BRASIL: LA CORRUPCIÓN SE COME A LA CORRUPCIÓN

Por Walter Krohne

Todo sería una gran mentira, un engaño originado en los distintos cauces y fuentes de la corrupción política en Brasil. La acusación contra Lula,  encarcelado supuestamente por los mismos corruptos fue, al parecer, un proceso trucho apoyado en documentos falsos como se está queriendo comprobar ahora en Brasil.

Con esto la extrema derecha de Bolsonaro, mandatario que es amigo de varios dirigentes derechistas chilenos como el líder del reciente inscrito  Partido Republicano Juan Antonio Kast y de la presidenta de la UDI (integrante de la coalición política de Sebastián Piñera)  Jacqueline van Rysselberghe, se podría desplomar con mucha fuerza.

El domingo pasado el sitio web The Intercept, que se define como un portal de noticias e investigación periodística, hizo estallar la bomba al cuestionar, con documentos,  la actuación del juez Sergio Moro y del fiscal Deltan Dallagnol y acusándolos de haber actuado de manera deliberada para perjudicar a Lula da Silva, un ex presidente que sacó de la pobreza a 23 millones de brasileños.

Mensajes entre agentes judiciales y policiales en Brasil que fueron filtrados han despertado ahora dudas sobre la integridad de la investigación de corrupción que sacudió al poder político y empresarial del país (Lava Jato), con secuelas en varios países de América Latina y que tuvo como consecuencia en Perú el suicidio de un expresidente  y el exilio obligado de otro.

Los mensajes fueron publicados The Intercept y señalan que el juez Sérgio Moro (Foto izquierda) y actual ministro de Justicia y Seguridad Nacional del Presidente brasileño ultraderechista Jair Bolsonaro, dan a entender que  habría estado involucrado en la condena contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva acusado igualmente por casos de corrupción y lavado de dinero en 2017, lo cual le impidió al ex Mandatario postular para un nuevo período presidencial en 2018.

Con Lula en prisión, se despejó el camino para la elección de Jair Bolsonaro, ex diputado que como «pago de favores o agradecimiento (no se sabe hasta ahora)» designó después a Moro como ministro de Justicia y prometiéndole además que lo nombraría en el Tribunal Federal Supremo cuando se produjera allí una vacante.

Es posible que algunas de las comunicaciones entre el juez y los procuradores hayan sido ilegales; los expertos dicen que la divulgación de los mensajes ayudarían a los abogados defensores en varios casos pendientes de Lava Jato y servirían para las apelaciones.

Los mensajes filtrados sugieren que el procurador federal Deltan Dallagnol, quien supervisó la acusación contra Lula, tuvo dudas respecto a cuán contundente era la evidencia en el caso del expresidente. Lula fue condenado por haber recibido 1,1 millones de dólares a modo de soborno en trabajos de renovación de una constructora (Odebrecht), a cambio de darle a esa empresa contratos con la petrolera estatal Petrobras.

Otras conversaciones indican que los procuradores discutieron estrategias para que Lula no pudiera dar una entrevista desde prisión antes de la elección de octubre del año pasado, por temor a que eso favoreciera al Partido de los Trabajadores fundado por Lula.

Moro dijo en una conferencia de prensa que los mensajes no demuestran que él actuó de manera inapropiada y criticó la cobertura de The Intercept como “sensacionalista”. Él y los procuradores federales defendieron su trabajo al decir que era íntegro y señalaron que el medio debió contactarlos para hacer comentarios antes de publicar los mensajes.

La fuerza de trabajo de Lava Jato emitió un comunicado el domingo por la noche en el que dijo que los mensajes fueron hackeados y que varios integrantes de ese grupo fueron “víctimas de una acción criminal por parte de un ciberatacante que cometió uno de los delitos más graves”.

En el comunicado expresaron su preocupación de que los mensajes filtrados pudiesen afectar los casos abiertos y dijeron que los procuradores se mantuvieron “comprometidos a hacer un trabajo técnico, imparcial y apolítico”.

Mientras tanto, Moro intenta convencer  al Congreso de Brasil de que avale una serie de amplias reformas que les darían a los investigadores mucha más autoridad en pesquisas sobre corrupción. Las iniciativas enfrentan mucho rechazo en las cámaras porque varios legisladores están siendo investigados.

Lava Jato (Consorcio Odebrecht) que empezó en 2014 con una investigación que parecía de rutina sobre lavado de dinero, ha resultado en más de cuatrocientas acusaciones en Brasil y en la recuperación de miles de millones de dólares de empresas y personas involucradas en esquemas de sobornos.

