Por Walter Krohne
Lo que ocurre en la frontera norte de Chile es una tragedia de grado mayor. Supimos este domingo del caso de una mujer que perdió a su bebé que llevaba en su vientre por falta de atención médica oportuna en Tacna, Perú. Ella es una de las entre 400 y 1.000 personas procedentes de Venezuela que esperan en territorio peruano poder entrar a Chile.
Aquí no se trata de ideologías ni de presiones políticas para lograr que Nicolas Maduro abandone el poder en Venezuela. Eso no ocurrirá tan fácil ni tampoco en un corto tiempo por razones que no es el tema de explicar en esta nota. El caso puntual en la frontera es que son seres humanos que tienen hambre y buscan trabajo y no son responsables de la crisis que se vive en su país.
Es un caso humanitario que debe ser atendido por gobiernos democráticos, en lo posible en el marco de un acuerdo comunitario regional, como lo ha estado haciendo la Unión Europea desde hace ya años. Pero en el caso chileno no se avanza quizá por falta de voluntad política. Los refugiados salen de su país y llegan a Chile tras cerrárseles todas las puertas en su camino. Algo ocurre en materia de relaciones exteriores del Gobierno de Piñera que desde el primer día de su mandato no ha funcionado bien. Cúcuta fue un ejemplo y este fin de semana analizamos el tema de la abstencion chilena en la ONU en el caso de las graves violaciones de los derechos humanos en Filipinas.
Cuando se habla de la dictadura de Maduro, pareciera que esta crisis se utiliza sólo con fines ideológicos y/o de conveniencia. Volviendo nuevamente al caso de Cúcuta, en Colombia, en febrero de este año, donde participó Piñera, el ex embajador chileno Roberto Ampuero, el presidente de Colombia Iván Duque, el presidente de Paraguay Mario Abdo Benítez, el secretario general de la OEA Luis Almagro, (todos de derecha o derecha extrema), para entregar ayuda humanitaria enviada especialmente por Estados Unidos y otros países a Venezuela, en una operación, que tenía otros objetivos (apoyo a Juan Guaidó) pero que terminó en el más completo fracaso.
Allí mismo en Cúcuta, Piñera se mostró dispuesto a ayudar de alguna forma a los venezolanos. Sin embargo, cuando el número de refugiados aumentó a mediados de junio, el Gobierno implantó sorpresivamente una denominada «visa de responsabilidad democrática», trámite que nadie entiende bien de qué se trata y que se ha vuelto tremendamente engorroso para los necesitados de refugio; tanto es así que los venezolanos ilusionados con Chile deben acampar casi en las puertas mismas del consulado chileno en Tacna.
Hay casos de venezolanos que se han enfrentado a otros problemas burocráticos como el de ser portadores de un pasaporte del año 2012, permitiéndoseles continuar con su dramática marcha hacia Chile solamente con un documento de identificación extendido desde el año 2013. Igualmente el caso de algunos niños que no estarían en condiciones de ingresar a Chile porque carecen de pasaportes, documento que en Venezuela no se les entregaría a los menores de edad, según las explicaciones que se han dado.
En la frontera chilena está pasando, en una proporción mucho menor, algo parecido a lo que ocurre en Estados Unidos con los refugiados que proceden de América Central y México. Este fin de semana miles de personas se tomaron las calles del centro de Chicago para manifestarse en contra de la política migratoria del gobierno del presidente Donald Trump, y las redadas de extranjeros en varias ciudades de Estados Unidos, entre ellas Chicago y que comenzaron este domingo.
La actitud de Chile, entretanto, ha comenzado a ser comentada y criticada por la prensa extranjera: «Luego de semanas de una odisea, el portazo fue en seco. Un remezón impensado para cientos de migrantes venezolanos en la última estación de una larga travesía: la frontera entre Perú y Chile», escriben diarios argentinos este lunes.
Agregan que «el 22 de junio pasado empezó a regir una nueva regulación migratoria que obliga a los venezolanos a tramitar un visado especial para ingresar a Chile. El nuevo orden legal sorprendió a decenas de familias en la entrada del colapsado paso fronterizo entre Tacna (Perú) y Chacalluta (Chile), sin acceso a servicios básicos y obligados a dormir a la intemperie».
La zona de la sede diplomática chilena en Tacna se transformó en un campo de refugiados donde se aprecia la angustia de los venezolanos que escapan de su país. «Hay un límite: Chile no tiene una capacidad ilimitada para recibir extranjeros», justificó Rodrigo Ubilla, subsecretario del Interior de Sebastián Piñera , mientras el gobierno peruano intenta contener la crisis fronteriza.
La ciudadana venezolana Joselyn Hernández, licenciada en comunicación social, declaró a la prensa argentina que en el consulado chileno «nos cerraron los baños, tuvimos problemas con la electricidad para cargar los teléfonos y comunicarnos con nuestras familias. Dormimos cuatro noches en la ruta». Joseyn viaja con su madre, su padre y su hijo de cuatro años. Luego vivió el mismo proceso de sus compatriotas: tras la aglomeración en la frontera, las autoridades desocuparon la zona y los desplazaron hacia el consulado chileno en Tacna, situado a 38 kilómetros al norte, a la espera de obtener el visado.
Para peor los venezolanos que están en las largas filas de refugiados y que requieren de alguna prestación médica, no tienen ninguna posibilidad de recibirla porque «el consulado chileno precisó que no es posible para Chile brindar asistencia médica a ciudadanos de otra nacionalidad en un territorio extranjero».
Quienes tienen más recursos se instalan en hostales y pequeños hoteles aguardando su cita para solicitar el visado. Otros trabajan vendiendo de forma ambulante lo que sea y viviendo en atestados albergues, mientras muchos optaron por montar campamentos en la calle y recibir la ayuda de organizaciones sociales y de los propios tacneños, que les dan alimentos y ropa de abrigo, comenta la prensa extranjera como el diario La Nación de Buenos Aires.
«Hay más de 115 carpas (tiendas) donadas que se utilizan para las familias que van llegando y están en tránsito. Más que una crisis migratoria, es una crisis regional», dice el sacerdote José Tomás Vicuña, director del Servicio Jesuita a Migrantes de Chile.
El problema más grave es que se dictó una medida migratoria el día 22 de junio cuando ya centenares de venezolanos marchaban desde su país a Chile. No hay que olvidar que durante la cruenta dictadura de Pinochet, miles de chilenos marcharon o viajaron a Venezuela en busca de asilo y este país caribeño abrió entonces sus puertas sin restricciones. ¡Claro, eran otros tiempos!
Es entendible que Chile quiera regularizar el tema de la migración, pero no cuando el problema ya está en la frontera o casi dentro de la misma casa. Algunos plazos hay que establecer con anticipación en estos casos o caemos en el error de seguir cantando el himno patrio que define a Chile como un «asilo contra la opresión».