El líder opositor y autodesignado  presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó,  y reconocido así por más de 50 países, declaró en Caracas que su detención por la policía de Maduro puede ser  inminente ya que el país está controlado por una «una dictadura».

Guaidó entregó esta declaración al mismo tiempo de convocar a una nueva protesta para mañana sábado en todo el país  y argumentando que el motivo de esta nueva manifestación masiva es que el presidente venezolano  Nicolás Maduro ha dado un nuevo golpa esta vez «contra  al Parlamento» al procesar a diez diputados por delitos de rebelión.

«Vamos a concentrarnos el sábado en todo el país (…) no nos van a sacar de las calles», dijo Guaidó en la primera aparición después de que esta semana fuera detenido el primer vicepresidente del Parlamento, Édgar Zambrano, uno de los 10 diputados opositores señalados de golpistas.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) señala que los 10 parlamentarios están acusados  de ocho delitos graves como «traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuado».

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC), integrada solo por oficialistas y no reconocida por numerosos países, levantó además la inmunidad de siete de los legisladores en prisión y espera hacer lo mismo con el resto en los próximos días.

Guaidó, también jefe del Parlamento, denunció que estas acciones constituyen un «nuevo golpe» al Legislativo que está conformado por una contundente mayoría opositora desde 2016, cuando el TSJ lo declaró en «desacato» y pidió a las instituciones omitir sus resoluciones.

En el último trienio al menos 29 diputados han quedado fuera del Parlamento por motivos de persecución política, según alegan ellos mismos, y están hoy exiliados, presos, sin fuero parlamentario, despojados de sus escaños por resolución de la Justicia, refugiados en embajadas o con libertad condicional.

Guaidó informó además que su representante en la Organización de Estados Americanos (OEA), Gustavo Tarre, convocará una sesión en el organismo continental para tratar el «nuevo golpe al Parlamento».

Entretanto, el último 2 de mayo un tribunal de Caracas ordenó capturar al opositor venezolano Leopoldo López, quien se encuentra en la residencia del embajador español, Jesús Silva, luego de haber burlado el pasado martes (30.05.2019) el arresto domiciliario.

A López, que apoyó en las calles de Caracas un efímero levantamiento militar contra el Gobierno de Nicolás Maduro, se le revocó la medida de detención domiciliaria «por violarla flagrantemente», según se lee en una nota de prensa difundida por el TSJ.

La alta corte señala que el opositor, privado de libertad desde 2014 y sentenciado a casi 14 años, también violó «la medida referida a la condición relativa a pronunciamientos políticos por medios convencionales y no convencionales, nacionales e internacionales, demostrando con ello la no sujeción a las medidas». «En vista de lo señalado, el juzgado en su decisión libra orden de aprehensión dirigida al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en contra del ciudadano Leopoldo López», se lee en el texto.

El tribunal ordena además que López continúe cumpliendo su pena -de la que ya ha cumplido cinco años, dos meses y doce días- en la cárcel militar de Ramo Verde, donde estuvo recluido hasta mediados de 2017. Por su parte, el Gobierno español afirmó en un comunicado que no tiene intención de entregar al líder opositor y confía en que las autoridades venezolanas respeten la inviolabilidad de la residencia del embajador español en Caracas, señala la nota oficial.

La vivienda de López fue allanada y robada por varios sujetos a quienes diversos testigos identificaron como miembros del Sebin, según constató una vez que se recluyó en la embajada española.

López fue liberado por un grupo de militares y funcionarios del Sebin que se habían unido a Guaidó, quien encabezó un intento de levantamiento militar junto a cerca de 40 soldados que se dirigieron a la base aérea La Carlota, luego de esto se han desarrollado manifestaciones opositoras en distintas ciudades de Venezuela. El supuesto «levantamiento militar contra Maduro», que  se denominó «Operación Libertad» se realizó el 30 de abril pero terminó en un fracaso.

Juan Guaidó despertó a los venezolanos cerca de las 6.00 hora local con un mensaje a través de las redes sociales en el que les pedía salir a manifestar para deponer a Maduro, mientras que a los militares les exigía unirse a su causa.

Búsqueda de soluciones para esta crisis

Liderado por la Unión Europea, el Grupo Internacional de Contacto (GIC) para la búsqueda de una salida pacífica y negociada a la crisis de Venezuela se prepara para una primera misión política de alto nivel al país.

Pasados los noventa días de su primera fase (después de la cual de no haber habido avances se habría disuelto), este grupo -conformado por Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Portugal, España Suecia y Reino Unido, Costa Rica, Uruguay, Ecuador y Bolivia- «renueva su compromiso con una solución política, pacífica y democrática a través de elecciones presidenciales libres y justas”, dice el comunicado oficial después de su reunión de esta semana en San José de Costa Rica.

Dos puntos definen el accionar del GIC desde su creación a comienzos de 2019: la entrada de ayuda humanitaria con estándares internacionales –en lo cual se detectan logros- y la convocatoria a unas elecciones creíbles con observación internacional.

Ante esto, el analista de Crisis Group se muestra escéptico.  «No es evidente que la presión sobre las Fuerzas Armadas  en particular -que ha sido un enfoque de la campaña de Guaidó- vaya a resquebrajar esa institución. Hay descontento, pero no lo suficiente como para un apoyo masivo a  Guiadó. También porque ello podría ser visto como rendirse.  No creo que  mayor presión y más poder a Guiadó se traduzca en mayor posibilidad del derrumbe del régimen, no lo veo coherente», subraya Briscoe.

Así las cosas, si bien el GIC condena la represión y condena el acoso judicial a los representantes de la Asamblea Nacional, no cierra su puerta y se prepara para una misión política de alto nivel para discutir opciones concretas.

Apoyo creciente

Por otro lado, el acercamiento de representantes de Chile, de CARICOM (la Comunidad del Caribe), del Vaticano y la invitación de los países del Grupo de Lima a un encuentro habla del creciente eco de los esfuerzos del GIC por una solución negociada.

Los países del Grupo de Lima se han plegado al planteamiento que la Unión Europea y Uruguay hemos hecho. Es el único camino para resolver la crisis. El otro camino es lamentablemente la confrontación y seguramente la pérdida de muchas vidas, algo que no queremos, declaró esta semana el presidente uruguayo Tabaré Vázquez.

Los miembros del GIC entienden lo difícil de su tarea, pero están conscientes de que es imprescindible pues no hay muchas otras opciones que apunten a una salida negociada. En esa medida  tienen que hacer un equilibrio entre ampliar el apoyo y mantener un grupo relativamente coherente y pequeño para coordinar el esfuerzo que habrá que hacer a fin de lograr la negociación de una futura mediación que ni siquiera ha empezado.