Los tres acontecimientos que cumplieron años esta semana: uno positivo como la llegada del hombre a la luna, hace 50 años y dos tragedias  como el atentado de Amia en Argentina y el terrorismo de Estado en Perú.

El viaje a la Luna hace 50 años , ocurrido el 20 de julio de 1969 «es un hecho científico comprobado que sí sucedió. Y no una sola vez, sino seis, entre 1969 y 1972», dijo a la BBC de Londres en 2017 Michael Rich, profesor de astronomía de la Universidad de California en Los Ángeles.

Sin embargo, hay quienes todavía creen que todo fue un montaje del gobierno de Estados Unidos, en el marco de la Guerra Fría y su competencia científica y tecnológica con la entonces Unión Soviética. La versión decía que todo había sido filmado y grabado en un desierto de Nevada por el famoso director de cine Stanley Kubrick.

Pero no fue así, fue real y presenciado por miles de millones de almas por televisión en todo el mundo. Hace cincuenta años la misión Apolo 11 de la NASA llevó a los astronautas Neil Armstrong, Edwin «Buzz» Aldrin y Michael Collins a la Luna para hacer historia.

Fue un hecho tan relevante que fue reconocido en su importancia y veracidad incluso por las agencias científicas y de inteligencia soviéticas, enemigas de las estadounidenses durante la Guerra Fría. Ellos hubieran sido los primeros en denunciar un fraude», aseguró el experto Rich.

Asesinatos de la Cantuta y antes Barrios Altos  

Ambos casos ocurrieron, como concluyó la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, en el marco de una práctica sistemática y generalizada de ejecuciones arbitrarias y desapariciones forzadas realizadas por agentes del Estado como parte de la estrategia antisubversiva contra grupos terroristas como Sendero Luminoso. Precisamente, eso quedó evidenciado en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El primero sucedió el 3 de noviembre de 1991. Seis individuos encapuchados y armados del grupo Colina irrumpieron una vivienda en Barrios Altos, donde se realizaba una pollada (una comida tradicional peruana que suele ser preparada para recibir a cambio una ganancia que ayude en una necesidad precisa que en este caso habría sido juntar fondos para financiar la guerrilla). Debido a su presunta vinculación con actividades terroristas, ordenaron a los asistentes tirarse al piso y luego les dispararon indiscriminadamente. Murieron 15 personas, entre ellas  un niño de 8 años de nombre Javier Ríos Rojas, y otras 4 quedaron gravemente heridas.

El segundo caso ocurrió algunos meses después hace 27 años. El 18 de julio de 1992 en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán La Valle, más conocida como La Cantuta, nueve estudiantes y un profesor fueron secuestrados en sus residencias y que posteriormente desaprecieron. Los restos de dos de ellos fueron hallados en fosas clandestinas un año después.

Los dos casos llegaron a la Corte IDH y en ambos, el Estado peruano reconoció su responsabilidad  por los hechos. Estos fueron calificados por el tribunal interamericano como violaciones graves a los derechos humanos, en el caso Barrios Altos, y como crímenes de lesa humanidad, en el caso La Cantuta. La Corte estableció que como tales, resultaba inadmisible la aplicación de leyes de amnistía o cualquier otro tipo de excluyente que obstaculizara la investigación y sanción de los responsables. En ese sentido, señaló en el caso Barrios Altos que las leyes de amnistía dictadas durante el gobierno de Alberto Fujimori, que sirvieron para exonerar a los responsables de este tipo de violación de derechos humanos, carecían de efectos jurídicos.

Así, el Estado peruano comenzó a dar cumplimiento a las sentencias y a su deber de investigar y sancionar a los responsables, dentro de los cuales también se encontraba el ex Presidente Fujimori. En el 2009, este fue condenado a 25 años de prisión por la Sala Penal Especial (SPE), la cual determinó que Fujimori había sido autor mediato de los delitos de homicidio calificado y lesiones graves por los hechos ocurridos en Barrios Altos y La Cantuta. La SPE estableció que Fujimori había cooptado las Fuerzas Armadas y era la cabeza de un aparato organizado, que giraba en torno al Servicio de Inteligencia Nacional y que había servido como medio para cometer delitos, de los cuales Fujimori había tenido conocimiento.

