La columnista peruana María del Pilar Tello escribe en el diario digital «Crónica Viva» que «el Perú necesita urgentemente eliminar la corrupción que configura un enorme asalto organizado contra un país que ha sido permisivo éticamente con el despojo por quienes aprovecharon esta debilidad. Pero debemos dar este combate con mucho respeto a la legalidad y a la institucionalidad para que cuente con la legitimidad social que le permita sostenerse con respeto a las libertades fundamentales, al derecho a la vida y a la dignidad humana descartando las fáciles sentencias anticipadas sin pruebas».
El suicidio de Alan García (el 17 de abril) y lo sucedido con Pedro Pablo Kuczynski (internado en un hospital tras sufrir un grave ataque cardiaco) marcan un antes y un después para los jueces y fiscales adictos a las prisiones preventivas y preliminares y con ello para la lucha anticorrupción. La gran aceptación a la dureza judicial de las sentencias anticipadas, no es una señal de equilibrio ni de salud democrática. Los fiscales deben presentar las acusaciones suficientes para iniciar los juicios orales en los que cada imputado pueda expresar argumentos, mostrar pruebas y obtener una sentencia bien fundamentada y motivada como manda el debido proceso. Necesitamos enviar a la cárcel a los culpables con su sentencia en la mano, agrega Tello.
De la reforma judicial se habla mucho aunque se avanza poco. Nadie duda que jueces y fiscales deben inspirarse en el respeto a las instituciones y en las garantías de la administración de justicia como son la presunción de inocencia y el debido proceso. Y no en incentivar la revancha justificada pero de aliento corto sino en lograr procesos de acuerdo a ley con acusaciones fiscales formales.
Eso implica más presupuesto para las investigaciones de la Fiscalía, más gente necesaria para formular la acusación que hará posible el juicio oral. Pero el presidente Martín Vizcarra llena su discurso político de frases contra la corrupción y sin embargo no atiende las necesidades financieras para poder investigar por parte de los fiscales.
El ejemplo de lo sucedido en España con el juez César Hinostroza dice mucho. Fue colocado en libertad vigilada sin recurrir al facilismo de la prisión cautelar a pesar de conocer de la indignación que existe en el Perú ante este magistrado que traicionó la toga y la confianza (tras ser acusado de corrupción en Perú huyo a España en octubre pasado donde fue detenido). Las diferencias entre el proceso judicial peruano y el español son modélicas si queremos evitar una sociedad sin partidos, con líderes estigmatizados por el chaleco de detenido sin debido proceso y con mucha arbitrariedad. Que vayan a la cárcel sí pero cuando se haya demostrado su culpabilidad y cuenten con sentencia ejecutoriada como dice la Constitución.
Las medidas cautelares están para fortalecer la justicia no para debilitarla si se abusa de ellas o son dictadas sin las pruebas correspondientes. Tenemos cárceles atestadas con prisioneros sin celdas, que duermen en el suelo, sin dignidad ni tratamientos de salud. Lo peor es que padecen esa condición con base en indicios. Hay ausencia de garantías y muchos intereses para eliminar adversarios políticos por criminalización o por imposibilidad legal de reelección, indicó la columnista peruana.
La historia reciente
Haciendo un poco de historia reciente en Perú el suicidió de Alan García (dos veces fue Presidente) se transformó en un hecho de mucho dramatismo (se disparó en la cabeza), creándose un clima de desconcierto que políticos, intelectuales e incluso periodistas cercanos a él aprovecharon para intentar instalar desde los medios de comunicación una falsa memoria oficial del expresidente, llegando a definirlo como “héroe», “mártir” o “perseguido”.
El periodista Mario Avilés (peruano) escribió que «para entender las causas de la megacorrupción peruana actual —cinco expresidentes encarcelados o procesados— hay que remontarse a la segunda mitad de la década de los ochenta, cuando Alan García era el joven presidente de un Perú pobre y aterrado por una guerra interna. En esos años, García inauguró una manera de gobernar que ha marcado hasta hoy la historia del país: la idea de que el Estado puede ser la mina personal de quienes están en el poder. El presidente García gobernaba rodeado de gente corrupta e ineficiente».
Me enteré del suicidio de García a la distancia, mientras viajaba con mi esposa por el sur de Estados Unidos, donde ahora vivo. El impacto contenía ese viento de irrealidad de los acontecimientos que parecen imposibles, como la extraña noche de 1992 en que la televisión mostró a Abimael Guzmán detenido por fin y para siempre. La muerte de García parecía un fenómeno histórico equivalente, la caída del otro villano, escribió el periodista peruano Avilés en diarios de EE UU.
