El sistema de pensiones en Chile, que comprende el tema de la administración privada de los fondos previsionales de los trabajadores por entes privados y ligados al aparato empresarial-financiero, y que en 1980 prácticamente reemplazó al sistema estatal de reparto, ha sido desde entonces un gran y grave problema en Chile, lo que se ha quedado demostrado en los últimos años y que ha dejado a centenares de familias con una jubilación miserable y que sin exagerar ha originado hambre y pobreza en la vejez.
El abogado William Thayer, ex ministro del Trabajo del gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva (1964-1979) y miembro del Consejo del Estado que creó el general Augusto Pinochet, explicitó su escepticismo respecto del nuevo sistema privado de pensiones impuesto en los ochenta. Conocedor de las complejidades de la previsión chilena -que había sido antes objeto de estudio por varios gobiernos democráticos-, no se sumó a las opiniones optimistas que dieron entonces sus promotores en el gobierno y en el sector privado. Y formuló una advertencia que se convertiría en una certera predicción: los efectos beneficiosos o negativos del nuevo sistema de pensiones de las AFP “sólo se conocerán dentro de 40 años”, como publicó el diario El Mercurio el 8 de noviembre de 1980.
Efectivamente antes de los cuarenta años la advertencia cobró plena actualidad y se ha transformado en un fuerte dolor de cabeza, tanto para los gobiernos democráticos, como para los cotizantes que han salido y siguen saliendo a las calles para presionar a las autoridades y luchan con el lema de “No a las AFP” implantado precisamente por el hermano del actual Presidente Sebastiando Piñera, José, que hoy vive fuera de Chile y basado en el aporte individual de los trabajadores a una cuenta personal en una AFP, la cual se encargaría de administrar estos recursos que son un pilar muy importante del sistema económico, especialmente del sistema financiero, a través del cual se invierten las cotizaciones.
Sin embargo, los cambios previsionales en Chile, como sostienen los críticos, debiesen partir por reconocer que las AFP no cumplieron su promesa original: “Entregar mejores pensiones que el sistema de reparto”. Igualmente debe admitirse que el sistema falla por deficiencias estructurales del mercado del trabajo, como inestabilidad laboral y bajos sueldos: “Ha habido una inercia institucional de parte de los sucesivos gobiernos, el Congreso, las AFP y el sistema financiero, al no enfrentar esas fallas”.
Según algunos expertos la falla del sistema AFP estaría en el mercado de trabajo, donde los empresarios aparecen con una cuota de responsabilidad. El mercado se caracteriza por inestabilidad laboral, los bajos sueldos, el rechazo al trabajo de las mujeres, etc. Estos problemas han sido silenciados por las AFP y por sus partidarios. Y ha habido una inercia institucional de parte de los sucesivos gobiernos, el Congreso Nacional, las AFP y las instituciones del sistema financiero, al no enfrentar esas fallas.
La excusa de soslayar el problema real o el problema central, en todo caso, es que este sistema ha terminado siendo un negocio para algunos sectores financieros que «ganan dinero con las platas que pertenecen a los trabajadores».
Desde este punto de vista la democracia no está cumpliendo una función pública a la cual se comprometió a través de las AFP. Si el Estado no interviene, el conflicto social latente puede ser abono para candidatos populistas.
Desde ya las cosas se han ido agravando en extremo, porque cada vez crece más el número de trabajadores dispuesto a pedir el retiro anticipado de sus fondos o en el momento de jubilar. La encuesta Cadem revela en su último sondeo este lunes, que el 85 por ciento de los chilenos recomendaría aplicar en Chile la posibilidad de que una persona al momento de jubilar pueda hacer un retiro anticipado de sus fondos de pensiones
Agrega, al mismo tiempo, que 9 de cada 10 chilenos cree que es necesario hacer una reforma al sistema de pensiones, 76% está de acuerdo con que el 4% extra de cotización vaya a la cuenta individual de cada trabajador y 78% está por dar libertad de elección entre un organismo estatal y las AFPs para la administración de los fondos.
Las AFP se defienden argumentando que han cumplido su función, porque han administrado responsablemente los fondos de los cotizantes y han tenido una alta rentabilidad. Así lo afirmó en enero de 2015 el entonces presidente de la Asociación de AFP, Rodrigo Pérez Mackenna, pero, contrariamente el mismo año la Comisión Presidencial de Pensiones destacó que el 79% de las jubilaciones eran inferiores al salario mínimo y un 44% eran menores a la línea de pobreza.
Esto quiere decir que la democracia no cumple una función pública a la cual se ha comprometido a través de las AFP. La tercera edad, por tanto, no tiene un mecanismo indispensable de integración al sistema político, lo cual es una fuente de desconfianza que produce tensiones y conflictos que pueden llegar a afectar la estabilidad del sistema económico y político. Esto porque estas graves deficiencias son una fuente de conflicto social de carácter latente, es decir, no se manifiesta directamente, pero puede llegar a explicitarse en actos de protesta y a través del apoyo a candidatos populistas que busquen el voto de los adultos mayores.
Escasa legitimidad
El fracaso de las AFP para cumplir su función propia no es el único problema que enfrenta el sistema privado de pensiones. Además, tiene una débil legitimidad ante la sociedad, porque reciben una baja confianza de la ciudadanía. Peor aún, las AFP se ubican entre las instituciones que reciben la menor confianza ciudadana. La serie de tiempo de las encuestas del CERC sobre la confianza en las instituciones políticas y económicas permite confirmar esta afirmación, para lo cual disponemos de resultados entre 1996 y 2016.
Desde que se incluyó a las AFP en la pregunta sobre la confianza en las instituciones (encuesta CERC de 1996), éstas recibieron un moderado respaldo ciudadano (32%), muy superior al que obtuvieron los partidos (14%) y por arriba del Senado (27%) y la Cámara de Diputados (26%). Sin embargo, esta confianza estaba por debajo de otras instituciones, como cada una de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, de los medios de comunicación, las organizaciones empresariales (45%) y los bancos, que obtuvieron una alta confianza: 55%. La confianza en el sistema de AFP ha bajado continuamente desde hace años para caer al 6% en 2016.
La gran la marcha de “No + AFP” realizada en julio de 2016, pudo explicar, por su masividad, con centenares de miles de chilenos “indignados” que salieron a las calles a lo largo del país, el incumplimiento de sus funciones o las fallas estructurales de las AFPs.
Allí por primera se habló de un tremendo problema político que tenía Chile: Las AFP administran con amplia autonomía los fondos de pensiones, que han alcanzado una gigantesca dimensión, superior al PIB. El Estado se ha desentendido de ello, delegando su administración en instituciones privadas, sin fiscalizar su labor y sin tener capacidad decisoria, ni opinión, sobre sus decisiones a largo plazo.
Ante esta ausencia del Estado, se ha consolidado un enorme poder económico y político en una industria altamente concentrada en solo seis AFP: Habitat, Provida, Cuprum, Capital, Planvital y Modelo. Cuatro de ellas –Provida, Cuprum, Capital y Planvital- son controladas por multinacionales extranjeras, las cuales siguen las orientaciones y prioridades de sus casas matrices, con la consiguiente tensión con los intereses nacionales.
Hoy este problema político vuelve a las calles y se acrecenta con mayores demandas de los aportadores de los fondos como es la petición de exigir el dinero de una sola vez en el momento de jubilar.
