Por Manuel Acuña Asenjo

Los graves hechos que han sucedido en torno a Venezuela en estas últimas semanas obligan a entregar una opinión acerca de lo que ocurre en ese país. No por algo la discusión actual, gústenos o no, se centra en esos tópicos en forma tal que resulta casi imposible sustraerse a aquella. Y no es para menos: el presidente en ejercicio (Nicolás Maduro) es declarado ‘usurpador’ por el Parlamento de ese país y su presidente (Juan Guaidó) se autoproclama ‘presidente encargado’ de la República.

Estados Unidos lo reconoce de inmediato y pide a los demás países occidentales que sigan su ejemplo; Rusia y China no lo hacen sino, por el contrario, continúan reconociendo como tal a Nicolás Maduro.

Los 28 países que componen la Unión Europea dan a éste un ultimátum de 8 días para llamar a elecciones presidenciales (con la notable excepción de Italia que desconoce la medida) advirtiendo que, de no procederse de esa manera, reconocerían en calidad de legítimo presidente de la nación a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional.

Entretanto, para dar validez y consistencia a esa posible designación, las naciones occidentales se apoderan de las reservas de dinero que Venezuela tiene depositadas en las cuentas corrientes abiertas en los bancos de aquellas para ponerlas a disposición del líder opositor. Y para rematar, USA indica que el empleo de contingentes militares es de todas maneras “una opción”.

Razones para apoyar la permanencia en el cargo del actual presidente en ejercicio hay muchas; también las hay para justificar las acciones de su opositor. De hecho, ese es el tema central del debate; no la temática de los principios que orientan o, al menos, deberían orientar las relaciones internacionales que parecen haber sido olvidados ante la contingencia. Y es en este aspecto en donde resulta poco menos que trágico constatar que gran parte de quienes discuten sobre el particular defienden a ambos personajes. Como si allí radicara el núcleo central del problema. Las simpatías y antipatías hacia uno u otro ilustran gran parte de la argumentación que se entrega; también la defensa a un presunto ‘socialismo’ de quienes aún creen ver en Rusia y China la persistencia de un nostálgico recuerdo.

Lo cierto es que, a nuestro entender, subyace bajo ese debate algo más serio y crucial: ambos contendientes representan intereses de clase que, para ser claramente determinados, requieren de un examen un poco más acucioso que el de una simple conversación. Paralelamente a ello ha de examinarse si es que algunos de los principios que han servido de base para la construcción del Derecho Internacional y el sistema democrático de gobierno siguen vigentes o si ha llegado el momento de abrogarlos o modificarlos. Ahí nos parece que radica, en definitiva, el verdadero problema. En los acápites que se siguen, intentaremos introducirnos en estos tópicos.

EL DERECHO A OPINAR

Pero, ¿es posible aceptar una discusión sobre tan importantes asuntos premunidos solamente de la escasa base que puede dar la simpatía o antipatía por determinados sujetos? ¿Es posible aceptar que, en nombre del hambre de un pueblo se inmiscuya la comunidad internacional para resolver, incluso, ‘manu militari’ —si fuera posible— el conflicto interno de un Estado? ¿Por qué no se hace eso mismo con otros países que han vivido y viven aún una situación similar a la que experimenta Venezuela?

Con prescindencia del derecho sagrado que compete a todo individuo a tener su opinión sobre el tema, se echan de menos algunas consideraciones que es del caso señalar. Y de esa manera evitar que la discusión se oriente hacia otros tópicos que nos parecen, en verdad, irrelevantes. Lo que invita a sugerir que, si bien es cierto todo individuo puede dar o entregar una opinión sobre el tema que nos interesa, bien podemos exigirle, al menos, que esa opinión sea medianamente fundada.

EL PRINCIPIO DE LA NO INTERVENCIÓN

Uno de los principios sobre los cuales se fundamenta la existencia misma del Derecho Internacional es el llamado ‘principio de la no intervención’ según el cual ningún Estado o grupo de Estados puede inmiscuirse en los asuntos internos de, también, otro u otros Estados. Existe consenso en torno a considerar que jamás Estado alguno puede hacer suyos los problemas o formas de actuar de otro respecto de sus nacionales, con una gran excepción: el respeto riguroso a la vigencia de los derechos humanos. Sin embargo, aún tratándose de hechos tan graves como lo es la violación de esos derechos, la forma de solución de esos temas se realiza a través de condenas sucesivas que los diversos organismos de las Naciones Unidas deben hacer del Estado infractor. Aún así, las medidas acordadas en el Derecho Internacional no contemplan la invasión, la declaración de legitimidad o ilegitimidad de los Gobiernos, el derecho a exigir el cumplimiento de determinados compromisos dentro de otros determinados plazos, en fin, sino la reciprocidad, la retorsión, el retiro de las representaciones diplomáticas, el boicot, etc. Los chilenos bien sabemos de todo ello en los diecisiete años que duró la dictadura pinochetista. Por lo demás, este principio de la no intervención fue el que esgrimió Estados Unidos respecto de Siria cuando ésta intervenía directamente en la política interior del Estado libanés, al que trataba como si fuese parte suya, argumento que volvió a alegarse por la comunidad internacional para exigir de Siria el retiro de toda ingerencia suya dentro de dicho Estado.

