El Tribunal Constitucional, un órgano eminentemente político,  confirmó que la investigación contra el ex Comandante en Jefe del Ejército general (r) Humberto Oviedo está  paralizado en su totalidad. y no parcialmente como se había entendido en la noche del jueves.

La decisión, además de desilusionar a millones de chilenos debe haber  sido también el comienzo de una potente frustración para la ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford, quien con gran eficiencia y pericia judicial llevaba adelante el proceso por presunta malversación del ex alto militar por una suma cercana a los 4.500 millones de pesos en relación a los denoiminados «gastos reservados».

¿Qué ocurre con la moral y la justicia en Chile? Este sería un tema para que millones de chilenos protestaran en marchas o con declaración en contra de los protectores de quienes han cometido graves infracciones o conductas inaceptables en la cuestión financiera de las Fuerzas Armadas y Carabineros.

La primera sala del Tribunal Constitucional confirmó que la investigación que está llevando a cabo la ministra en visita  Rutherford, en contra del general (r) Humberto Oviedo, se encuentra paralizada en su totalidad y no de forma parcial como lo había interpretado la jueza. Así lo expone el fallo del TC que fue divulgado este viernes y que frena las pretensiones de la magistrada de continuar con sus diligencias, quien la pasada semana ordenó la detención y procesamiento del ex comandante en Jefe del Ejército por la presunta malversación.

El Tribunal Constitucional remarcó este viernes, tras haber tomas la decisión 24 horas antes, que la totalidad de la investigación contra general (r) Oviedo se encuentra paralizada.

El TC debe «reiterar que la suspensión, en lo sucesivo ha de tener lugar sin exclusiones en la gestión pendiente seguida en causa Rol N° 575-2014, instruida por la Ministra en Visita Extraordinaria de la Corte Marcial, señorita Romy Rutherford Parentti, incluyendo todo ‘cuaderno’ cuya etapa procesal actual sea la de Sumario», dice el escrito en su resolución.

De esta forma, se ratifica que la medida incluye al total de las causas y no sólo la arista relativa a las «Empresas de Turismo», como lo había asegurado la ministra Rutherford. Esto, al menos hasta que el mismo tribunal revise el fondo de la discusión. La disputa entre la investigadora y el ex uniformado comenzó a principios de enero cuando su defensa presentó al TC un recurso que pedía declarar inaplicable el artículo relativo al secreto de sumario y que además la indagatoria fuese trasladada hacia la justicia civil.

Sin emabrgo, la resolución del fallo estuvo bastante dividida y se inclinó a favor de la opción de paralizar la investigación por tres votos contra dos. Mientras Iván Aróstica, Juan José Romero y José Ignacio Vásquez respaldaron la medida, Domingo Hernández Emparanza y María Pía Silva la rechazaron.

Según señala el texto, los ministros que aprobaron la resolución -Aróstica, Romero y Vásquez, acusaron que «en el contexto cronológico descrito, es de toda evidencia que la suspensión del procedimiento decretada no puede ser interpretada en la forma que lo hace la mayoría, sin contravenir el principio de coherencia procesal y asignarle a la citada medida un efecto que va más allá del requerido por la propia parte en el momento de formular su petición».

En ese sentido, los ministros sostienen que «tal medida, acordada además de oficio, resulta excesiva y no representa un modelo de ejercicio ponderado y prudente de una facultad cautelar que, por su naturaleza, debe ser empleada de forma restrictiva y sólo para evitar que la prosecución del juicio ante la instancia jurisdiccional ordinaria, enerve la eficacia del pronunciamiento de fondo impetrado en esta sede».

«Atendida la etapa inicial de la investigación seguida ante la justicia militar en estos autos, tal riesgo no existe, lo que toma inadecuada la medida de suspensión decretada con nuestra oposición e igualmente la interpretación sobre su alcance, que no se concilia con lo obrado tanto en este procedimiento constitucional, cuanto en la causa que le sirve de antecedente», concluye el escrito.

Otra vez Chile se enfrenta al poder que todavía tiene la denominada «familia militar» que permitió que el dictador Augusto Pinochet Ugarte pudiera morir «tranquilo» sin procesos ni menos condenas. Así este general conocido por el escándalo del Banco  Riggs, entre otros, no pasara ni un solo día en la cárcel. ¡Malo, muy malo para Chile y los chilenos! Este caso, justamente se refiere al delito de malversación de fondos públicos (como el caso Oviedo). Esto se descubrió tras conocerse las cuentas bancarias secretas que el dictador mantenía en el Banco estadounidense Riggs. Durante la investigación se determinó que Pinochet mantenía numerosas cuentas bancarias, bajo distintas identidades, en las que guardaba más de 21 millones de dólares por lo que fueron procesados algunos generales y coroneles que estaban a su mando.

Cuánta razón había en las palabras del expresidente Ricardo Lagos cuando señaló que “las instituciones funcionan”. ¡Claro que funcionan!, pero… ¿en beneficio de quién? ¿Del país y su gente, o de pequeños y enriquecidos grupos que hieren a la república?. Esto se comentaba hoy en las redes sociales.

