Por Andrea Bustos C.

En medio del procesamiento que enfrenta el general (r) del Ejército y ex Comandante en Jefe, Juan Manuel Fuente-Alba por malversación de caudales públicos debido al uso de 3.500 millones de pesos de gastos reservados, se ha reinstalado el debate en torno al control que el Estado ejerce sobre las Fuerzas Armadas, una fiscalización que, según expertos, es débil y que debe mejorarse lo antes posible.

Viajes, regalos, fiestas, lujos y pago de gastos personales son parte del destino que el ex Comandante en Jefe le dio al dinero que utilizó de los gastos reservados. Un uso similar al que hicieron los oficiales involucrados en el fraude de Carabineros y en el Milicogate.

Frente a esta situación, la cientista política y experta en seguridad, Lucía Dammert, señaló que la normalización de actos ilegales en las Fuerzas Armadas y de Orden demuestra que el Estado de Chile no ha sabido ejercer su control sobre las instituciones, por lo que en su interior se entregan una serie de beneficios, tanto reconocidos como ocultos que, aunque sean incorrectos, no han podido ser eliminados.

Respecto del uso irregular de dinero, la experta sostuvo que si bien son acciones ilegales y que ponen en juego la ética de las personas, “muy probablemente esto es una situación que se realizaba históricamente y que ellos asumieron que, si bien estaba fuera del marco legal, era algo aceptado o normalizado, lo que si duda demuestra que uno de los temas pendientes en el proceso democrático chileno es mejorar los controles y una fiscalización de aquellos espacios de discrecionalidad que han tenido en los últimos años”.

Además, la académica de la Universidad de Santiago indicó que “parte de la transición puso énfasis en disminuir la participación de los militares en política, pero la contra cara fue no disminuir muchos de los beneficios, las prebendas y las discrecionalidades institucionales”.