Convulsión internacional, especialmente en las organizaciones de derechos humanos, ha causado la muerte hasta ahora no aclarada del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo de la Marina de Venezuela.
Las miradas están puestas en los servicios de inteligencia del Gobierno venezolano que encabeza Nicolás Maduro, sobre los cuales crecen las sospechas de que el oficial habría sido asesinado cuando estuvo detenido, donde también habría sido brutalmente torturado.
El capitán de corbeta fue arrestado el 21 de junio último, el mismo día en que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, ex Presidenta de Chile, se entrevistó con Maduro en el Palacio Miraflores de Caracas. Tras la entrevista Bachelet declaró que había acordado con el gobierno evaluar las medidas para prevenir la tortura.
El oficial Acosta Arévalo, es el primero que muere después de denuncias de tortura de más de cien oficiales militares venezolanos en activo y retirados que han sido encarcelados por el régimen de Maduro por cargos de traición. En este caso el oficial fue arrestado tras ser acusado de planificar un golpe de Estado y magnicidio.
Los países que forman parte del Grupo de Lima condenaron la muerte de Acosta Arévalo, que calificaron de “asesinato” , al tiempo que repudiaron «las continuas prácticas de detenciones arbitrarias y torturas a las que el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro somete a quienes considera sus opositores».
También este domingo, el Parlamento, que controla la oposición, anunció que pedirá a la ONU y a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue de manera independiente la muerte, que no dudó en tipificar de «asesinato».
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, expresó en un comunicado que Acosta Arévalo «se desmayó« cuando era presentado ante un tribunal militar.
«El juez ordenó su traslado inmediato al hospital militar Dr. Vicente Salias, donde a pesar de brindársele la debida atención, falleció», agregó el ministro. El oficial murió en la madrugada del último sábado y el presidente del Parlamento y líder opositor, Juan Guaidó, condenó el sábado el hecho.
El abogado del oficial, Alonso Medina Roa, dijo que el capitán fue detenido en un buen estado de salud el día 21 de junio pero que apareció en silla de ruedas cuando lo llevaron ante un tribunal el viernes 28 . El abogado denunció que Acosta apenas si podía hablar ni moverse, que tenía señales visibles de golpizas y que se la paso repitiendo la palabra “ayuda”.
El ministro de Información venezolano, Jorge Rodríguez, confirmó la muerte de Acosta Arévalo la noche del sábado en un comunicado en el que anunció que el Ministerio Público había sido emplazado para investigar el “lamentable suceso”, sin dar detalle alguno.
Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), condenó la muerte del capitán venezolano por medio de Twitter en un mensaje en que dijo: “Los crímenes de @NicolasMaduro no quedarán impunes”.
Acosta Arévalo era uno de seis militares en activo y retirados que habían sido detenidos en la última semana por acusaciones de planear un complot en contra de Maduro. El miércoles 26 de junio, el mismo ministro Rodríguez presentó un video que supuestamente mostraba al capitán Acosta discutiendo planes de un golpe de Estado en una llamada telefónica grupal. Fuentes independientes o de la oposición no pudieron verificar la veracidad y origen del video.
Maduro ya sobrevivió un aparente intento de golpe de Estado y uno de asesinato en los últimos dos años, al tiempo que se ha debilitado su poderío en medio del colapso económico.
Sin embargo, el gobierno de Maduro también ha lanzado con regularidad acusaciones no confirmadas o falsas de complots con el fin de arrestar y reprimir a opositores políticos y generar miedo entre las fuerzas militares.
En 2018, el concejal de Caracas Fernando Albán Salazar falleció mientras estaba detenido al sufrir una caída desde una ventana cuando estaba siendo interrogado por integrantes del servicio de inteligencia. El gobierno afirmó que se trató de un suicidio.
La oficina del Alto Comisionado (ACNUDH) no ha respondido consultas de la prensa sobre el caso Acosta.