Además, la SPE calificó los delitos por los cuales fue condenado Fujimori como crímenes de lesa humanidad, debido a que los mismos habían sido parte de una política estatal sistemática y generalizada que buscaba la eliminación de personas que presuntamente integraban grupos subversivos. La sentencia fue confirmada en segunda instancia por la Primera Sala Penal Transitoria el 30 de diciembre del 2009.

A pesar de estas medidas, ambos casos continúan hasta la fecha abiertos ante la Corte Interamericana, pues siguen existiendo medidas ordenadas que el Estado no ha cumplido. En efecto, las últimas resoluciones de cumplimiento de sentencia de  2009 (caso La Cantuta) y 2012 (caso Barrios Altos) evidencian que al Estado peruano aún le falta concluir con investigaciones, pagar reparaciones y realizar medidas simbólicas. Los restos de cinco víctimas del caso La Cantuta aún tienen paradero desconocido y muchos de los sentenciados por ambos casos, incluyendo al ex Presidente Fujimori, no han pagado nada por reparación civil.

Para peor, en julio de 2012, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú emitió una Ejecutoria Suprema en la que declaró que las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el caso Barrios Altos no constituían delitos de lesa humanidad y rebajó las penas de los imputados.

25 años del caso AMIA, con fuente de la BBC de Londres

El atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), el principal centro comunitario de la colectividad judía argentina, que dejó 85 muertos en 1994, no es solo el peor atentado en la historia de Argentina. También es uno de los ejemplos más grandes de impunidad que tiene este país. Quizás el mayor reflejo de ello es que, un cuarto de siglo después del ataque, no solo no ha sido arrestado ninguno de los autores ni juzgado ni un solo sospechoso, sino que el que está preso es el juez que llevó la causa original. En febrero pasado, Juan José Galeano fue condenado a seis años de prisión por haber usado dinero del Estado para pagar a testigos falsos para que acusaran a un grupo de policías de ser la «conexión local» del ataque.

Incluso el presidente de entonces, Carlos Menem (1989-99), fue acusado de desviar la investigación, presuntamente exigiéndole al juez que no investigara la llamada «pista siria», que involucraba a un empresario cercano a su familia. Sin embargo, el tribunal absolvió a Menem.

A 25 años del atentado, el caso sigue teniendo ramificaciones: en los próximos meses un segundo jefe de Estado será juzgado por supuestamente tratar de encubrir a los autores del crimen: la expresidenta y actual candidata a vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-15), acusada de haber firmado un pacto con los presuntos agresores para garantizar su impunidad.

Según la justicia argentina, el atentado fue ejecutado por el grupo militante chiita Hezbolá, de origen libanés, bajo órdenes de Irán, algo que ese país siempre ha negado.

Sin embargo, el llamado «juicio por el atentado de la AMIA», que comenzó en Buenos Aires en septiembre de 2001, no se enfocó en Hezbolá o Irán, sino en la «conexión local».

Ese juicio terminó en escándalo cuando se reveló que los imputados fueron falsamente acusados. La causa fue declarada nula y todos quedaron absueltos en 2004.

Mientras la justicia argentina vivía uno de los episodios más vergonzosos de su historia, los esfuerzos por atrapar a los responsables del ataque se vieron frustrados.

En agosto de 2003, en medio del juicio en Buenos Aires, Argentina pidió la extradición del exembajador iraní en ese país, Hade Soleimanpour, quien ya estaba en el Reino Unido. Tres meses después del pedido, Londres lo rechazó por falta de evidencias.

Tras la anulación del juicio, el entonces presidente Néstor Kirchner (2003-2007) decidió crear una fiscalía especial para investigar lo ocurrido en la AMIA.

Kirchner puso a cargo de esa investigación a Alberto Nisman, quien venía trabajando como fiscal en la causa desde 1997.

