Foto de portada: La preocupante dupla ultraderechista de Colombia: Iván Duque, Presidente, y Alvaro Uribe ex Presidente
La paz entre la guerrilla y el Estado colombiano parece que está llegando a su fin, lo que lamentan sus principales impulsores como el ex presidente de Colombia Juan Manuel Santos (abajo, izquierda), quien trazó durante años de trabajo y conversaciones un camino para una paz definitiva y duradero con las Farc, el mismo proceso que intentó también con el ELN (Ejército de Liberación Nacional) pero que ha fracasado.
Sin embargo el actual gobierno derechista de Iván Duque, el delfin de otro ex presidente de extrema derecha como Alvaro Uribe (contrario histórico a firmar la paz con los guerrilleros), está fracasando frente al proceso de mantenimiento de la paz, llegando este viernes a un punto de crisis mayor al morir dos militares y dejar heridos a otros nueve soldados en una emboscada atribuida a guerrilleros disidentes de las FARC en el suroeste de Colombia. Son grupos que Duque debería haber tenido como prioridad combatirlos pero no lo hizo. El hecho ocurrió durante la última noche (del jueves) en el municipio de Cumbitara, departamento de Nariño, cerca de la frontera con Ecuador.
Un poco de historia
El pasado 27 de mayo se cumplieron 55 años del nacimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia (FARC), organización creada sobre la base de un pequeño grupo de hombres y mujeres que, ante la abusiva política del gobierno conservador de Guillermo León Valencia en los años sesenta, tomaron las armas para defender sus pequeñas parcelas, en intricadas zonas de los departamentos del Tolima, Cauca y Huila y el Caquetá.
Marquetalia, fue en esa época el primer blanco de las fuerzas militares colombianas,con un fuerte apoyo de la fuerzas y oficialidad de Estados Unidos, y tomó el nombre de Operación Soberanía, la que comenzó el 18 de mayo de 1964.
El destacamento subversivo era liderado por Pedro Antonio Marín, quien después tomaría el nombre de Manuel Marulanda Vélez (izquierda en los años 2010 a 2012), en homenaje al líder sindicalista y comunista asesinado en 1950 en Bogotá por efectivos de Inteligencia durante la dictadura de Laureano Gómez. Marulanda se convirtió con los años en el líder histórico de las FARC.
Así fue una historia de violencia que finalmente terminó en un
acuerdo de paz. Sin embargo, la deficiencia ha estado en la implementación de este compromiso por las actuales autoridades colombianas, que al parecer no quisieran continuar con este proceso y más bien estarían buscando la vuelta a la violencia para poder derrotar militarmente a la guerrilla en el «campo de batalla», lo que hoy prima en el pensamiento militar y en el de la derecha colombiana.
Hay temas vitales no resueltos, como el económico, especialmente de la tierra; no se ha cumplido el acuerdo de la amnistía aprobado por el Congreso y la Corte Constitucional; el grave tema de los cultivos ilícito, lejos de eliminarlo con firmeza, la producción de coca y amapola ha crecido a niveles altísimo, por encima de los 200 mil hectáreas, un asunto fuertemente criticado al presidente Iván Duque por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Además continúan los asesinatos de exguerrilleros y lideres sociales.
Se ha tratado de boicotear la Jurisdicción Especial de Paz, (JEP) del acuerdo desde el Palacio de Nariño (sede del Gobierno colombiano) y la Fiscalía General de la República, como se apreció en el caso del ex comandante Jesús Santrich, a quien se le acusa de estar comandando otra vez la guerrilla que no acató la paz y que opera en la región colombiana limétriofe con Ecuador. Otras versiones dan como paradero de Santrich a la región norte limítrofe a Venezuela. El tema de las victimas ha sido relegado, lo que indica que no existe voluntad política en el actual gobierno de realmente trabajar por la paz. Lo que hay en Colombia es terrorismo de estado, como recientemente denunció el diario estadounidense The New York Times.
El nombre del congresista Jesús Santrich, ex negociador de la disuelta guerrilla FARC, es acusado ahora por el gobierno colombiano de ser nuevamente el cabecilla del nuevo foco de insurrección.
El mandatario Duque (derecha) declaró este viernes que Santrich, buscado en Colombia por presunto narcotráfico, pudo haber huido a Venezuela.
«Esa probabilidad es real porque está cerca de la zona donde él huyó y nosotros estamos monitoreando esto con todas las autoridades», agregó el presidente en una entrevista a la Emisora Atlántico de la ciudad colombiana de Barranquilla.
De 52 años y con aguda deficiencia visual, Santrich (foto derecha) pasó a ser uno de los hombres más buscados del país tras incumplir el martes una diligencia de indagatoria por el presunto intento de traficar cocaína después de haber firmado la paz en 2016.
Santrich abandonó su esquema de seguridad el 30 de junio. Fue visto por última vez en una zona de reincorporación de ex combatientes en el norte de Colombia, lo cual alimentó sospechas sobre su paso a Venezuela, se ha dicho en fuentes oficiales, aunque el foco de insurección se ubica en el sur, cerca de la frontera ecuatoriana.
«Ningún país puede darle protección (…) y si hay alguno que le esté dando protección, lo vamos a denunciar internacionalmente», advirtió Duque, estando en su pensamiento, pero sin mencionarlo, la Venezuela de Nicolás Maduro. El miércoles, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, afirmó que desconocía el paradero del ex jefe rebelde.
El gobierno de Duque, que encabeza la presión diplomática sobre el gobierno de Nicolás Maduro, denuncia que cientos de rebeldes del ELN – la última guerrilla activa de Colombia – se refugian del lado venezolano de la frontera con la complicidad de autoridades de Caracas.
Capturado en abril de 2018 con fines de extradición a Estados Unidos, Seuxis Paucias Hernández -nombre legal de Santrich- fue liberado en mayo por orden de la Corte Suprema que asumió su expediente.
El ex guerrillero ejerció por semanas como congresista, en virtud del acuerdo de paz que le concede diez escaños al ahora partido FARC. Santrich siempre alegó ser inocente de narcotráfico y que las acusaciones respondían a un complot de Estados Unidos y la fiscalía colombiana para torpedear la implementación del pacto que puso fin a medio siglo de conflicto.