EL PRINCIPIO DE LA LIBRE AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS

Este principio, al igual que el anterior constituye otro de los pilares sobre los cuales se levanta la armazón del Derecho Internacional, principio que podemos considerar como el anverso del anterior porque así como ningún Estado puede inmiscuirse en los asuntos internos de otro, también cada población es libre para darse la organización que desee. No por algo, y a sabiendas de lo que sucede al interior de esas formaciones sociales, tolera la comunidad internacional regímenes altamente autoritarios como lo es el de Duterte, en Filipinas —que se ha atrevido recientemente a proponer una ley que rebaja la edad para delinquir y permite hacer responsables de delitos a quienes tengan 9 o más años de edad—;  dictaduras como la tailandesa, que se extiende ya por varios años, y monarquías tan abominables como las de los emiratos árabes, donde se violan constantemente los derechos humanos y los de la mujer, entre otros. La comunidad internacional jamás ha adoptado medidas contra ellos aún cuando está consciente de las arbitrariedades que a diario allí se cometen. ¿Y qué decir de Israel? ¿Y de Irak? ¿Y de Yemen?

DEMOCRACIA Y ELECCIONES

Del mismo modo, la comunidad internacional ha reconocido a la democracia como la forma más tolerable de gobierno para las naciones no sólo occidentales sino de todo el orbe, aceptándose formas disonantes precisamente para no pasar por encima de los principios expuestos precedentemente.

Pero la esencia de la democracia se manifiesta en la existencia de elecciones periódicas, libres, secretas e informadas; no en sucesiones hereditarias ni en conatos revolucionarios que ponen a uno u otro dictador en la cima de una nación. Menos en el eventual reconocimiento que uno o varios estados puedan hacer del gobierno que se instala; mucho menos, en instalar a una persona en esa calidad o participar en el reconocimiento de alguien que se autoproclama ‘presidente encargado’ luego de haber acordado esa maniobra junto a líderes de otros países para obtener, de esa manera, un reconocimiento de la comunidad internacional.

Semejante práctica no sólo implica trasgredir uno de los principios estelares de la democracia sino establecer la inutilidad de las elecciones como método de generación de las autoridades, despojar a los ciudadanos del legítimo derecho que les compete para elegir sus propias autoridades y poner una lápida al principio central que caracteriza a los regímenes occidentales —la elección—, para reemplazarla por la voluntad colectiva internacional, concepción que implicaría el derrumbe de los límites fronterizos de cada nación y el comienzo de la dominación mundial por parte de determinadas naciones.

DEMOCRACIA Y DICTADURA

En estricta teoría, el sistema capitalista funciona normalmente con gobiernos democráticos: son los gobiernos democráticos ‘normales’. Sin embargo, el funcionamiento de un gobierno democrático puede ser interrumpido. La forma de gobierno que adopta dicha interrupción democrática es la de ‘gobierno de excepción’ o ‘dictadura’, forma que se establece en virtud de un acto de fuerza, de violencia ejercida sobre un vasto grupo social. Puede ser a través de una invasión externa o a través de un golpe de Estado. Y hay consenso generalizado entre los tratadistas que no puede la comunidad internacional resolver los problemas propios de una nación recurriendo al empleo de la deslegitimación de un gobierno para reemplazarlo por otro que pueda representar sus eventuales intereses; en otras palabras, hay repulsa internacional cuando se recurre al golpe de Estado o a la invasión para resolver una crisis que cree verse en la nación que se va a intervenir. Porque implicaría establecer una nueva forma de concebir el Derecho Internacional en donde el golpe de Estado no sería considerado como un vicio de la democracia sino como la forma normal de resolver los problemas internos de otra nación en donde existen recursos naturales que despiertan el apetito de las grandes potencias. Los golpes de Estado pasarían, de esta manera, a ser clasificados en buenos y malos. Lo que nos conduce a una última consideración.

NI COMUNISMO NI SOCIALISMO: SOLO CAPITALISMO

Las creencias constituyen parte de la cultura; tienden a perseverar a lo largo de la historia. Y aún cuando cambien las circunstancias, existe la tendencia a seguir creyendo que nada ha cambiado y que todo sigue igual. La vieja ‘bipolaridad’ que existió hasta 1990 parece seguir viva en la mente de algunas personas que siguen viendo a la potencia norteamericana como el símbolo de la libertad y a Rusia y a China como paladines del estatismo y de la opresión; por el contrario, hay quienes continúan creyendo encontrar en Estados Unidos al viejo ‘imperialismo norteamericano’ y en Rusia y China a países que muestran una ruta a seguir para alcanzar una sociedad mejor.

En verdad, la fase actual en la evolución del sistema capitalista nos indica otra cosa. Si aceptamos que dicha fase no es sino la de expansión sin precedentes de sus dominios planetarios, forzosamente hemos de concluir que no existe en todo el globo terráqueo ‘comunismo’ alguno que pueda ofrecer fórmulas alternativas de desarrollo a quienes siguen aún creyendo que tanto Rusia como China son ‘estados socialistas’ y no regímenes capitalistas cuyos modos de producción los hacen competir vorazmente entre sí y cuya única finalidad consiste en apoderarse de los recursos naturales del planeta al precio de lo que sea.