El escándalo ha tenido consecuencias más allá del país: han sido  acusados presidentes latinoamericanos,  vinculado a los suicidios de al menos dos sospechosos y al homicidio de un testigo en Colombia.

The Intercept, que tiene un apartado en portugués en su sitio web enfocado a noticias brasileñas, dijo que recibió un “archivo enorme” de conversaciones privadas, mensajes de voz, videos, fotografías y documentos por parte de una fuente anónima.

El portal declaró que publicó las conversaciones después de concluír que eran “de interés público” porque “exponían transgresiones”. La organización noticiosa no buscó comentarios de los funcionarios mencionados en los artículos porque los editores temían que el gobierno fuera a impedir la publicación.

Moro también habría compartido una pista relevante de investigación en el caso contra Lula en 2015, lo que violaría una previsión del código penal que prohíbe a los jueces darle consejo a cualquiera de las partes en un caso.

Cuestiones políticas partidarias 

Los políticos de izquierda de Brasil dijeron que las revelaciones del portal The Intercept comprueban sus denuncias de que Moro y el equipo de Lava Jato se basaron en cuestiones políticas y partidarias para ayudar a la extrema derecha.

Al descubrirse las operaciones corruptas de Lava Jato, los brasileños salieron de manera masiva a las calles para protestar. Sus movilizaciones ayudaron a allanar el camino para el juicio político en 2016 a la entonces presidenta Dilma Rousseff, quien tuvo que dejar el cargo en poder de su vicepresidente y acusador,  Michel Temer, quien, a su vez, el mismo tiene causas en su contra por involucramiento en casos de corrupcón y está preso.

Rousseff, la dirigente de izquierda que sucedió a Lula en el cargo, dijo que las revelaciones en The Intercept demuestran que Lula fue acusado y condenado para frustrar su intento de regresar a la presidencia.

El equipo legal del exmandatario declaró que pretende usar las conversaciones filtradas para que se anule la sentencia.

“Los hechos son muy serios y comprueban el sesgo del juez”, dijo Juliano Breda, abogado defensor de varias personas involucradas en el escándalo. “La conducta de Moro en Lava Jato fue claramente política”.

La presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, quien, a través de Twitter señaló que “el Intercept trae las pruebas que siempre denunciamos: el ex juez Moro y el fiscal Deltan Dallangnol actuaron combinados, con parcialidad y motivaciones políticas, para impedir la victoria electoral de Lula y del PT. Forjaron la acusación sin pruebas y armaron farsa jurídica contra Lula. Este proceso debe anularse”.

Sin embargo Dallagnol, también trató con normalidad los diálogos. En un vídeo compartido en las redes, el fiscal se defiende: «Es normal que fiscales y abogados hablen con los jueces sin la presencia de los demás. Lo que hay que averiguar es si hubo colusión o quiebra de imparcialidad», argumentó. Para Dallagnol, la imparcialidad de la Lava Jato se confirma por centenares de peticiones del ministerio público que fueron rechazadas por la justicia. “54 personas acusadas por la Fiscalía fueron absueltas por el juez Moro”, añadió.

Rousseff, también vía twitter, escribió que “los procesos judiciales viciados por el fraude en el Lava Jato deben implicar la libertad inmediata de Lula”.

En conversación con nuestro medio, el Doctor en Estudios Latinoamericanos y académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Gilberto Aranda, señaló que con esta publicación la legalidad de esta investigación pierde toda validez.

“El proceso judicial que significó que una ex presidenta estuviera fuera del poder y sacada de forma abrupta y que haya un ex presidente detenido en cárcel, ese procedimiento, no fue del todo pulcro ni imparcial como se esperaría, porque la Constitución brasileña no permite que entre el fiscal y el ministro judicial a cargo exista este tipo de comunicaciones o relación”, comentó en Chile el académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Gilberto Aranda. Agregó que con esta publicación la legalidad de la investigación Lava Jato en Brasil pierde toda validez.

Aranda comentó que la información deja al descubierto que el actual ministro Moro deseaba un cargo político, pero que no es seguro que esto afecte el gobierno de Bolsonaro.

“Yo creo que lo que está claro es que, evidentemente, no hubo imparcialidad en el procedimiento y, por lo tanto, el juez moro ciertamente tenía intenciones de llegar al lugar que tiene desde hace rato, de ocupar un lugar en el sistema político, ahora, de ahí a hacer una conexión directa con la legitimidad del gobierno de Bolsonaro creo que hay que mirarlo con calma”, dijo el experto.

Página 12 de Argentina dijo una gran verdad: “Los indicios sobre el complot recién empiezan. La sombra de Nixon parece proyectarse sobre Moro y Bolsonaro”, haciendo referencia al histórico caso Watergate que hizo caer a Richard Nixon en los Estados Unidos. Todo con, en ese momento, una fuente anónima: “Garganta profunda”.