El Tribunal Constitucional (TC) es el mejor representante de lo que se ha afirmado este viernes en diferentes medios. Fue creado originalmente el 23 de enero de 1970 mediante una reforma a la Constitución de 1925, y la Junta Militar lo disolvió por decreto ley Nº 119 el 10 de noviembre de 1973.  Pero, la Constitución de 1980 lo repuso y fue modificado luego, sustancialmente, por la reforma constitucional del año 2005. Resumiendo, fue creado por el gobierno de Eduardo Frei Montalva, pero la dictadura militar lo disolvió ya que no aceptaba censores ni cuestionamientos a su acción. Sin embargo,  los redactores de la Constitución de 1980 (bajo Pinochet asesorado por Jaime Guzmán) volvieron a darle vida, y luego, bajo el gobierno de Ricardo Lagos, mediante una reforma constitucional, se le agregaron ciertos poderes que a la larga lo convertirían en una tercera cámara legislativa.

El TC es un órgano del Estado, autónomo e independiente, y su función principal es velar por la constitucionalidad de las leyes y decretos, encargándose de asegurar que cualquier normativa que se dicte en el Parlamento y en el Ejecutivo se enmarque en los límites señalados por la Constitución Política del Estado. Pero nada tiene que ver este tribunal con un caso de malversación de fondos que afecta a un ex comandante en Jefe del Ejército de Chile y que habría malversado el dinero de todos los chilenos. Esto tampoco parece ahora que se podrá confirmar algún día.

Mensaje del General Martínez al personal del Ejército

El comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Martínez, realizó una videoconferencia a todos los miembros de la institución castrense, donde se refirió a las investigaciones en contra de sus antecesores en el cargo por el mal uso de los gastos reservados.

“El uso de los gastos reservados es de responsabilidad principal de los comandantes en jefe, como es mi caso, y de las autoridades que tienen asignados estos recursos, quienes deben dar un valor explicativo, cuando corresponda, al uso de los mismos”, dijo Martínez.

El general sostiene que las Fuerzas Armadas pasan por una dura crisis en el “ámbito de la probidad, que nos ha afectado fuertemente”, en referencia a las investigaciones por uso fraudulento de los gastos reservados a los anteriores comandantes en jefe: Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo.

El anuncio de Martínez se da al mismo momento, que el Tribunal Constitucional (TC) suspendió todas las investigaciones en contra de Oviedo, luego que la ministra Romy Rutherford lo procesara como presunto autor de malversación de caudales públicos, por un total de 4.500 millones de pesos.

Por su parte, el general (r) Fuente-Alba fue procesado por malversar cerca de $3.500 millones de origen fiscal.

“Todos debemos respetar la presunción de inocencia porque así lo establece el Estado de Derecho” y pide a todos los miembros de la institución a “prudencia hasta que los tribunales hablen con su verdad en el futuro”.

El anuncio de Martínez se da al mismo momento, que el Tribunal Constitucional (TC) suspendió todas las investigaciones en contra de Oviedo, luego que la ministra Romy Rutherford lo procesara como presunto autor de malversación de caudales públicos, por un total de 4.500 millones de pesos.

Por su parte, el general (r) Juan Miguel Fuente-Alba fue procesado por malversar cerca de $3.500 millones de origen fiscal.

Documento clave contra Oviedo

La jueza Rutherford tuvo acceso a la cuenta bancaria del BCI del ex comandante en jefe donde se detallan 34 depósitos en efectivo por 155 millones 559 mil pesos entre marzo de 2014 y febrero de 2018; ocho depósitos a una cuenta de ahorro del Banco Estado por 19 millones 394 mil pesos entre el 2015 y 2017; y 25 millones de pesos a la cuenta corriente de este mismo banco en diciembre de 2017, depósitos en total suman $199.954.332, los que según Rutherford “provendrían de gastos reservados”.

Para los viajes al extranjero, durante el mando de Oviedo, se entregó un viático adicional denominado “Perdiem Generales”, con una escala de mil dólares para un general de brigada; US 1.500 al general de división; US 3.000 al jefe del Estado Mayor; y tres mil a cinco mil dólares cuando se trataba del comandante en jefe.

Tal como se registró en el procesamiento del otro comandante en jefe inculpado por malversación de caudales públicos, el general retirado Juan Miguel Fuente-Alba, se confirma la“mesada” para seguridad de 800 mil pesos a los ex jefes castrenses, Juan Emilio Cheyre, Oscar Izurieta y el propio Fuente-Alba, que tenía un ingreso adicional de 38 millones 400 mil pesos al año que eran depositados en su tarjeta de crédito.

En su declaración el coronel Vásquez confirmó que este sistema de gastos de libre disponibilidad por 750 millones de pesos al año, comenzaron con los mandos de Fuente-Alba e Izurieta Ferrer.

En el procesamiento se dejó constancia que el general Oviedo se negó a contestar las preguntas de la ministra Rutherford, el martes de la semana pasada, cuando llegó a su domicilio en Vitacura.

Algunos de los gastos que aparecen en el procesamiento de la ministra en visita son por el mantenimiento anual de la casa del Comandante en Jefe, llegan a los 126 millones anuales, y 76 millones de pesos por regalos en distintas celebraciones entre la oficialidad.

Algunos gastos de muestra: Exceso de equipaje en el aeropuerto (en viajes): $10.000.000; Regalos de matrimonio: $25.000.000; Navidad personal en casa del Comandante 1.500.000; Hoteles, pasajes y otros en Chile: $3o.ooo.000; Rotary Club: 1.000.000; Libre disposición: 175.000.000.

Total gastado: $ 745.200.000.