Por Manuel Acuña Asenjo

El tan esperado cambio de Gabinete se produjo en junio. ¿Algo esperado? No. De ninguna manera. Y, en verdad, poco importa que tales cambios hayan o no sido esperados. Porque los intereses de quienes están a cargo de la nación no siempre coinciden con los de aquellos que miran desde la galería lo que sucede en la escena política de la nación. Mucho menos con la opinión de los analistas que, poco habituados a indagar las verdaderas causas de lo que sucede en las pugnas de poder de los actores políticos, creen en la posibilidad de cambios a la manera que ocurre en una sociedad aséptica, en donde las contradicciones de intereses están ausentes.

Por eso dan explicaciones en donde el pésimo desempeño, la ineficiencia en la gestión o la permanente comisión de dislates que ponen en peligro la estabilidad del propio gobierno, pasan a ser los verdaderos motivos del cambio. Y son

pocos quienes advierten que esos malos desempeños, esa ineficiencia en la gestión, los propios dislates que no se perdonan a los inferiores sí se perdonan en la persona del único que jamás debería formularlos que es el propio presidente de la República.

Porque Santelices, Ampuero, Valente y Jiménez no incurrieron en más errores que cualquiera otra autoridad en el ejercicio de determinado cargo. Y hasta es posible que sus yerros hayan sido inferiores a aquellos en que incurre el propio presidente de la República. Sin embargo, quienes se van son ellos y no la autoridad superior. Es una situación, si bien no la misma, que se puede homologar a la que le sucede al trabajador exonerado de una empresa cuando a ésta le va mal en los negocios: el que hace los negocios jamás se mueve de su cargo pero sí es marginado de la empresa el trabajador que nada tiene que ver con los negocios de la misma.

Podemos preguntarnos, entonces, si acaso se ha ido Santelices por su mal desempeño o no.  ¿Ha sucedido lo mismo con Valente, con Ampuero y con Jiménez? ¿Han sido todos ellos  ineficientes? ¿Han sido exonerados por su pésima gestión? O si, como lo expresa con simplicidad un consultor de empresas, “la pregunta que surge es si esto se debió a las encuestas o a que los ministros salientes no estaban haciendo bien la pega. Si fue esto último, ¿por qué la demora en cambiarlos?  Pero si fueron las encuestas, ¿no será mejor prescindir de las mismas para gobernar con una mirada de largo plazo?”

No nos parece que sea esa la razón de sus respectivos relevos. Menos, aún, aceptar que una encuesta determine la política que ha de seguir un Gobierno, como parece entenderlo otro analista. El “modesto” cambio de gabinete quedó impregnado por los paupérrimos niveles aprobatorios obtenidos por el Presidente Sebastián Piñera y el Gobierno de Chile Vamos —fenómeno que también se extiende al conjunto del sistema político— en la encuesta CEP. Y es esta situación la que permite pensar en una suerte de simetría entre el cambio de gabinete de Piñera (el segundo) y aquel que llevó a cabo Michelle Bachelet casi en un período idéntico durante el segundo año de mandato de la Nueva Mayoría (mayo del 2015).

La razón de los cambios no se encuentra en las causas que se acostumbran a señalar como tales. Buscar lo que realmente ha sucedido y por qué, a menudo, las alteraciones que suceden en la cúpula gubernamental no dejan satisfecha a una comunidad es una forma de contribuir a entender la realidad.

Intereses de los partidos 

En el caso de las elecciones de 2017 que dieron el triunfo a Sebastián Piñera, los partidos más importantes dentro de la coalición que le brindó su apoyo fueron la Unión Demócrata Independiente UDI y Renovación Nacional RN. Cada uno de éstos debería representar los intereses de determinado sector social. No obstante, en ambas colectividades se manifiestan los mismos intereses de grupos empresariales, a saber, el de la industria, la banca y el comercio; pero dichos intereses se manifiestan en una suerte coexistencia pacífica que permite la emergencia del predominio de uno de ellos por sobre el de los demás.

Así, por ejemplo, en la Unión Demócrata Independiente, predomina el interés de las finanzas (banca) por sobre el de la industria y del comercio; lo contrario sucede en RN en donde, si bien el interés social que representa la banca y las finanzas también está presente, el predominio lo ejerce la industria. Estas contradicciones también se manifiestan a nivel regional e, incluso, planetario. Pero no podemos dejar de señalar aquí que son estos elementos los que confieren determinado carácter a un gobierno; y permiten a la oposición, seleccionar los elementos que le van a brindar la oportunidad de torcer la mano a la imposición de la política de esa autoridad.

Recordemos que, en su primera administración, despreciando el apoyo que le brindaba la UDI como el partido más grande de Chile, Piñera prefirió desarrollar una política que representara más el interés de RN. Pero, como lo expresáramos en un documento del año pasado: “El carácter de clase de un segundo período presidencial no tiene por qué ser, necesariamente, el mismo del período anterior; es más: ni siquiera puede dicho carácter de clase ser el mismo en cada una de las fases que el gobierno ha de recorrer dentro de un determinado período”.