Walewska Pérez, la esposa del capitán, les dijo a medios locales que su marido no había hecho nada más que discutir con familiares cercanos el tema de la crisis económica y la corrupción crónica. Pérez indicó que no había sabido nada de su marido desde que fue detenido el 21 de junio, después que Michelle Bachelet abandonó Caracas.
La visita de Bachelet a Venezuela
En su último día en Caracas, el 21 de junio, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ex Presidenta de Chile, Michelle Bachelet se entrevistó con el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y con el presidente encargado Juan Guaidó. Maduro fue parco en sus declaraciones limitándose a señalar que “tomaremos las recomendaciones de Michelle Bachelet para que en Venezuela prime un sistema de derechos humanos cada vez más profundo, que proteja a la familia, que proteja al pueblo”.
El Mandatario agregó que «ha sido una visita intensa de tres días (…) con plena libertad para reunirse con todos los sectores políticos y sociales del país, institucionales, para escuchar todas las situaciones, todas las opiniones y después de haber conversado casi dos horas con la doctora Bachelet, creo que ha sido una buena visita. Ella ha venido atendiendo la invitación que el gobierno bolivariano que presido le hizo el año pasado, para tratar de establecer un nuevo tipo de relaciones con la oficina del Alto Comisionado de DD.HH., para tratar de pasar esa dura experiencia que tuvimos con el antiguo alto comisionado”.
Y agregó que en nuestro compromiso de seguir sus recomendaciones «llevaremos a juicio a cualquiera que viole los DD.HH. Le he dado todas mis garantías como jefe de gobierno”.
“Le agradezco a la doctora Michelle Bachelet por haber atendido mi invitación”, finalizó Maduro.
Al llegar al Palacio Miraflores, Bachelet fue saludada primeramente por la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez y el canciller Jorge Arreaza.
Otros casos de secuestros y torturas en Venezuela
La sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Caracas opera como uno de los centros de tortura del régimen de Nicolás Maduro, donde más de cien reos, entre ellos veinte militares de alto rango, permanecen aislados en sótanos sin ventilación, ni luz solar; donde viven una pesadilla que muchos jamás imaginaron. Así lo denunció al Diario Las Américas de Miami Molly De La Sotta Quiroga, hermana del capitán de navío Luis De La Sotta, detenido en el DGCIM y acusado de estar involucrado en la llamada Operación Armagedón, un denunciado por el régimen de Maduro en 2017 que involucra a la líder opositora María Corina Machado, a altos oficiales de los comandos de la Brigada de Mar y varios civiles.
El horror que viven los De La Sotta no es distinto al que padecen las familias de la mayoría de los presos políticos en Venezuela. Según la ONG Foro Penal, en este momento hay 859 personas encarceladas por motivos políticos, cifra que podría aumentar debido a las detenciones registradas en los últimos días como la ocurrida el pasado miércoles contra el general Lozada Saavedra, a quien involucran con otro supuesto intento de golpe.
Molly De La Sotta relató cómo opera la red de tortura en la que no sólo están involucrados los funcionarios de la DGCIM, sino que también son cómplices jueces militares, médicos forenses, fiscales y abogados.
“Mi hermano, el Capitán de Navío Luis De La Sotta, fue detenido arbitrariamente el 18 de mayo de 2018 en su lugar de trabajo en la Bahía de Turismo [en la zona oriental del país]. Para ese momento, era el segundo en jerarquía de los comandos de la Brigada del Mar (un escuadrón élite). Allí, ocho hombres fuertemente armados lo detuvieron como un delincuente, y se lo llevaron a la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar en Caracas”.
Ese día comenzó la tortura. Según relata la hermana, lo ingresaron a un cuarto oscuro, con las muñecas atadas a la espalda con un par de esposas que quedaron severamente ajustadas. “Lo tiraron en el piso, lo golpearon con palos. Cuatro hombres lo torturaron para que hablara del supuesto complot. Le colocaron una capucha y le metieron gas lacrimógeno; le practicaron asfixia mecánica con bolsas plásticas. Allí estuvo cuatro días sin alimentos, sin agua, sin ir al baño”.
