catalán no huyera. Puigdemont no puede salir de Bélgica sin permiso judicial, deberá informarle de todos sus movimientos y presentarse ante la justicia o la policía belga cada vez que sea requerido. La primera vista sobre la ejecución de la euroorden ante el Tribunal de Primera Instancia neerlandófono de Bruselas (denominado ‘Cámara del Consejo’) se fijo para el martes 29 de octubre.
El ex presidente catalán ha pasado alrededor de 24 horas detenido en la sede de la fiscalía de Bruselas (desde el jueves por la mañana hasta el viernes a las 11:00 horas) a la espera que el juez adoptase su decisión sobre las cautelares. «El 17 de octubre por la mañana, Carles Puigdemont se presentó voluntariamente ante la policía judicial federal de Bruselas y fue allí privado de libertad», informó un portavoz. La policía lo trasladó entonces a la fiscalía y lo puso a disposición judicial.
En presencia de sus abogados, a Puigdemont se le notificó oficialmente la euroorden emitida por España contra él. «El ex presidente catalán no ha aceptado su entrega a las autoridades españolas», señaló la fiscalía.
Durante el periodo de detención, la defensa de Puigdemont alegó que su defendido era eurodiputado y tenía inmunidad parlamentaria, un argumento que ha sido desestimado por el juez de instrucción (no pudo asumir como diputado porque para ello tenía primero que ingresar a España, donde hubiese sido arrestado de inmediato).
«Tras las verificaciones realizadas por el juez para estar seguro, ha constatado que no tenía el privilegio de la inmunidad parlamentaria y por tanto el procedimiento ha continuado», aseguró el portavoz. De haber concluido que Puigdemont tenía inmunidad, la euroorden hubiera sido rechazada de inmediato. Finalmente, el ex presidente catalán fue puesto en libertad condicional este viernes.
Puigdemont se desmarcó de la plataforma Tsunami Democràtic, que ha organizado algunas de las protestas de los últimos días en Barcelona. «No los conozco. No tengo ninguna relación, ni directa ni indirecta, no sé quienes son. Conozco la iniciativa porque yo mismo la apoyé en un tuit, pero desconozco completamente quién o quiénes la están organizando y están detrás», aseguro el ex Presidente tras su puesta en libertad.
Puigdemont expresó también su rechazo a la violencia en términos generales pero se negó a condenar en concreto los actos violentos de los independentistas registrados en las últimas noches en Barcelona, pese a las múltiples preguntas de los periodistas. «Mi experiencia es que en estos 10 años de grandes movilizaciones en todo el país no ha habido jamás ningún incidente. Conozco a la gente que se comprometió con las urnas, que organizó las manifestaciones y para nada nunca los he visto haciendo uso de ningún tipo de violencia», dijo.
Un plazo máximo de 90 días para resolver
La nueva euroorden de Llarena llegó a la fiscalía de Bruselas el mismo lunes por la noche. Pero la justicia belga rechazó tramitarla alegando que sólo estaba en castellano y debía traducirse al inglés o a una de las lenguas oficiales en Bélgica (francés, neerlandés o alemán). El trámite se ha acelerado porque el Supremo ha enviado la traducción mucho antes de lo previsto.
En todo caso, la justicia belga dejó en claro que piensa tomarse el procedimiento con calma. «Vista la complejidad del expediente y de las dos euroórdenes que ya se han emitido previamente contra Carles Puigdemont, el dossier exige un análisis jurídico en profundidad», subrayó la fiscalía en su primer comunicado sobre el caso emitido el último martes.
En teoría, a partir de este momento, el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas debe pronunciarse en un plazo de 15 días sobre la entrega. Podría ser el mismo 29 de octubre, pero los plazos pueden alargarse si los jueces requieren información adicional. Tanto la fiscalía como el propio Puigdemont pueden presentar recurso contra este fallo ante la Sala de Acusación, la segunda instancia judicial para la euroorden en Bélgica. Ésta dispondrá de otros 15 días para emitir su dictamen.
Contra este fallo todavía cabe recurso de casación, que puede alargar aún más los plazos. La norma sobre la euroorden prevé que la decisión sobre la entrega debe adoptarse en un plazo máximo de 60 días, extensible a 90 días en casos excepcionales.
La actual es ya la tercera euroorden contra Puigdemont desde que se fugó a Bélgica el 30 de octubre de 2017, tras la declaración unilateral de independencia en el Parlamento catalán. La primera fue cursada el 3 de noviembre de 2017 por la entonces jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, pero Llarena la retiró en diciembre, poco después de asumir la instrucción de la causa, por el temor de que Bélgica cercenara los cargos y no entregara al encausado por rebelión.
La segunda euroorden fue emitida por Llarena el 23 de marzo de 2018 y llevó a la detención de Carles Puigdemont en Alemania cuando regresaba en automóvil a Bélgica. El Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein (Alemania) aceptó el 12 de julio de 2018 entregar a Puigdemont para que fuera juzgado por una presunta malversación de fondos públicos, pero no por rebelión o sedición.
Por su parte, la justicia belga rechazó en primera instancia la euroorden contra los ex consellers que seguían en Bruselas por motivos de forma. Llarena se negó a aceptar la entrega de Puigdemont por un solo de los cargos y retiró también las euroórdenes en Bélgica contra Toni Comín, Meritxell Serret y Lluis Puig y en Escocia contra Clara Ponsatí.
Fuentes: Prensa española, radio y televisión , NTW24, Deutsche Welle y otros medios, propios de Kradiario y europeos.
