Por Walter Krohne

La última encuesta Cadem revela una clara y peligrosa tendencia de los chilenos en general que  aparecen con escaso interés por lo que está sucediendo o frente a los problemas nacionales que nos afectan. Así existe un nivel bajo de conocimiento de las ideas y proyectos que se discuten diariamente en Chile, especialmente  las actuales cuatro principales reformas del Gobierno de Piñera, como son la Laboral, Tributaria, Jubilaciones y Salud.

Por ejemplo, sólo un 68% «supo o escuchó», según la mencionada encuesta,  hablar del proyecto de modernización laboral presentado por el Gobierno del Presidente Sebastina Piñera y entre quienes lo conocen, el 43% está de acuerdo con él, mientras que el 45% se mostró en desacuerdo.

Este porcentaje es bajo frente a la importancia de una iniciativa que puede cambiarle completamente la vida a algunos chilenos que están en edad laboral, lo que resulta un poco sorprendente porque revela que el chileno se informa mal o poco.

Este fenómeno quizá está demostrando además la existencia de una mala comunicación oficialista o forma parte de la tradicional tendencia chilena de criticar cualquier tipo de iniciativas que sea presentada por el poder político central. Esto impide a veces  que las ideas se bloqueen en la votación inicial del Parlamento y no se les dé ni siquiera la posibilidad de ser discutidas en sala.

Sin embargo, se agrega en la misma encuesta que la modernización laboral  habría sido la noticia más importante de la semana como lo señaló un 31% de los encuestados,  porque con ella -se opinó- el  gobierno habría logrado retomar el control de la agenda pública.

Al parecer, un punto importante en este fenoméno de «desinterés ciudadano»  es la existencia de un clima generalizado de desconfianza  apreciado en Chile que va «contra todo y todos» . Y esta situación se produce por hechos reales que pueden alterar la opinión de las personas encuestadas, porque no es posible que se pueda llegar a negar «así como así» la discusión de los proyectos en el Congreso Nacional. No hay que olvidar que la democracia debe ser participativa, deliberativa  y representativa. Esto significa que los proyectos, aunque sean vistos como negativos para un sector, no puedan verse impedidos a ser discutidos en el Parlamento, donde existe la posibilidad de mejorarlos, aunque también está la de que sean empeorados, lo que depende de la mayoría parlamentaria. Hoy ocurrió con el proyecto de reforma previsional (jubilaciones) rechazando la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados la idea de legislar.

La iniciativa tuvo seis votos a favor y siete en contra, teniendo el diputado DC Raúl Soto el voto dirimente, por lo que el proyecto pasará a la Sala, donde los diputados también deben pronunciarse sobre la idea de legislar.

Y esta desconfianza hoy en las instituciones y en los políticos está ligada a la creencia  en Chile que unas y otros están pasando por una crisis profunda, lo que hoy vemos con mucha claridad en las Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI,  Justicia y los sectores políticos en general. Los escándalos Penta y Soquimich que terminan sin condenas con un alto número de políticos y empresarios implicados,  ha originado una tremenda frustración en la población chilena. Igualmente sobre la empresa privada pesa una continua desconfianza por lo que hace, decide y afecta a los consumidores. El caso de ENEL es evidente, un aumento del precio de la luz no debidamente aclarado que se ha convertido en un nuevo escándalo y más encima con medidores que esta empresa cambia sin preguntarle la opinión a los consumidores y más encima cargando el costo del aparato a las cuentas de los clientes. Pero tampoco terminan las colusiones en los precios de los productos y otras irregulares de las que el sector privado no se escapa.

Una reciente encuesta de la Universidad del Desarrollo reveló que un 81 por ciento de los chilenos cree que existe una crisis de las instituciones en Chile y se critica con antecedentes fuertemente las operaciones de Carabineros en la Araucanía (Huracán y Jungla), además del mayor fraude de la historia institucional chilena, proceso que aún no termina, y que ya asciende a un monto de 28 mil millones de pesos estafados o robados al Estado chileno. En las Fuerzas Armadas salieron por corrupción unos 20 generales. Acusaciones de tráfico de influencia en el poder Judicial,  concretamente el caso de tres jueces de la Corte de Apelaciones. El Ministerio Público, al parecer, está cerrando este capítulo de irregularidades  con denuncias cruzadas de los fiscales Sergio Moya y Emiliano Arias en Rancagua.

La misma gestión del Presidente es fuertemente criticada y observada con cierta desconfianza y sin poder mejorar en las encuestas permaneciendo con 36 por ciento de aprobación y un rechazo de 48% (la mitad del país), aunque su sector sigue liderando los pronósticos dándole a Joaquin Lavín un 72 por ciento de posibilidades para llegar a La Moneda.

La encuesta de la Universidad del Desarrollo registra un bajón importante en la confianza de las instituciones que en 2008 tenía una nota 4,2 la que disminuyó a 3,6  en 2018 (diez años después) y este  año más aún,  a 3,4.

El decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Eugenio Guzmán, al comentar la encuesta declaró a El Mercurio que «estos bajos niveles de confianza dificultan el compromiso de los ciudadanos con el cumplimiento de las normas», pues los que deberían ser los modelos a imitar por el resto de los chilenos o parte de ellos «no son percibidos como tales».

Y…la última

Una sorpresiva declaración entregó esta tarde el director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Guillermo Pattillo, al asumir que detectó indicios de manipulación de las cifras del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Sin aceptar preguntas de la prensa, el funcionario procedió a leer una declaración que señala que la Unidad de Auditoría Interna de la entidad –creada en septiembre del año pasado- descubrió este desfase de cifras en los indicadores de agosto y septiembre de 2018, con efecto de hasta 0,1 punto porcentual.

Esta polémica se suma a otros hechos controvertidos que ha enfrentado el INE, como el censo de 2012, bautizado por la administración Piñera como “el mejor censo de la historia”, o las desavenencias con el ministerio del Trabajo respecto a la medición de empleo que -a juicio de la autoridad- subestiman la creación de puestos laborales.