Explica que a los cuatro días fue revisado por el médico forense, Luis Manuel Hugo Pinto, quien debía constatar el “buen estado de salud” de él y de otros compañeros detenidos, quienes según el relato de De La Sotta, también fueron torturados. Se trata el Capitán de Corbeta Carlos Gustavo Macsotay Rausseo. Comentó que los cuatro detenidos tenían los rostros tapados con capucha, y aun así el especialista forense aseguró que estaban en perfecto estado de salud.
“Luego de ser torturados, con la misma ropa ensangrentada, fueron llevados a la audiencia de presentación ante la jueza Claudia Carolina Pérez de Mogollón, quien estaba con la fiscal militar, Keyla Ríos Lara y un grupo de defensores públicos. La juez le asignó como defensor público, al capitán Enrique Simeone quien solo fue a visitarlo una sola vez en cinco meses para recomendarle que se declarara culpable”.
Explica que en esta primera audiencia su hermano denunció la tortura del cual fue víctima, y que además no había recibido la atención médica adecuada por ser hipertenso; pero ante sus relatos la jueza Pérez de Mogollón aseguró que no era su competencia, y que la fiscal presente debía investigar tal situación; pero esto jamás ocurrió.
«La Operación Armagedón es un caso de conspiración en el que supuestamente estaban involucrados varios comandos de la Aviación, de la Guardia Nacional y de la Armada con la dirigente del partido Vente Venezuela, María Corina Machado. Se suponía que mi hermano era el enlace de esa gran conspiración entre Estados Unidos, Colombia y esta dirigente política. Por eso los detienen a todos, no solo a los Comandos del Mar, sino también al jefe de la Brigada 20 de la Aviación, el teniente coronel Ruperto Molina; al mayor Ramos Suárez de la Guardia Nacional, entre otros, quienes fueron exhortados a declararse culpables”.
Afirma que una vez denunciada la tortura de la cual había sido víctima, lo regresan a la sede del DGCIM donde conoce al famoso cuarto “El Tigrito”, que lo describe como “una habitación oscura, de paredes blancas pero donde no hay luz y ni siquiera se podía ver las manos. Lo tiraron en el suelo como a un animal y allí dormía y comía porque los alimentos se los lanzaban al suelo, donde también hacía sus necesidades fisiológicas. Estuvo 32 días sin salir de allí, sin ver la luz, sin hablar con nadie. Aislado, solo. Sin tener conocimiento de si era de día o era de noche. Mientras tanto, nosotros no sabíamos dónde estaba, ni su estado de salud. Allí le aplicaron no solo tortura física sino psicológica, diciéndole que le iban hacer algo a la familia”.
Recalcó De La Sotta en la entrevista que ante esta serie de eventos, los familiares lograron que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos le dictara el pasado año medidas cautelares para proteger su salud y su vida, pero hasta la fecha estas medidas han sido obviadas por el régimen de Maduro.
“La alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, está en conocimiento del caso de mi hermano y de los otros militares involucrados en ese supuesto complot”, aseguró la hermana de La Sotta en sus declaraciones.
“En su reciente visita a Venezuela, Bachelet escuchó el relato de los familiares y designó a dos expertos para investigar el caso. Por lo que estamos esperando qué ocurrirá con esa investigación”.
Aclaró que ni la señora Bachelet, ni su equipo de trabajo conocen los sótanos de la DGCIM, por lo que exhorta a los representantes de las Naciones Unidas a acudir a este lugar en Caracas y verificar la existencia de ese centro de tortura, amparado por el régimen de Nicolás Maduro. Mientras tanto, el único testigo del régimen en este caso se escapó de Venezuela, y es un desertor. Aun así ellos continúan viviendo una pesadilla colmada de tortura y terror.
