Por Dayanara González y Redacción de Kradiario

La iniciativa de diálogo nacional en los dos años de presidencia ha implicado hacer las paces con los sectores y partidos a los que su antecesor Rafael Correa había declarado la guerra y también ganarse el título de traidor para los que siguen siendo sus fieles.

Hablar de Ecuador es complejo, tratar de entender su política es un reto. En 2007, Rafael Correa y Lenin Moreno fueron elegidos presidente y vicepresidente de la República del Ecuador, respectivamente, por el movimiento socialista Alianza País (AP). Para el período 2009-2013, el binomio fue reelecto. Al finalizar ese mandato, Moreno fue designado como enviado especial sobre Discapacidad y Accesibilidad en la ONU. Entonces, para el tercer y último periodo de Correa (2013-2017), el vicepresidente fue Jorge Glas.

En los diez años del «correísmo» (2007-2017), Correa y Moreno ostentaron una admirable hermandad. Así, en las elecciones presidenciales de 2017 resultó triunfante la candidatura de Lenin Moreno y Jorge Glas, por Alianza País. Parecía la fórmula perfecta, nada mejor que todo siga entre «amigos». Cuando Moreno asumió el poder, era claro que tenía el respaldo de los fervientes seguidores de Rafael Correa; no obstante, esa relación pasó, para sorpresa de todos, del amor al odio.

El presidente Moreno impulsó el llamado Diálogo Nacional, manejó un discurso de anticorrupción —que luego fue tornándose en un intento de depuración de varias figuras principales del correísmo— y los medios de comunicación dejaron de ser asfixiados. Así, para Correa, comenzó la «traición» de Moreno, según declaró en una entrevista al canal Telesur. Al comienzo de su mandato, la oposición tradicional al oficialismo estaba unida y empecinada en el juicio político del entonces vicepresidente Jorge Glas (actualmente en la cárcel por asociación ilícita).

En la década de Correa, el principal líder opositor al gobierno fue Guillermo Lasso, del partido liberal-conservador CREO, candidato a la presidencia en 2013 y 2017. Sin embargo, con Moreno, el panorama se mostraba difuso, porque este estrechó las manos, literalmente, de aquellos a quienes en la década de su antecesor era impensable, por ejemplo: Jaime Nebot, líder del partido conservador Social Cristiano (PSC), y Mauricio Rodas, entonces alcalde de Quito por SUMA. Incluso calificó a Lasso de agradable y gentil, durante el Informe a la Nación en 2018. Asimismo hubo acercamientos al movimiento indígena y se establecieron mesas de diálogo con diversos grupos. Moreno parecía que estaba curando las heridas del pasado, se estaba distanciando de Correa y reconciliándose con sus antiguos detractores. Así, la oposición verdadera al Gobierno nació del ala correísta. Dejaron Alianza País (AP) y constituyeron el Movimiento Revolución Ciudadana, y la parte que quedó en AP es ahora el ala morenista. Estos últimos se juntaron, de cierta manera, con la oposición tradicional.

El respaldo a Moreno se fortaleció tras la consulta popular del 2018, en la que se eliminó la reelección indefinida (un blindaje contra el posible regreso de Correa, quien ahora tiene orden de captura por el caso Sobornos 2012-2016, investigación de la Fiscalía General del Estado sobre supuestas contribuciones económicas ilegales de contratistas a las campañas del movimiento Alianza País), y también con el triunfo de ciertos aliados en las elecciones seccionales del 2019, como el del movimiento de centroizquierda Democracia Sí, liderado por Gustavo Larrea —antiguo allegado del gobierno de Correa y Moreno—, uno de los que más alcaldías y prefecturas obtuvo a nivel nacional.

Ahora bien, entre rupturas y reconciliaciones, ¿qué ha pasado con la oposición tradicional? Tras las elecciones de 2017, en el marco del Diálogo Nacional, Moreno se reunió con Dalo Bucaram, ex candidato presidencial e hijo del expresidente Abdalá Bucaram, para compartir ideas sobre la lucha contra el microtráfico (venta de drogas en pequeñas cantidades) Poco después, Correa aseguró que la Corporación Nacional de Electricidad fue entregada a los Bucaram. Esto no ha sido comprobado y las autoridades lo han desmentido. En este mismo sentido, Moreno invitó también a otros ex candidatos presidenciales a unirse a su iniciativa de diálogo. Tras las recientes seccionales, Moreno organizó un encuentro con las nuevas autoridades municipales. La electa alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, del PSC, no asistió. No obstante, el presidente le ha hecho públicos elogios, le hizo una visita en julio de 2019 y son evidentes sus intentos de entablar relaciones con el PSC. Estos apoyos, de alcanzarse, serían móviles y de corto plazo, porque el PSC tiene la intención de lanzar la candidatura de Jaime Nebot para las elecciones presidenciales de 2021 y podría pensarse que es más conveniente mostrar una imagen de cambio y quizás no una de alianza con el gobierno actual.

