El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, reconocía hace unos días en una entrevista en televisión que él personalmente había matado a tres personas, que enturbiaban la convivencia a los que calificó de delincuentes. Dice que lo hizo cuando era alcalde de la ciudad de Davao, montado en su motocicleta y limpiando las calles: «Si, claro, tengo que reconocerlo. Hace meses yo maté a varias personas, a tres». El mandatario lo justifica hablando de lo que denomina guerra sin paliativos contra la delincuencia y tráfico de drogas.

Los organismos internacionales de derechos humanos califican lo que está ocurriendo en Filipinas de calamidad humanitaria, donde la policía e incluso los ciudadanos tienen carta blanca para asesinar a cualquiera que consideren un delincuente. Phelim Kine, subdirector de la división de Human Rights Watch en Asia: «La situación del respeto a los derechos humanos en Filipinas es absolutamente inexistente. El presidente Duterte y su llamada guerra contra las drogas ha provocado ni más ni menos que una calamidad humanitaria».

Las violaciones de esos derechos humanos son sistemáticas y han provocado en seis meses de Gobierno de Duterte más de 6000 víctimas mortales, tal y como contabiliza este organismo humanitario, que pide a la comunidad internacional dejar de ayudar y armar a la policía filipina: “Lo primero es suspender cualquier asistencia, entrenamiento y venta de quipo a la Policía Nacional filipina”.

Kine fue amenazado de muerte por sus informes críticos sobre la violación de los derechos humanos en Filipinas y en concreto en la ciudad donde Duterte era alcalde antes de alcanzar la presidencia del país. «Respondió a mis críticas diciendo que carecían de legalidad, que eran inaceptables y me invitó a su ciudad para ser ejecutado públicamente», llegó a afirmar.

Porque para Duterte, el respeto a los Derechos Humanos va sujeto a la prosperidad de las Filipinas: «Los derechos humanos deben funcionar para conseguir la dignidad humana. Pero los derechos humanos no pueden ser usados como una excusa para destruir al país, vuestro país , mi país».

Filipinas se ha convertido con la presidencia de Duterte en el país donde cualquiera se toma la ley por su mano sin recibir sanción alguna.

Respuesta de Duterte

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, respondió duramente a laresolución aprobada en Naciones Unidas para investigar su política anti-drogas. El mandatario advirtió que “no se metan con él o los matará”.

Durante una ceremonia en Manila, Duterte apuntó sus críticas a Islandia, país que impulsó la investigación aprobada en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y que tendrá que realizar la Alta Comisionada Michelle Bachelet.

El presidente filipino indicó que en Islandia “sólo saben comer hielo”, que son estúpidos y que no entienden los problemas sociales, políticos y económicos que tiene su país.

“¿Cuál es el problema de Islandia? Hielo solamente, ese es su problema, tienen demasiado hielo y no hay días ni noches claros allí, por eso no hay crimen y tampoco hay policía, y simplemente comen hielo. Estos estúpidos no entienden los problemas sociales, económicos y políticos de Filipinas“, dijo el mandatario.

Además, increpó a todas las organizaciones pro derechos humanosque han presionado a su país por la muerte de miles de personas durante la llamada “guerra contra las drogas”.

“No se metan conmigo o realmente los mataré. Le pregunto a la gente de derechos humanos: ¿es incorrecto decir que si destruyes a mi país te mataré?”, dijo.

El embajador de Islandia, Harald Aspelund, dijo ante el Consejo de la ONU tras la respuesta de Duterte que “hemos presentado un texto equilibrado, simplemente solicitando a la Alta Comisionada que prepare un informe para su discusión».

La resolución fue aprobada por 18 votos a favor, 14 en contra y 15 abstenciones. Entre estos últimos figuran Chile y Brasil.

La  última filipinada — por Jorge Navarrete

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprueba una declaración para que se indague lo que está ocurriendo en Filipinas. Nada del otro mundo, habría que reconocer. No hay una condena, ni tampoco se constituye ninguna vigilancia de carácter permanente. Lo que simplemente se hizo fue pedirle al régimen de Duterte que tome todas las medidas para prevenir los asesinatos y las desapariciones forzadas, y que colabore con la ONU permitiendo que sus representantes de derechos humanos visiten el país sin ser intimidados.

