La Asociación Americana de Juristas (AAJ), reafirma sus objetivos de lucha por la autodeterminación de los pueblos; la acción contra el imperialismo, el colonialismo, el fascismo; el principio de coexistencia pacífica entre estados de diferentes sistemas sociales y económicos; la defensa y promoción de los derechos humanos y su efectiva vigencia; y la movilización de los juristas de los países americanos, a fin de desarrollar una acción conjunta tendiente a lograr que la ciencia jurídica participe activamente en sus respectivos países en el proceso de cambios socio económicos.

Citamos nuestra declaración del 24 de enero de 2019, que en parte dice: “Ante la grave situación provocada por el gobierno de los Estados Unidos y sus lacayos, que mediante falsedades y un monumental montaje mediático, están instrumentando un golpe de estado en Venezuela, o una invasión por sus propias fuerzas militares, o a través de otros países de la región, como Colombia o Brasil, la AAJ expresa: Nuestra categórica condena a la injerencia imperial y el intento de golpe de estado del gobierno de los EE.UU. contra Venezuela, que desconoce la decisión soberana del pueblo venezolano en elegir a Nicolás Maduro como su legítimo Presidente.” La AAJ condena y denuncia la escalada de acciones por parte del gobierno de los Estados Unidos y de la administración Trump contra la República Bolivariana de Venezuela, para llevar a cabo una invasión militar y provocar una guerra, utilizando como falso pretexto el ingreso de“ayuda humanitaria”.

Llamamos a la comunidad internacional, a los pueblos de nuestro Continente y a las voces progresistas y anti-imperialistas del mundo, incluyendo en los EEUU, a condenar y oponerse a la aventura imperial que se está gestando. No olvidemos que sucesivos gobiernos estadounidenses propiciaron derrocamientos: del presidente de Venezuela Rómulo Gallegos en 1948; del presidente de Guatemala Jacobo Arbenz en 1954; del presidente de República Dominicana Juan Bosch en 1963, seguido de la ocupación militar en 1965; del presidente de Brasil Joao Goulart en 1964, con instalación de gobierno militar que duró hasta 1985; del presidente de Bolivia Juan José Torres, en 1971; del presidente democráticamente electo de Chile Salvador Allende en 1973, con instalación de gobierno militar que duró hasta 1990; de la presidente de Argentina Isabel Perón en 1976, con instalación de gobierno militar que duró hasta 1983; del presidente de Grenada Maurice Bishop en 1983 e invasión militar; la invasión a Panamá en 1989, del presidente Manuel Zelaya de Honduras, en 2009; del presidente Fernando Lugo de Paraguay, en 2012; y de la presidenta Dilma Rousseff, de Brasil, en 2015.

Tampoco olvidemos los frustrados intentos intervencionistas en nuestro Continente como en golpe militar de abril del 2002 en Venezuela contra el Presidente Hugo Chávez, en Bolivia contra el presidente Evo Morales en 2008 y contra el presidente Rafael Correa en Ecuador en el 2010. Recordemos la instalación del Plan Cóndor, plan de terrorismo de estado de las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay y el rol imperial en su consecución. Hoy, el gobierno de los EEUU plantea abierta y descaradamente recurrir a la fuerza con el objetivo de mantener sus designios imperiales e imponer la guerra, para apropiarse de la mayor riqueza del planeta y enclavar más bases militares dentro de nuestro Continente, con desprecio de la igualdad soberana del pueblo venezolano.

Es preciso tomar nota de que entre el 6 y el 10 de febrero de 2019, se han realizado vuelos de aviones militares hacia Puerto Rico, la República Dominicana y hacia otras islas del Caribe, originados en instalaciones militares estadounidenses. No es coincidencia que, desde Washington, el corillo dirigido por el vicepresidente Mike Pence, el secretario de estado Mike Pompeo, el senador Mark Rubio, el asesor de seguridad John Bolton , el director del hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional, Mauricio Claver-Carone, el tenebroso enviado especial sobre Venezuela Elliot Abrams, y por supuesto, la CIA, hayan elaborado, organizado y gestionado el financiamiento de un golpe de estado e intervención militar en Venezuela mediante la autoproclamación de un supuesto presidente, que sigue al pie de la letra los designios imperiales.