El bloque del PSC en la Asamblea Nacional respaldó que se investigue al presidente por posibles bienes en paraísos fiscales y Jaime Nebot ha criticado decisiones presidenciales, sin la misma fuerza que en los tiempos de Correa pero mostrando que el PSC parece esquivarse de negociar con el oficialismo y opta por trabajar en propia agenda electoral. Al hablar de CREO, Lasso ha manifestado no estar de acuerdo con el modelo económico y social de Moreno; además de considerar que su periodo no es de cambio, sino de transición. En una entrevista con Martín Pallares y José Hernández del equipo 4pelagatos en diciembre 2018, Lasso comentó también que Moreno «rompió con Correa, no con el correísmo». Igualmente, mostró en ese mismo debate sus intenciones hacia 2021 y el deseo de ya no voltear al 2017, cuando quedó segundo y alegó fraude electoral.

Por otro lado, en mayo de 2019, en la Asamblea Nacional se estableció un acuerdo por la gobernabilidad entre los bloques parlamentarios Alianza País-Aliados, CREO, la Bancada de Integración Nacional (BIN) y la Bancada de Acción Democrática Independiente (BADI). Esto con la finalidad de generar una agenda articulada y multipartidista. También se eligió a las nuevas autoridades del Consejo de Administración Legislativa, máximo órgano de administración legislativa, donde AP obtuvo 3 de 7 cargos, movimiento que en el primer periodo legislativo 2017-2019 tenía 5 de 7 puestos. No obstante, han surgido otros temas controversiales con divididas opiniones, en este tiempo, como el retiro del asilo a Julian Assange y el anuncio de un acuerdo con el FMI; sin duda, una medida impopular con alto costo político, respaldada por Lasso, rechazada por Nebot y repudiada por aquellos que lo ven como un giro neoliberal. (Aporte de la Redacción: Justamente en este punto, por el cúmulo de alzas de los productos como los combustibles, consecuencias del acuerdo con el FMI, comenzaron los disturbios en Ecuador con la huelga de los camioneros).

 En conclusión, la verdadera oposición que tiene el gobierno actual es de aquellos nostálgicos de Correa. El trato con CREO, PSC y otros partidos es cordial, su oposición será para el 2021 y lo más destacable de esto es que, de momento, una fuerza política ya no acapara todo el poder. Se ha intentado recuperar, de cierta forma, el sentido de democracia aunque las condiciones del país parecen estar estancadas.

La difícil situación actual (Aporte de la Redacción) 

El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, decidió trasladar este lunes la sede del Gobierno a la ciudad costera de Guayaquil, después de registrarse fuertes protestas cerca del palacio de Carondelet, de las que el Mandatario  culpó a su antecesor, Rafael Correa, de un intento de «golpe de Estado».

En un mensaje a la nación por radio y televisión, Moreno, acompañado del vicepresidente Otto Sonnenholzner, y del ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, anunció que el traslado de las operaciones del Gobierno a esta ciudad se deben al asedio de los manifestantes en Quito.

«Me he trasladado a Guayaquil y he trasladado la sede del Gobierno a esta querida ciudad de acuerdo a las atribuciones constitucionales que me competen», añadió el gobernante al asegurar que lo que ha sucedido en el país en los últimos días «no es una manifestación de protesta frente a una decisión del Gobierno».

También acompañado de varios jefes militares, el mandatario culpó a Correa de estar detrás de los supuestos intentos de desestabilizar a su Gobierno, y le acusó de estar detrás de lo que denominó «intento de golpe de Estado». «Hay -dijo- una intención política organizada para desestabilizar el Gobierno y romper el orden constituido y romper el orden democrático».

Para Moreno, quienes han generado actos de violencia extrema son «individuos externos pagados y organizados» y dijo que no es coincidencia que varios líderes del Gobierno de Correa hayan ido a Venezuela hace algunos días para preparar el supuesto plan de desestabilización. «Son los corruptos que han sentido los pasos de la justicia cercándolos para que respondan, son ellos quienes están detrás de este intento de golpe de Estado y están usando e instrumentalizando a algunos sectores indígenas, aprovechando su movilización», afirmó.

Residentes y manifestantes dan una eufórica bienvenida a la marcha de indígenas que llegó a la capital para protestar tambien  contra el Gobierno de Moreno

Según el mandatario, sus opositores correístas «están financiando las agresiones y los saqueos» con el dinero que «se robaron» durante la anterior administración, por lo que rechazó con contundencia «este atentado contra la democracia».

Moreno agradeció a las Fuerzas Armadas y a la Policía y remarcó que su Gobierno va a «seguir protegiendo los derechos y la tranquilidad ciudadanas». «Evitaremos siempre cualquier derramamiento de sangre», añadió el mandatario e insistió en que «la democracia y la paz saldrán nuevamente victoriosas» de esta prueba. Sobre la medidas que han desencadenado la violenta protesta, repitió que no dará «marcha atrás» y que la eliminación de los subsidios o ayudas estatales para abaratar el coste de los combustibles, es una «decisión histórica» que mantendrá en firme para que «nuestra economía esté sana y la dolarización protegida».

(*) Diálogo Político y Redacción central de Kradiario