Tres juzgados de lo contencioso de Madrid dieron  el visto bueno al  expresidente de la Generalitat (cataluña) Carles Puigdemont y a otros dos exconsejeros para que puedan presentarse  como candidatos por la región catalana en  las elecciones europeas del próximo 26 de mayo, a pesar de haber abandonado España tras ser procesados.

Toda la parte jurídica y la defensa de los dirigentes catalanes fue asumida exitosamente por un equipo de abogados que ha integra el abogado chileno (de Valparaíso) Gonzalo Boye.

Así Puigdemont y los consejeros Toni Comin y la periodista Clara Ponsati de la Generalitat, ya tienen vía libre para ser nuevamente candidatos. Los tres fueron  procesados por  «desacato» tras  realizar  un plebiscito para la independencia de Cataluñ de España sin contar con la aprobación del Gobierno (central)  español con sede en Madrid. Por el denominado “procés” los tres abandonaron España para “asilarse” en otros países europeos.  Puigdemont lo hizo en Bélgica y Alemania, Ponsati en el Reino Unido y Comin también en Bélgica.

Los juzgados de lo contencioso administrativo número 2, 9 y 21 de Madrid dieron la razón a los dirigentes independentistas y han tumbado la decisión de la Junta Electoral Central (JEC), que los había sacado de la lista de electoral por Europa, tras resolver que por encontrarse fugados de la justicia española no se encontraban inscritos correctamente en el censo. Los juzgados madrileños siguieron la línea marcada el domingo por el Tribunal Supremo, la que también ha respaldado la Fiscalía. Tras abordar el asunto este fin de semana, los magistrados del alto tribunal ordenaroan a los juzgados de lo contencioso administrativo que tomaran la decisión final sobre el tema, opinando al mismo tiempo que Puigdemont y los exconsejeros podían presentarse a las elecciones. «No concurre causa de inelegibilidad», consideró en su escrito la Sección Cuarta de la Sala Tercera del Supremo.

Tras conocerse  la resolución, las fuerzas partidarias de la independencia de la Región de Cataluña de España, han celebrado la decisión de los juzgados madrileños. «Siempre lo hemos defendido. Es un derecho y se hace justicia. El 26 de mayo, Cataluña podrá escoger las opciones independentistas que más la representen», ha asegurado Marta Vilalta, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), . «Hay un muy buen trabajo jurídico detrás de cada victoria conseguida. Todo este potencial lo pondremos al servicio de ganar causas y proyectos para el conjunto de los ciudadanos desde el Parlamento Europeo. Nuestro equipo sabe qué tiene entre manos, cómo combatir y cómo ganar», añadió el mismo Puigdemont. «Nos han querido silenciar y apartar, pero no hay muro democrático más contundente y efectivo que el partido pJxCAT (Juntos por Cataluña).

La derecha española no ha visto con buenos ojos la resolución de la justicia. El PP ha anunciado que recurrirán la decisión al Tribunal Constitucional. «Consideramos un fraude de ley que alguien que está fugado se pueda presentar a las elecciones europeas sin ni siquiera vivir en España. Pensamos que la democracia española no merece este escarnio», afirmó el líder de los populares, Pablo Casado. Por su parte, Inés Arrimadas, portavoz de Ciudadanos, calificó de «vergüenza» que la legislación nacional, al contrario que otras europeas, permita que un «prófugo» como Carles Puigdemont pueda presentarse a unos comicios.

Con el argumento jurídico que la exclusión de Puigdemont, Comín y Ponsatí —que concurrían, respectivamente, como números 1, 2 y 3 de la coalición Lliures per Europa— afecta a derechos fundamentales previstos en los artículos 23.1 y 23.2 de la Constitución española, donde se dispone que los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos (directamente o por medio de representantes públicos) y a acceder a los cargos públicos. Por tanto, insisten los magistrados madrileños, «las causas de inelegibilidad de los cargos y funciones deben ser objeto de interpretación restrictiva». Y, como indicó el alto tribunal, encontrarse en rebeldía no es una de las causas previstas en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

Además, sobre la inscripción en el censo, los juzgados de Madrid subrayan que “no se exige para los candidatos a las elecciones que deban estar inscritos en el censo, sino que reúnan los requisitos para ello”. Un requisito que cumplen los tres, que además se encuentran «dados de alta en un municipio español». «Y es claro que, mientras los órganos competentes no adopten acuerdos para darles de baja del padrón de habitantes, ha de mantenerse la inscripción, sin que corresponda a las juntas electorales poner en duda los datos que consten en los registros públicos en el supuesto que se enjuicia», añaden las sentencias dictadas este lunes.

Esta pequeña victoria de los líderes secesionistas  no significa, sin embargo, que vayan a poder ocupar un asiento en la Eurocámara. Los abogados de los dirigentes independentistas defienden que gozarán de inmunidad parlamentaria desde el momento que obtengan el escaño y, por tanto, podrán viajar a España para jurar el cargo. Pero los servicios jurídicos del Parlamento Europeo han dictaminado lo contrario en un informe interno, donde consideran que primero tienen que jurar o prometer la Constitución en Madrid. Pero, al pisar el país, podrían ser detenidos.

El abogado Gonzalo Boye

Uno de los abogados de los separatistas catalanes encabezados por Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, es chileno. En 1965, comenzó en Alemania las carreras de Ciencias Políticas y Economía, estudios que no concluyó.

En 1987 llegó a España. En 1992 fue detenido junto a otros ciudadanos chilenos por supuesta vinculación con el secuestro del empresario Emiliano Revilla de la ETA,  ocurrido en 1988 y que duró 249 días. Sin embargo, a pesar de ser inocente, como quedó demostrado posteriormnente, fue condenado a 14 años de prisión

Boye estudió derecho durante su condena en prisión. Ha sido socio de Ignacio Escolar en ElDiario.es y editor de la revista Mongolia.

Reapareció en escena cuando fue abogado de algunas víctimas y familiares tras los atentados del 11 de marzo de 2004. Con posterioridad ha figurado en causas relevantes como el caso Bárcenas. Ahora es abogado de Carles Puigdemont.