El sangriento golpe registrado este jueves en  Colombia en una unidad de la Policía con 21 muertos y 68  heridos,  ha dejado perplejos a numerosos expertos que pensaban que este tipo de violencia ya había sido erradicada de este país sudamericano, víctima en el pasado del mal del narcotráfico a gran escala y el de la guerrilla.

Hay quienes piensan que este segundo mal podría ser la fuente para hallar a los autores de la colocación de una bomba de ochenta kilos en el Escuela policial de Cadetes. Y en este sentido se delibera en torno a una fracción de la ex Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) que está activa en la frontera con Ecuador

El desarme  de las FARC y su conversión a partido político, no fue evidentemente  una solución para el problema guerrillero porque rápidamente comenzaron a surgir nuevamente «las disidencias activas».

Hoy, por ejemplo, la frontera colombo-ecuatoriana está militarizada en ambos lados. En esta zona se han asesinado periodistas (del diario El Comercio de Quito)  tras pasar secuestrados durante 17 días como también civiles y especialmente turistas, que han pasado y pasan por lo mismo sin saberse cual será el destino final de ellos. El grupo dominante allí es el del disidente de las FARC  Oliver Sinisterra (foto abajo).

Otra fuente viva es  la también  histórica organización guerrillera colombiana el  Ejército de Liberación Nacional (ELN) que desde hace varios meses ha estado negociando la paz con el estado colombiano, pero en la última etapa de conversaciones los resultados no han sido tan positivos como se esperaba.

Como si fuera poco, este miércoles Ecuador decidió renunciar a ser sede y garante de las negociaciones de paz entre Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en protesta y rechazo a las acciones de los guerrilleros.

Para los expertos, lo que ocurre es una consecuencia «no deseada» del denominado postconflicto colombiano y advierten que esto podría repetirse en las otras fronteras de Colombia como Brasil, Panamá, Perú o Venezuela.

Al parecer el gobierno colombiano no quiere reconocer que los autores del atentado son guerrilleros que nuevamente están activos y sólo se limita a decir que estas acciones son actos de «bandas criminales» que deben ser «erradicadas» y separa estos hechos del proceso de paz y el postconflicto.

En los últimos 20 años la línea fronteriza ecuatoriana fue traspasada varias veces por las guerrillas colombianas y los secuestros no son algo nuevo. Autoridades ecuatorianas llegaron a señalar que su país no tenía frontera con Colombia, sino «frontera con las FARC».

En la zona operaba la Columna Móvil Daniel Aldana Rojas Rodríguez, uno de los bloques que se acogió al desarme en 2016 y del que se desprendió la disidencia que en la actualidad tiene en cautiverio a una pareja de ecuatorianos. Rojas Rodríguez, de 46 años, era miembro del ELN desde 1994.

Según el director del Centro colombiano de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), Jorge Restrepo, el proceso de paz y la lucha antidroga están relacionados con estos hechos recientes. «El desarme significó la intensificación de las disputas en territorio colombiano de ciertas zonas entre bandas criminales, pero el desplazamiento hacia Ecuador es una consecuencia no deseada, un daño colateral», indicó el experto a BBC Mundo.

El atentado de este jueves es quizá el más sangriento pero forma parte de otros 27 casos de los últimos tiempos y que se anotan en una larga lista.

Excepto el ataque terrorista  en el centro comercial Andio, donde murieron tres mujeres el 17 de junio de 2017, el resto ha tenido como objetivo instituciones estatales.

En enero de 2018, combatientes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la guerrilla más grande que queda, mataron a cinco policías e hirieron a más de cuarenta personas en la ciudad de Barranquilla después de bombardear una estación policial.. El ELN también secuestró a cuatro soldados, tres policías y dos contratistas del ejército el año pasado en un intento de ejercer presión sobre el gobierno de Iván Duque para establecer negociaciones de paz. Las personas fueron liberadas, pero el gobierno rechazó dialogar.

