Foto de portada: Nicaragua libera a “presos políticos” horas antes del reinicio del diálogo con la oposición esta semana.

Frente a un cuadro de tristeza y desamparo que lo conforma la detención de 600 nicaragüenses que todavía están en prisión tras haber protestado contre el gobierno del presidente Daniel Ortega en Nicaragua, comenzaron oficialmente esta semana las conversaciones para poder encontrar el camino que pueda llevar a los niacaragüenses a la paz tras un año de luchas callejeras que dejaron 500  muertos y numerosos heridos.

Algunos de los encarcelados cumplen ya condenas de hasta 216 años por delitos que los fiscales y jueces, controlados por el gobierno de Ortega, califican como autores de graves actos terroristas.

Daniel Ortega con su esposa, la vicepresidenta del país centroamericano.

La modificación de las medidas cautelares de este grupo de personas coincide con el reinicio de las negociaciones entre el gobierno de Ortega y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, movimiento de derecha que aglutina a una parte importante de la oposición. Hace una semana, el 21 de febrero, el mandatario anunció que su gobierno volvería a negociar con los opositores para “construir esa nueva ruta, ese nuevo camino, que mejore las condiciones para que el país y, por lo tanto, el pueblo nicaragüense, se pueda ir recuperando más rápidamente de los efectos del intento de lo que el oficialismo considera como intento de golpe de estado la violencia pública iniciada en abril de 2018.

Con la reapertura de las negociaciones, Ortega pone fin a ocho meses de ruptura del diálogo con sus opositores, entre los que se incluyen las empresas privadas, los campesinos, los universitarios y una parte de la jerarquía de la iglesia católica.

En la mesa de diálogo se sientan el canciller Denis Moncada, el cardenal Leopoldo Brenes, el nuncio apostólico Waldemar Sommertag y Mario Arana, representante de la Alianza Cívica, entre otros integrantes.

La oposición ha dicho que acude a la negociación para defender los intereses de la ciudadanía. Valeska Valle, participante suplente de los sectores universitarios, dijo que no cederán en las demandas vitales de libertad para todos los nicaragüenses y ciudadanos arrestados por razones políticas, garantías para la seguridad de la ciudadanía opositora y la creación de condiciones adecuadas para la celebración de elecciones transparentes antes de 2021.

El primer intento de diálogo se suspendió en junio de 2018, pero hizo posible que Ortega aceptara el ingreso de misiones especializadas en Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas. Ambas entidades reportaron graves violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de Nicaragua, entre las que se destaca el uso de armas de guerra en la represión de las protestas; se estima que las acciones represivas causaron la muerte de más de quinientas personas.

Luis Carrión, excomandante de la revolución popular sandinista y disidente del oficialista partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), asegura que la disposición de Ortega para sentar a sus operadores políticos en la misma mesa de los opositores, a quienes ha acusado de terroristas y de querer darle un golpe de Estado, es una clara muestra de debilidad.

“Ortega se está asfixiando y necesita tomar aire”, dijo Carrión durante una entrevista con The New York Times. “Él quiere usar el diálogo para permanecer en el poder hasta el 2021, quitarse de encima las sanciones (de Estados Unidos), romper el aislamiento internacional y poder presentar al mundo que la situación en Nicaragua ya es normal”.

En todo caso Ortega no está dispuesto a perder ni un “centímetro de poder” ni tampoco entregar el poder “así como así”. La negociación ocurre días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera en un acto oficial que “un día, pronto, con la ayuda de Dios, veremos lo que la gente hará en Caracas, en Managua y La Habana; y cuando Venezuela sea libre, y Cuba y Nicaragua sean libres”.

Las partes conversaron esta semana en la definición de un mecanismo a seguir para ponerse de acuerdo, según informaciones eclesiásticas de Managua. Así al menos lo dice un comunicado conjunto. Se espera que este diálogo, si no se rompe antes, se extienda por algún tiempo y no será fácil por las profundas heridas que permanecen abiertas.

Un poco de historia

El “modelo” de Daniel Ortega se construyó sobre una alianza con el gran capital nacional y el Ejército, con la cual logró contener durante diez años las expresiones de conflicto social. Pero la ola de protestas desarrolladas desde el mes de abril de 2018 mostraron el descontento en las calles con masivas manifestaciones. La represión y la violencia mostraron durante el último año la crisis del gobierno de Ortega, quien intentó sindicar a los manifestantes como criminales y pandilleros. Sin embargo, el movimiento de protesta ha estado liderado por jóvenes estudiantes nacidos en la postrevolución (después de 1990).  Nicaragua está en crisis y la insurrección de abril lo ha dejado en evidencia.

El 16 de abril de 2018, el presidente Ortega, firmó un decreto ejecutivo que reformaba el sistema de seguridad social. Al día siguiente, cuando lo mandó a publicar, no se imaginó la ola de movilización y protesta social que desencadenaría esa decisión. Su gobierno estuvo al borde del colapso.

Las protestas comenzaron realmente a comienzos de abril, cuando el gobierno no atendió adecuadamente el incendio que se produjo en la reserva biológica Indio Maíz, una de las más importantes de Nicaragua. Entonces, grupos de jóvenes ambientalistas salieron a protestar demandando una actuación más beligerante por parte del gobierno y fueron reprimidos por la policía.