Fue Nisman quien se concentró en la llamada «pista iraní», basándose en información que recibía de los servicios secretos de EE.UU. e Israel. En octubre de 2006 Nisman acusó formalmente a Irán de estar detrás del atentado y a Hezbolá de ejecutarlo y pidió la captura de los responsables para cinco ex funcionarios iraníes.

El «memorándum de entendimiento»

El laberinto sin fin que en el caso AMIA volvió a tomar un giro inesperado tras la llegada al poder de Cristina Fernández de Kirchner en 2007.

En septiembre de 2009 la jefa de Estado exhortó a Irán a que extraditara a los exfuncionarios cuestionados durante un discurso que dio ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

Sin embargo, tres años más tarde, durante su segundo mandato, la presidenta sorprendió con el anuncio de una nueva estrategia para llevar ante la justicia a los iraníes sospechosos.

Fernández dijo que firmaría un «memorándum de entendimiento» con Irán para intentar avanzar en la causa.

Este pacto, que fue firmado en enero de 2013 en Etiopía, preveía la creación de una Comisión de la Verdad integrada por cinco juristas internacionales (dos elegidos por cada país y un quinto consensuado) para analizar las investigaciones sobre el atentado.

También estipulaba que la Justicia argentina podría interrogar en Irán a los cinco imputados que están requeridos por Interpol.

Un mes más tarde, el Congreso argentino -con mayoría kirchnerista- aprobó el acuerdo, dándole rango de tratado internacional. Pero el Parlamento iraní nunca trató el asunto, por lo que el pacto no entró nunca en vigencia.

No obstante, eso no evitó la controversia que generó el memorándum: tanto las entidades representativas de la comunidad judía como todos los partidos de oposición rechazaron el acuerdo.

La Justicia les dio la razón a estos críticos y, en mayo de 2014, declaró el memorándum inconstitucional por considerar que la justicia argentina estaba renunciando a su propia jurisdicción para juzgar a los iraníes en una comisión extrajudicial.

Pero la verdadera controversia explotó casi un año después, a comienzos de 2015, cuando el fiscal especial Nisman acusó a la presidenta, al canciller, Héctor Timerman, y a otros funcionarios de haber buscado encubrir a los autores iraníes del atentado a través del memorándum.

Nisman presentó una denuncia judicial, basada en escuchas realizadas por agentes de inteligencia argentinos, que afirmaba que el pacto con Irán buscaba el levantamiento de las notificaciones rojas de Interpol.

Según el fiscal especial, Argentina, que atravesaba una crisis energética, habría accedido a negociar la impunidad de los iraníes a cambio de petróleo y otros acuerdos económicos.

Si bien Fernández y el resto de los acusados siempre negaron que esto fuera cierto y aseguraron que el pacto no contemplaba eliminar los pedidos de captura de Interpol, y aunque la justicia argentina originalmente desechó la denuncia de Nisman, todo cambió después del 18 de enero de 2015.

Ese día fue hallado sin vida, con un tiro en la cabeza, el fiscal Nisman, quien 24 horas más tarde debía presentarse ante el Congreso para mostrar las evidencias con las que fundamentaba su acusación.

Su muerte, originalmente catalogada como un suicidio, fue declarada homicidio años más tarde.

El rabino que presidió el sepelio de Nisman en 2015 dijo que este había sido «la víctima 86 del atentado de la AMIA». No obstante, varios de los familiares de los muertos en ese ataque rechazaron tajantemente esas palabras y, por el contario, se mostraron muy críticos hacia el trabajo del fiscal.

El gobierno argentino actual de Mauricio Macri designó a Hezbolá como grupo terrorista en el 25 aniversario del atentado contra la sede mutual judía. Las autoridades argentinas declararon como una organización terrorista al grupo islamista libanés, al que le atribuyen dos atentados en el país, y pidieron congelar sus activos. El anuncio coincidió con la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, la ultima semana a Buenos Aires,  quien apoyó la referencia de Macri contra Hezbolá.

En la actualidad, Hezbolá continúa representando una amenaza actual y vigente para la seguridad nacional y la integridad del orden económico financiero de la República Argentina”, dijeron los funcionarios en un comunicado.