Mientras tanto, el actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, optó por la cautela. Aficionado a Twitter, Bolsonaro mantuvo silencio en las primeras 24 horas después de la publicación de los reportajes que implican a su ministro de Justicia en esas conversaciones para, supuestamente, orientar en el proceso judicial. Solo se manifestó a través de su portavoz, la secretaria de Comunicación y por los integrantes del ala militar de su Gobierno. “Confiamos sin restricciones en el ministro Moro”, dijo.

“El ministro Moro es una persona de la más alta confianza del presidente, una persona que dentro del país tiene el respeto de una enorme parte de la población”, añadió la portavoz.

Grietas en el aparato judicial

A miembros del Tribunal Supremo Federal les han sorprendido las revelaciones del portal, algo que puede ser favorable al expresidente Lula, que ya había presentado un recurso en el tribunal pidiendo la anulación de su condena con el argumento de que Moro debe ser considerado “sospechoso”. Uno de los jueces del Supremo, Marco Aurélio Mello, afirmó al diario Folha de S. Paulo que el contenido divulgado “pone en duda la equidistancia del organismo juzgador, que tiene que ser absoluta”. Su colega Gilmar Mendes afirmó lo mismo a la BBC: “El hecho es muy grave. Esperemos”.

La Organización de los Abogados de Brasil (OAB), la principal entidad que regula el oficio, declaró que las conversaciones divulgadas suponen una “amenaza” a “los pilares del Estado de derecho”. Reclamó una investigación imparcial y pidió que todos los involucrados dejen sus cargos. El Consejo Nacional del Ministerio Público ya ha iniciado una investigación y ha reclamado que Dallagnol, que puede ser castigado, envíe por escrito sus explicaciones. “No se puede aceptar ese tipo de conversación con un juez. Ellos [los fiscales] deberían haber rechazado de inmediato al juez [Moro] que intentó orientarlos”, afirmó Rômulo de Andrade, fiscal e integrante del grupo Cambia del Ministerio Público.

La posible anulación de condenas

En el caso Lava Jato fiscales federales y Moro formaban un solo equipo de investigación. Sin embargo, The Intercept revela que el entonces juez Moro orientaba las investigaciones del fiscal Dallagnol para facilitar las condenas, según los mensajes intercambiados entre los integrantes de la Lava Jato, enviados por una fuente anónima hace algunas semanas. Moro influía en la coordinación de los procesos que posteriormente juzgaría, algo que, según los expertos, supone claras violaciones a leyes y principios constitucionales, como lo indica el artículo 254 del Código de Proceso Penal de Brasil. Un juez que haya aconsejado a cualquiera de las partes puede aparecer de “sospechoso”.

En todo caso, el  hecho de que las conversaciones hayan sido filtradas ilegalmente —posiblemente por un hacker, algo que The Intercept niega— dificulta que sean utilizadas para acusar y castigar a los miembros de la Lava Jato. Sin embargo, sí pueden ser usadas para defender a los condenados como Lula da Silva, según expertos.

El juez Moro ha dicho que “sobre el contenido de los mensajes donde soy citado, no se aprecia ninguna anormalidad o direccionamiento de la actuación como magistrado, a pesar de haber sido sacadas de contexto”, criticando el hackeo que sirvió para obtener la información. Cuestionó también que el medio de comunicación no se pusiera en contacto con él “antes de la publicación, en contra de la regla básica del periodismo”.

Glen Greenwald  es el  periodista y abogado estadounidense especializado en derechos civiles que vive en Río de Janeiro. En  el 2014 fue galardonado con el premio Pulitzer por publicar un año antes las informaciones sobre el control informático mundial ejercido por la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de EE.UU., filtradas por el analista Edward Snowden, actualmente refugiado en Rusia.

Greenwald se defendió, también en las redes, cuando tuiteó una captura de pantalla del mensaje de Eduardo Bolsonaro junto a otro del escritor Paulo Coelho. “¿Qué fuente merece más confianza?”, se preguntó el responsable de The Intercept. “Hay que recordar que Glenn Greenwald es uno de los más serios y respetados periodistas del mundo”, decía el tuit de Coelho.

El Ministerio Público también anunció que investigará las revelaciones del portal The Intercept Brasil, que cuestiona la imparcialidad de la operación «Lava Jato» y la investigación que condujo a Lula a la cárcel.

Lula, de 73 años, purga desde abril de 2018 una pena 8 años y 10 meses de cárcel como presunto beneficiario de un apartamento en el litoral paulista concedido por una constructora para obtener contratos en Petrobras.