La Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que encabeza como Alta Comisionada la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, aprobó este viernes realizar una  “acuciosa investigación sobre las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela” que incluyen también desapariciones forzadas, detenciones arbitraras, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes desde 2014″ ocurridos en el país caribeño.

El acuerdo fue aprobado con 19 votos a favor y siete en contra y 21 abstenciones. La propuesta fue presentada por Colombia, Perú y Argentina. México y Uruguay se abstuvieron, informó la Deutsche Welle.

Los resultados de esta nueva investigación serán presentados en Ginebra, sede de la Alta Comisionada,  dentro de un año.

El embajador venezolano Jorge Valero recibe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet,  informes sobre la realidaad en su país

El martes último Bachelet anunció la firma de un acuerdo con Venezuela destinado a aumentar la cooperación en materia humanitaria, y que tenía entre sus objetivos, abrir una oficina permanente en ese país. A la espera de que esto ocurra, Venezuela aceptó «la presencia continua» de dos responsables del Alto Comisionado en Caracas.

En un severo informe presentado el 9 de septiembre en Ginebra, Bachelet denunció torturas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, pero hasta ahora no había pedido una investigación, al contrario que su predecesor, Zeid Ra’ad al Hussein.

La resolución «insta a las autoridades venezolanas a que cooperen plenamente con la misión» y le «brinden acceso inmediato y sin trabas».

Si Venezuela no autoriza su presencia, los investigadores de la ONU podrían trabajar desde el extranjero, como ocurre con los expertos de Naciones Unidas que investigan los abusos en Siria o Birmania. En ese caso, los investigadores se basan sobre todo en testimonios de refugiados.

Tras conocer el resultado de la votación, el embajador venezolano ante el Consejo, Jorge Valero, advirtió de que su país no cooperará con esta misión.

«La imposición de mecanismos de monitoreo adicionales no contará jamás con el consentimiento de mi país», dijo, subrayando que Caracas había ya acordado una «cooperación técnica» con la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

«Sin duda alguna (la resolución) busca entorpecer el relanzamiento de las relaciones de cooperación y de asistencia técnica del gobierno bolivariano con la oficina del alto comisionado. Razón por la cual está destinada al fracaso», agregó Valero.

La misión tendrá que enviar un informe sobre los resultados de sus trabajos durante la 45ª sesión del Consejo, en septiembre de 2020.

«Este proyecto de resolución puede incidir negativamente en los procesos de diálogo que se desarrollan entre los principales actores políticos del país», insistió Valero, refiriéndose a las conversaciones iniciadas por el presidente Nicolás Maduro con un sector minoritario de la oposición, que no incluye a Juan Guaidó, principal adversario del gobierno.

En nombre de la UE, el representante danés, Morten Jespersen, declaró que «la gravedad de las violaciones de los derechos humanos y el desmantelamiento de las instituciones democráticas tienen que ser tratados de forma urgente».

«La única solución duradera es una solución pacífica y democrática, que conduzca a elecciones presidenciales», agregó.

Venezolanos mueren por violencia policial y militar

Venezuela es el primer país de Latinoamérica donde más personas mueren a manos de los cuerpos de seguridad del Estado. Una reciente investigación sobre el uso de la fuerza letal en América Latina, conocida en 2019, concluyó que en el año 2017 el uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios supuso la muerte de 4.998 personas, una cifra muy por encima a la de Brasil que tiene casi siete veces la población de Venezuela.

Esta cifra representa una tasa de 15,9 civiles muertos por intervención de la fuerza pública por cada 100.000 habitantes, un registro mayor que la tasa de homicidios de la mayoría de los países del mundo. El país con la tasa más alta después de Venezuela es El Salvador con 6,8; seguido de Brasil con 2,3.

El Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) registró ese mismo año la cifra total de 26.616 asesinatos, 73 por día, tres cada hora. El 18,77% del total de homicidios recayeron en el arma de un funcionario. En este lapso se registraron 157 funcionarios víctimas de homicidio, de estos solo 57 personas -a penas un 36%- se encontraban en ejercicio de sus funciones.

El informe venezolano fue realizado con datos recabados por la ONG Provea y la organización Monitor de Víctimas hasta el año 2017, porque desde 2013 ya no se disponen de datos oficiales en Venezuela.