CONCLUSIONES

Para intentar comprender lo que sucede en Venezuela, previo es recordar que el presidente norteamericano Donald Trump no es solamente un sujeto que esté en ese cargo por voluntad popular: representa, como lo hace la generalidad de los presidentes y parlamentarios, un interés de clase. Pero no cualquier interés sino el de una de las tres fracciones de las cuales se compone la clase de los compradores de fuerza o capacidad de trabajo: el de su fracción industrial. No por otra cosa la administración Trump ha querido demoler ese modelo neoliberal que, a su vez, ha desmantelado la industria norteamericana; por eso quiere reindustralizar la nación; por eso el apoyo que recibe de los sectores industriales más golpeados de USA y de un proletariado cesante a quien ha prometido devolver sus puestos de trabajo; por eso su slogan ‘Make America great again’.

La recomposición de la industria de ese país implica, sin embargo, la recuperación de su poderío anterior. Y éste no es aquel que se ha señalado para los países pobres como Chile, en donde el sector industrial no vacila en vaciar las reservas de agua de la nación y dejar zonas áridas y desérticas para satisfacer el interés de los madereros y fruteros, sino una industria gigante, inmensa: el complejo militar industrial. La estrategia para lograr reconstruir ese poderío no es otra que la de crear conflictos en diversas zonas del planeta, amenazar con invasiones e intervenciones armadas y dinamizar de ese modo la economía. Es lo que puede hacer grande nuevamente a los Estados Unidos, algo que no le parece bien a las otras potencias que han crecido al amparo de ese declive. La suspensión de la participación de USA en el Tratado nuclear con Rusia no tiene otra finalidad que la indicada. Y la posesión de los recursos naturales del planeta pasa a ser uno de los objetivos centrales de la nueva fase que recorre la evolución del sistema capitalista mundial.

No por algo Venezuela es hoy víctima de los apetitos de USA, Rusia y China que solamente quieren tomar para ellas las riquezas que necesitan (petróleo, coltán, oro, diamantes, por poner algunas de las riquezas que tales potencias codician). No hay ‘socialismo’ detrás de tales pretensiones sino capitalismo puro, al más fiel estilo de aquel que empleara con éxito Estados Unidos en los años anteriores a la caída de la Unión Soviética.

Por consiguiente, todo lo que sucede en Venezuela no es exactamente una disputa entre ‘buenos’ y ‘malos’ sino entre agentes de las clases y fracciones de clase de una nación que se disputan el derecho de celebrar convenios más o menos convenientes para ellos con los representantes de las potencias interesadas en apoderarse de las riquezas básicas del país. Unos quieren que la explotación de esos recursos la haga USA; otros quieren que dicha explotación la haga Rusia o China. Nada más. Situación muy similar, por lo demás, a la que puede existir en Nicaragua, con la construcción del canal interoceánico, o en otro país que ofrezca al Estado interesado un ‘producto’ semejante que atraiga su atención. Son, en suma, conflictos entre clases y fracciones de clases dominantes que siempre han sido las interesadas en resolver sus problemas a través de la fuerza o la violencia.

Y cuando la solución de los conflictos depende de las clases y/o fracciones de clase dominantes, la situación es grave. Porque dichos estamentos sociales siempre resuelven sus problemas ‘manu militari’. No por algo han desencadenado guerras mundiales y guerras locales y regionales, algo que dinamiza al sistema capitalista mundial; especialmente en la construcción de nuevos y más sofisticados equipamientos y pertrechos de guerra, industria que tradicionalmente ha obtenido de ello ganancias en modo alguno despreciables. Y es que la destrucción de una nación no implica solamente el desarrollo del comercio y de la industria a través de la compra y venta de los equipos militares que se requieren para librar una guerra. Implica también la tarea de la reconstrucción de la nación, la asignación de cuotas territoriales sobre las cuales van a operar las diversas empresas que han competido durante el conflicto para adjudicarse las áreas de la economía que han de levantar. En suma, todo conflicto es un buen negocio para las partes ganadoras. Las vidas humanas poco o nada significan para el intercambio mercantil. Porque como lo señala el viejo refrán africano: ‘cuando pelean los elefantes, es el pasto quien sufre las consecuencias’.

Maduro no es el símbolo del socialismo; ni Guaidó el símbolo de la libertad. Por el contrario: representan intereses de grandes consorcios que disputan entre sí lo que poseen los venezolanos. La labor de quienes estamos fuera de esas contiendas es preocuparnos de la población venezolana, de sus clases dominadas, y no de quienes aparecen como sus líderes o conductores. En ese sentido, nuestra labor ha de ser acercar a las partes y no exacerbar sus diferencias, buscar puntos de unión y no de desunión, de diálogo y de entendimiento, para evitar que otras manos, con el desprecio de las vidas humanas, se apropien o hagan suyas las riquezas de ese país que es parte de nuestra América.