Otra prueba del plan que se gesta son las continuas expresiones del presidente Trump y otros alto funcionarios estadounidenses, que con respecto a Venezuela, “todas las opciones están sobre la mesa, incluida la militar”. El gobierno de los EEUU actúa contra el bienestar del pueblo venezolano, como lo evidencia el recrudecimiento de medidas económicas unilaterales para estrangular la economía venezolana, la congelación de fondos en bancos, el bloqueo de alimentos y medicamentos, las sanciones a empresas y extorsiones a Estados proveedores, los sobrevuelos y las diversas amenazas de invasión, lo que ha incrementando la escasez y sufrimientos de carácter humanitario. Esta forma de agresión constituye un crimen contra la paz.

Los crímenes contra la paz son aquellos que tienen como objetivo la dirección, preparación, desencadenamiento o ejecución de una guerra que contraviene los tratados, acuerdos y garantías internacionales.

El delito de agresión o crimen contra la paz se contempla en el artículo 5º del Estatuto de Roma y tiene su antecedente en los Juicios de Núremberg y de Tokio. Su fundamento político está establecido en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. El inicio de una guerra de agresión es un crimen estipulado en el Derecho internacional consuetudinario como cualquier guerra que no sea de autodefensa o sancionada por el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. A su vez el art. 1 de la Carta de la ONU establece que los Propósitos de las Naciones Unidas son:

1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz;

2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otros medidas adecuadas para fortalecer la paz universal. El art. 2, párrafo 4 establece que: Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán derecurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas. Opinamos que se decide hoy en Venezuela la soberanía y la dignidad de América Latina y el Caribe y de los pueblos del Sur. También están en juego la supervivencia de las normas del Derecho Internacional, especialmente la Carta de las Naciones Unidas. Se define si la legitimidad de un gobierno emana de la voluntad expresa y soberana de su pueblo o del intervencionismo de potencias extranjeras.

En consecuencia, la AAJ condena la acción colonialista y arrogancia imperialista del gobierno de Estados Unidos y sus cómplices y encubridores; expresa su solidaridad con el pueblo venezolano y su gobierno; y convoca a todas las organizaciones de juristas, laboristas, profesionales, religiosas, intelectuales y a todos amantes de la paz a pronunciarse por el respeto a la soberanía venezolana y a exigir a sus gobiernos actuar en el mismo sentido con respeto de la Carta de la ONU, que promueve el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones, porque en Venezuela se juega el derecho de todos nuestros pueblos a decidir su propio destino, la integración regional y la dignidad de nuestra América.

A 19 de febrero de 2019 Vanessa Ramos Luis Carlos Moro Presidenta AAJ Continental, Secretario General Luis Carlos Moro y Beinusz Szmukler Presidente del Consejo Consultivo de la AAJ, firman la declaración.

(*) La Asociación Americana de Juristas es una O.N.G. fundada en 1975 en Panamá, con estatuto consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Los principios y objetivos de la A.A.J. bregan por la autodeterminación de los pueblos, en pos de que a partir de la plena independencia económica puedan ejercer la soberanía del Estado sobre sus riquezas y recursos naturales. También consideramos fundamental el accionar contra el imperialismo, el colonialismo, el fascismo, el neocolonialismo, y contra la discriminación racial, de la mujer, los aborígenes y minorías nacionales.

Luchamos por la defensa de la paz efectiva basada en el principio de la coexistencia pacifica entre Estados de diferentes sistemas sociales y económicos. Buscamos la defensa y promoción de los derechos humanos y la concreción de mejores y más efectivas garantías de protección.

Condenamos y denunciamos las legislaciones represivas existentes en países americanos, que contradicen o tergiversan los principios y objetivos de esta entidad.