La opositora Alianza Cívica por la Democracia y la Justicia (ACDJ) anunció oficialmente este jueves que el Gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda) dio por concluida la Mesa de Diálogo para superar la crisis política originada tras las protestas antigubernamentales de 2018.

«La contraparte gubernamental no se ha hecho presente, con lo que se demuestra, una vez más su falta de voluntad para resolver la crisis actual por la vía cívica que también demanda la comunidad internacional», aseguró la ACDJ en una carta publicada en su web oficial, a propósito de la anunciada reanudación de la Mesa de Diálogo​​​.

Por su parte, el nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag, confirmó a la prensa local la existencia de una carta del Gobierno de Daniel Ortega dirigida al Vaticano en la que informa su decisión de concluir las conversaciones iniciadas el 27 de febrero pasado.

«Recibí una carta dirigida a la Santa Sede, no del presidente Ortega, pero de Minrex (Ministerio de Relaciones Exteriores) con la firma del canciller (Denis Moncada) en la cual, entre otras asuntos, se comunica que la mesa de negociación se culminó con la ausencia definitiva de la otra parte´», en este caso la Alianza Cívica», aseguró Sommertang al diario local La Prensa.

El Gobierno de Nicaragua no se ha pronunciado sobre el tema en sus canales oficiales, y hasta entonces los funcionarios consultados por los medios se rehusaron a confirmar o desmentir la información.

La ACDJ abandonó el diálogo en mayo pasado, tras la muerte en un motín del reo Eddy Montes, en el penal La Modelo, y como medida de presión para la excarcelación de lo que la oposición considera «presos políticos», y el Gobierno califica de «terroristas».

La parte opositora interrumpió unilateralmente y en varias ocasiones el proceso de diálogo que transcurría en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), alegando una supuesta falta de voluntad política del oficialismo.

El Gobierno, empero, cumplió el acuerdo alcanzado en su negociación con la ACJD de liberar antes del pasado 18 de junio a todos los opositores detenidos durante los disturbios  originados en abril de 2018.

«Al alcanzar la fecha comprometida por el Estado nicaragüense y el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, todas esas personas gozan de libertad, con el compromiso de No Repetición, según lo estipulado en la Ley de Amnistía No. 996», señala una nota oficial publicada por el portal gubernamental digital.

Daniel Ortega, al cerrar las puertas al diálogo nacional con la Alianza Cívica, reiteró que no está dispuesto a adelantar las elecciones. Enfatizó que permanecerá en el poder hasta el 2021, desafiando a las sanciones y a la comunidad internacional.

La crisis se profundiza al ignorar Ortega la demanda de 21 países de la Organización de Estados Americanos (OEA), que exigen el retorno al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y la reanudación de las negociaciones políticas para realizar una reforma electoral que conduzcan a comicios anticipados.

Al dar por finalizado el diálogo político con la Alianza Cívica, Ortega cierra la única ventana de interlocución con la oposición.

Sebastián Chamorro, integrante de la Alianza Cívica, lamentó la noticia y dijo: “Queda en evidencia la intransigencia de Ortega, a pesar del llamado internacional y el deseo de las amplias mayorías de este país que deseamos una salida pronta a la crisis. Otra vez más, como en 1990, en la misma plaza se envalentona y comete un error histórico”.

El ex canciller nicaragüense,  José Pallais Arana, advirtió que «la paz está agonizando en Nicaragua.
Agregó: «La solución a la crisis debe pasar por un entendimiento nacional. Hay una contradicción (en el discurso). Afianzar la estabilidad nacional y la confianza en la economía no es factible con ese diálogo con su base partidaria”.

El abogado y exdiputado opositor, Eliseo Núñez, señaló que, en su discurso, Ortega se cuidó de no cerrar las puertas al diálogo, aunque pareciera todo lo contrario. A juicio de Núñez, «el dictador terminó aceptando que se necesitan reformas, recuperar la economía y que está desesperado por buscar un arreglo, bajo cualquier disfraz, con la empresa privada».

“Este es un guiño de ojo a la empresa privada. Les dijo ‘volvamos al modelo anterior’, lo cual me parece de parte de él, una torpeza mayúscula, porque la empresa privada tiene demasiados problemas para volver a eso y no estoy hablando de problemas éticos, que tiene un montón. Además, sería un tema de asociarse ahora a un Gobierno que asesinó a un montón de personas y que hizo desastres”, dijo el ex diputado.

Núñez considera que la empresa privada no se quiere arriesgar a exponerse a las sanciones que están afectando a Ortega y su círculo. “No miro a ningún empresario grande de este país arriesgando su propio pescuezo para defender a Ortega. Hay más razones que las éticas y políticas para que no vuelvan al modelo anterior. Él está desesperado”, explicó.