En Chile no se han controlado por décadas los gastos reservados de las FF AA ni tampoco de otras instituciones estatales, lo que ha originado ahora un escándalo de grado mayor con muchas explicaciones y declaraciones formales que no llevan, sin embargo,  a soluciones concretas para el futuro.

El contralor general de la República Jorge Bermudez advirtió a las autoridades nacionales, en mayo de 2016, que su entidad estaba informando de los gastos reservados de las FF AA sin “ningún respaldo alguno”. Todo esto surge ahora por la investigación que se realiza en contra del ex comandante del Ejército, general (r) Juan Miguel Fuente-Alba, quien es acusado de la malversar $ 3.500 millones en gastos reservados.

El ex  ministro de defensa  de la Presidenta Michelle Bachelet Jeria, Francisco Vidal (2009-2010), acaba de reconocer su falta de diligencia en este sentido en una entrevista con CNN. El declaró que “con la experiencia y con todo lo que sabemos, no fui diligente” al no pedir una rendición formal de cuentas de estos gastos.

Bermudez, quien asumió su cargo en junio de 2016, envió ese mismo año un oficio a la entonces Presidenta Michel Bachelet asegurando que los gastos de instituciones públicas claves se informaban  “sin respaldo alguno”, como reveló este domingo el diario La Tercera.

Al contralor, al asumir el cargo en marzo de 2016,  le llamó mucho la atención el tema de la rendición de gastos reservados, especialmente por las FF AA, la que simplemente no se hacía o se hacía a medias con informes en sobre cerrado que los comandantes le entregaban al contralor en su oficina.

La Tercera explica que se ha entendido como un procedimiento normal que, en el caso de las instituciones castrenses, los comandantes en jefe de cada rama acudan a la oficina del contralor de turno con un sobre cerrado que en su interior se incluye la rendición -reservada y genérica- junto a una declaración jurada. Y así ha sido siempre y, al parecer se sigue haciendo.

El ex ministro de Defensa Francisco Vidal fue quien propuso a Fuente-Alba, su ex compañero de colegio durante la básica, en la presentación de la quina que hizo a la ex presidenta  Bachelet para el mando en el Ejército.

En entrevista con CNN Prime, Vidal dijo que en ese tiempo la evaluación de los candidatos a altos mandos del Ejército se limitaba a revisar la hoja de vida y el tema de los derechos humanos, pero no se evaluaba el tema patrimonial” de quienes iban a asumir cargos de comandantes en jefe en las FF AA, por ejemplo. De esta forma recién en 2016 se había enterado él del millonario patrimonio real de Fuente-Alba, explicó en la entrevista televisiva. Sin embargo, en el tema de los DD HH,  las autoridades nacionales igualmente se equivocaron o  fallaron en el caso del nombramiento de Juan Emilio Cheyre como comandante en jefe del Ejército, quien ejerció el cargo entre el 10 de marzo de 2002 al 10 de marzo de 2006.

Ante el informe o advertencia de Bermúdez en 2016  no ha pasado hasta hoy nada de nada. El oficio detalló la forma prevista en la Ley 19.863, promulgada en 2003, la que regula los gastos reservados de las FF.AA. y de otras nueve instituciones públicas: la Presidencia, el Ministerio del Interior, Cancillería, la Dirección de Fronteras y Límites del Estado, el Ministerio de Defensa, la Subsecretaría para las FF.AA., Carabineros, PDI y la Agencia Nacional de Inteligencia.

Bermúdez advirtió, además, que “la Contraloría debe limitarse a hacer fe del contenido de lo informado, careciendo de los medios para comprobar si los recursos asignados en cada caso han sido efectivamente invertidos en la forma en que la ley prevé”.

Igualmente Bermúdez calificó la situación en 2016 como una “debilidad normativa” y solicitó a la  entonces Jefa de Estado, Michelle Bachelet,  ponderar “una eventual modificación en términos de permitir el completo acceso de esta Contraloría a la documentación de respaldo de los gastos, sin perjuicio de mantener la obligación de guardar la debida reserva al respecto”.

La Tercera, que abordó el tema en un reportaje de mucho nivel periodístico, agregó que un importante funcionario del Ministerio de Hacienda de la administración de Bachelet asegura que no hubo ninguna iniciativa que se haya evaluado para modificar la rendición de cuentas. La misma fuente no recuerda que desde la cartera de Defensa se pidiera analizar algo así, sin mencionarse tampoco al  ex ministro Francisco Vidal. Esta versión fue ratificada por un exfuncionario de esa repartición en el periodo pasado.

Los gastos reservados

Fuente-Alba contó todo en su confesión ante la ministra en visita Romy  Rutherford. El apoyo mensual entregado a los ex comandantes en jefe  complica igualmente a otras ex máximas autoridades castrenses.

Según la confesión de la ex autoridad los montos se entregaban en forma mensual. Al principio, en 2010, eran $ 400.000 mensuales, luego esa cantidad aumentó a $ 600.000, hasta llegar en 2013 a $ 800.000 mensuales, dineros que por ley deben ser ocupados en tareas de inteligencia y contrainteligencia y no en gastos personales como sería el caso Fuente-Alba.

A ello agregó que “esto pasó con el general Ricardo Izurieta Caffarena, el general Juan Emilio Cheyre y el general Óscar Izurieta Ferrer. Esos recursos por ley debían ser usados exclusivamente para operaciones de inteligencia y contrainteligencia, no para otros fines o fines personales, como sería el caso Fuente-Alba.