A ojos de muchos, se trata de un muy tímido paso, el que a todas luces resulta insuficiente. En los últimos años en Filipinas se han registrado más de 25 mil asesinatos bajo la justificación de la lucha contra las drogas; las que han sido alentadas y justificadas por Duterte, quien -simplemente para graficar la calaña del personaje- aseguró que podría alimentar e incrementar el recurso pesquero de sus mares por la vía de seguir tirando más cadáveres al mar. Con casi 30 ejecuciones extrajudiciales al día, milicias paramilitares y escuadrones de la muerte mediante, asistimos a una verdadera masacre, la que hoy tiene a Filipinas convertida en una suerte de Disneylandia del terror.

Y como si todo aquello no fuera lo suficientemente desalentador, nuestro gobierno nos sorprende con su abstención frente a este acuerdo de la ONU, transformando a la administración de Piñera, y Bolsonaro, en una tristemente célebre excepción al comportamiento de los principales países del continente.

Cuando todavía resuenan los ecos de los grandilocuentes discursos en favor de los Derechos Humanos en Venezuela, lo que celebramos por cierto, pero no así el show montado en Cúcuta; pasando por el bochornoso “cada uno tiene el sistema político que quiera” hacia China; o sin olvidar la declaración con que debutó Prosur, cuyo principal propósito fue limitar las facultades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, por esa vía, las de la misma Corte; ahora, lo de Filipinas, es simplemente la culminación de un payaseo vergonzante.

Piñera no solo terminó por dinamitar la última política de Estado que todavía quedaba en Chile, sino peor, ha hecho de nuestras relaciones exteriores un niño símbolo del doble estándar; devaluando la importancia que para nuestro país tienen las democracias y los Derechos Humanos, al punto que todo ahora depende del quién y el por qué. Mientras no exista un consenso tan fuerte como básico, de que ninguna razón justifica vulnerar los derechos civiles y políticos de los ciudadanos -¡ninguna! sea el libre mercado, la igualdad social o lucha contra las drogas- los discursos seguirán siendo vacíos y ciegos a la causa de la dignidad.

La abstención de Chile y Brasil con comentario de Raúl Sohr en CNN

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ofició a la Alta Comisionada de Derechos Humanos para que investigue a Filipinas en el combate a las drogas. Sin embargo, Chile y Brasil se abstuvieron de aprobar la resolución.

Michelle Bachelet deberá visitar el país asiático y preparar un informe sobre la llamada “guerra contra el narcotráfico”, medida gubernamental que ha cobrado la vida de miles de civiles de forma extrajudicial. Una investigación de Amnistía Internacional cifró en 27 las personas que mueren diariamente, y otros cientos que sufren daños colaterales por la operación anti drogas que lidera Filipinas.

Se estima, además, que en los últimos tres años se han asesinado a más de 27 mil personas. A raíz de esto, Islandia recurrió a la ONU, junto a la Unión Europea y países latinoamericanos, para presionar al Gobierno. La resolución fue aprobada con 18 votos a favor, 14 en contra y 15 abstenciones.

El canciller chileno Teodoro Ribera (foto abajo derecha) enfatizó que la abstención se justifica dado que no hubo consenso en torno a la petición y aseguró que la posición de nuestro país se condice con el que ha sido su actuar en 2017 y 2018, la que se plasmó en diversas declaraciones. Además, remarcó que Chile privilegia los consensos.

Tras diversas críticas a la decisión de la Cancillería chilena, el Gobierno argumentó que Filipinas es miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, cuya misión es “estimular la cooperación constructiva con y entre los Estados”, vía que Chile habría privilegiado. Además, recalcó que esta es la primera resolución en la materia y que confían en que Filipinas cooperará con la investigación.

En Última Mirada de CNN, el analista internacional Raúl Sohr señaló que en el caso de Brasil “se entiende” que se haya abstenido: “Bolsonaro también ha dado chipe libre a las policías”.

El caso de Chile, sin embargo, al experto le parece más sorprendente. “Es la propuesta más blanda que se puede proponer: es una indagación, el comienzo de una investigación, no es una investigación como la que se realizó en Venezuela, que fue mucho más completa y ya tenían antecedentes previos”, explicó Sohr.

Además, aseguró que “Filipinas no ha dado ninguna señal de que quieren colaborar”.

“La respuesta de la Cancillería a mí me intriga y la única especulación que yo tengo es que quizás es porque Chile va a tener la presidencia de la APEC y se va a realizar en Chile. A lo mejor no se quiere ofender y perder la venida de un jefe de Estado, porque si Chile votara a favor de que se hiciera la investigación, ciertamente el gobierno filipino va a tener una mala predisposición para venir a Chile”, argumentó el experto.

Por otro lado, Sohr explicó que el presidente Rodrigo Duterte “es inmensamente popular en Filipinas y le ha ido extraordinario en todas las elecciones. Si mañana fuera candidato, probablemente ganaría”.