El tiempo nos ha dado la razón. Piñera ha gobernado con la UDI hasta el presente cambio de gabinete. Es más: lo ha hecho, paradojalmente, cuando la UDI deja de ser el partido mayoritario de la coalición y dicha superioridad la asume RN luego de las elecciones de 2017. Y eso quiere decir que hasta ese momento, el interés social que se realizó a partir de la administración estatal no fue sino el de la banca y las finanzas en estrecha unión con el interés comercial. Lo señalamos en esa oportunidad: “Piñera fue, antes de todo y contrariamente a lo que se podría suponer, candidato de la UDI, partido que defiende a ultranza la aplicación del modelo en su fase más regresiva, lo que implica privilegiar la conducción hegemónica del conjunto social por parte de la banca en estrecha alianza con el comercio y la subordinación de la industria a ese manejo”.

O, como lo señalara un comentarista que analizó aquel momento, si bien Chile necesitaba un ‘Manhattan’ y al no tenerlo creó un ‘Sanhattan’ como centro financiero, con Piñera.

Ministros entrantes

Si nos fijamos atentamente en la filiación política de los ministros salientes podemos ver que si bien la generalidad de ellos no militaba en la UDI (en el caso de Alfredo Moreno, aunque era independiente, la UDI creía tener controlado el Ministerio de Desarrollo Social tanta era su cercanía con el ministro), las políticas que aplicaban estaban en consonancia con los intereses políticos representados por esa corriente de opinión. El cambio no pudo ser más desastroso para dicha organización política: Teodoro Ribera es de RN  y se quedó en la Cancillería; Jaime Mañalich simpatiza con RN aunque se le conoce más que nada como piñerista  y tomó a su cargo Salud; Sebastián Sichel, una mezcla extraña de demócrata cristiano con Ciudadanos y Renovación Nacional, tomó para sí Desarrollo Social; Juan Andrés Fontaine simpatiza con Amplitud y asumió en Economía, Juan Carlos Jobet era RN aunque hoy se le ve como cercano a EVOPOLI y pasó a desempeñarse en Energía. Por eso podemos entender que, cuando Piñera realizó el cambio de gabinete, la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, no pudiese menos que expresar: «Esto abre una incertidumbre respecto de cuál debiera ser nuestro comportamiento que hasta ahora ha sido de lealtad al gobierno, de convicción con las tareas de gobierno, pero eso significa ser castigado. Los incentivos creo que el Presidente los pone en el lado equivocado».

Profundicemos un poco al respecto: antes del cambio, en la cartera de Economía se desempeñaba José Ramón Valente, declarado defensor del mercado. Entre muchas de sus gracias, dejó fuera una serie de ítems en la glosa de la Ley de Pago a Proveedores que más tarde debió enmendar, exculpó a los bancos del robo de tarjetas electrónicas provocando la ira del senador Ossandón, tuvo conflictos con el subsecretario de la cartera Ignacio Guerrero, llevó a su hijo en una gira de la OCDE y, contrariamente a lo que afirmó más tarde el Banco Central, sostuvo que creceríamos entre un 3,5 y un 4% durante 2019. Nada de aquello justificaba, sin embargo, su relevo pues hasta el cambio de ministros era la política de economía social de mercado, aplicada en su forma más pura, la política que se aplicaba en el gobierno de Piñera. Valente lo expresaba con estas palabras: “Si el panorama de nuestra economía fuera de verdad sombrío ¿cómo nos podemos explicar el aumento de inversión, el boom de emprendimiento y el acelerado crecimiento del comercio electrónico […]?

A diferencia de Valente, la figura de Juan Andrés Fontaine representa lo que aquel no pudo ser. Curiosamente, y a contrario de lo que se podría suponer, ha sembrado expectativas. Así se ha encargado de dejarlo establecido el vocero de la asociación de pescadores artesanales afiliados a la CONDEP, Hernán Machuca: “hoy es un momento clave para pesca y la sustentabilidad, creemos que el nombramiento de Fontaine es una señal clara que no se aceptarán presiones de las 7 familias, por esto celebramos que vuelva a Economía el ministro que confrontó a la industria pesquera por la ley de Pesca, lo que no olvidamos le costó su puesto en aquella época».

Y  la Asociación de Industrias Metalmecánicas ASIMET, a través de su vocero Dante Arrigoni, en una posición más o menos similar, señalaba que «como ASIMET creemos que la gran tarea que tiene el ministro Fontaine es llevar adelante políticas públicas con un fuerte impacto en la inversión, modernización y productividad de las empresas, y asumir los desafíos de la Cuarta Revolución Industrial para que no nos quedemos atrás respecto de los países de la OCDE con los cuales competimos. Él tiene la oportunidad histórica de convertirse en el ministro de la reindustrialización de Chile […]»

Juan Carlos Jobet reemplaza en Energía a Susana Jiménez quien había sido criticada por entorpecer, en lugar de facilitar, la llegada de capitales destinados a privilegiar el desarrollo de las energías alternativas. En realidad, todo sucedió el 22 de abril pasado cuando el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía CNE, José Venegas, en un seminario al que convocara a diversas instituciones representantes del sector ese ministerio, anunció que el gobierno estudiaba un cambio en el Decreto Supremo 244 que regula las reglas de pago de los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGDs). Bastó aquello para que los bancos, que financian los proyectos de inversión, encendieran las alarmas provocando la paralización de inversiones entre 300 y 600 millones de dólares.

Puede decirse que, en general, la generalidad de los ministros salientes mostraba escaso o casi nulo interés en propiciar políticas que permitiesen al país desarrollar empresas productoras de plusvalor o, en palabras más conocidas, ‘valor agregado’ y privilegiaban, más bien, aquellas actividades que alentaban la producción agropecuaria y extractiva por ser de aquellas que generan rápidas ganancias y escasa inversión.