El gobierno del presidente Donald Trump anunció este lunes que permitirá demandas a compañías cubanas que utilizan propiedades confiscadas por el gobierno tras la Revolución de 1959, en un movimiento que simbólicamente endurece el embargo comercial impuesto hace seis décadas, informó desde La Habana la agencia Associated Press (AP).

El anuncio limita las demandas a unas 200 empresas y agencias estatales cubanas que ya son sujetas a sanciones estadounidenses especiales por estar ligadas a las fuerzas armadas y a las agencias de inteligencia de La Habana. La mayoría de las entidades no tienen vínculo alguno con los sistemas legal o financiero de Estados Unidos, por lo cual la capacidad de presentar demandas es prácticamente simbólica.

John Bolton

Este anuncio esta relacionado con la crisis en Venezuela y en este sentido el asesor de Seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, criticó el último fin de semana  la influencia de Cuba en Venezuela. “Parte del problema en Venezuela es la fuerte presencia cubana, hay de 20.000 a 25.000 funcionarios de seguridad cubanos según informaciones públicas, este es el tipo de cosas que nos parece inaceptables”, indicó Bolton leer en nota separada en Kradiario.

El gobierno cubano condenó la medida, calificándola de una amenaza para la estabilidad mundial.

“Rechazo enérgicamente anuncio del Dpto. de Estado de EUUU de autorizar demandas, bajo Título III de la Ley Helms-Burton, contra lista de compañías cubanas sancionadas arbitrariamente por el gob. de Trump. Prórroga 30 días en el resto de los casos es inaceptable amenaza vs. el mundo”, escribió en Twitter el canciller cubano Bruno Rodríguez.

Otras empresas, como hoteles, son emprendimientos conjuntos con compañías extranjeras, pero esas compañías extranjeras no serán vulnerables a demandas, dijo un funcionario del Departamento de Estado. Ello implica que lo más probable es que la medida tenga muy escaso impacto real.

Cada mandatario estadounidense desde Bill Clinton ha suspendido una sección de la Ley Helms-Burton de 1996 la cual permitiría entablar tales demandas debido a que atraparía a compañías de países aliados de Washington en años de litigios complicados que podrían provocar denuncias comerciales a nivel internacional contra Estados Unidos.

Entre los principales inversionistas en Cuba se encuentran el gigante británico de la industria del tabaco, Imperial Brands, que opera una empresa conjunta con el gobierno cubano para producir habanos de muy buena calidad; las compañías hoteleras españolas, Iberostar y Meliá, que tienen decenas de hoteles a lo largo y ancho de la isla caribeña y el fabricante de bebidas francés Pernod-Ricard, que hace el ron Havana Club con una destilería estatal cubana.

“La medida no busca afectar a empresas europeas que están actualmente haciendo negocios con Cuba”, dijo el funcionario del Departamento de Estado, que habló a condición de anonimato. “No se podrá demandar a la parte europea o japonesa en una empresa conjunta”.

Abogados de estadounidenses que han demandado compensación por la confiscación de sus bienes en Cuba dijeron que la decisión del gobierno de Trump de anunciar un levantamiento extremadamente parcial  del Título III de Ley Helms-Burton podría ser ilegal, porque violaría el derecho de sus clientes a presentar demandas.

Tras casi 60 años de embargo comercial, la economía cubana está creciendo a un modesto ritmo de alrededor de 1% anual y las inversiones extranjeras ascienden aproximadamente a 2.000 millones de dólares, mucho menos de lo necesario para impulsar la prosperidad.

Pero el turismo, las remesas y el petróleo subsidiado de Venezuela le han permitido al gobierno cubano mantener servicios básicos y cierto grado de estabilidad que a todas luces no parece afectado por las recientes medidas de Washington contra Cuba y sus aliados latinoamericanos como Venezuela y Nicaragua.