En la mayoría de los casos se concluyó que la autoría correspondía al ELN  o al MRP (Movimiento Revolucionario del Pueblo). Según la Policía han sido detenidas 13 personas acusadas de formar parte del Frente Urbano del ELN como responsables de algunas explosiones. Otras 10 fueron detenidas por formar parte del MRP.

Los investigadores tratan ahora de conocer qué grupo está detrás de la furgoneta que explotó este jueves con 80 kilos de explosivos en la Escuela de Cadetes de Policía. Ya saben quién ha sido el autor material del atentado, un hombre identificado por José Aldemar Rojas, que conducía el vehículo y murió a causa de la explosión. A raíz de los sucesos recientes, se manejan varias hipótesis.

Por una parte, creen que el atentado pertenece a los responsables de los grupos ya mencionados, que a pesar de estar «invertebrados», como cree la Fiscalía, tendrían capacidad para seguir atentando. informó el diario El Español.

Por otra parte, en Bogotá existen nuevos actores violentos como el Clan del Golfo o la disidencia de las Farc, los únicos grupos, sin contar el ELN, con los conocimientos necesarios para efectuar este tipo de acciones. Sin embargo, la policía, según El Espectador, considera que no existe una estructura de milicianos suficientemente estable en Bogotá y respecto al Clan insiste en que su objetivo no es la lucha contra el Estado.

El presidente Iván Duque (derecha), que junto con el fiscal y otras autoridades recorrió las instalaciones de la Escuela de Cadetes, explicó que ordenó a las Fuerzas Militares y de Policía que con sus organismos de inteligencia ayuden a esclarecer «quiénes son los responsables de este cobarde ataque y prevengan cualquier acción criminal».

Los colombianos esperan que la Fiscalía no sólo aclare quiénes encomendaron el atentado a José Aldemar Rojas sino también cómo éste logró ingresar con la camioneta llena de explosivos a la escuela policial.

«Un perro detectó el explosivo»

Una funcionaria de los organismos de salud de las Fuerzas Militares que no se identificó relató a Caracol Radio que la camioneta llegó a los controles de seguridad de la escuela y «mientras le hacían el registro un perro detectó el explosivo».

Según la versión de la mujer, al verse descubierto, el conductor «arrancó» el vehículo y «pasó por encima de un policía de la guardia».

Enseguida otros policías corrieron detrás de la camioneta para tratar de detenerla pero ésta se estrelló contra un alojamiento femenino de la escuela y se produjo la detonación, de tal magnitud que partió árboles por la mitad y dejó una escena dantesca, con restos humanos esparcidos por el piso.

Sólo hay una persona identificada

El patio de la Escuela de Cadetes donde ocurrió el atentado.

Entre los nueve fallecidos la única persona identificada hasta el momento es la cadete ecuatoriana Erika Chicó, cuya muerte fue confirmada por el presidente de su país, Lenín Moreno.

También resultó herida su compatriota Carolina Sanango, así como el panameño Kevin Madrid, quienes fueron trasladados al igual que el resto de heridos a diversos hospitales bogotanos.

La presencia de los cadetes extranjeros en la escuela atacada se debe a que miembros de las fuerzas de seguridad de distintos países latinoamericanos reciben instrucción en centros militares y de policía colombianos.

Sin embargo, desde hace años no se había registrado un ataque de este tipo en la ciudad. Ningún grupo reivindicó el atentado inmediatamente después de lo sucedido.

“Dios bendiga nuestro país y no permita que las épocas oscuras en donde reinaba la violencia regresen a nuestra amada Colombia”, tuiteó el congresista César Pachón.

Hacia el mediodía del jueves 17 de enero, los familiares de los cadetes de la academia estaban reunidos ahí para buscar a sus seres queridos.

Entre ellos estaba Leonor Pardo, una vendedora cuyo hijo de 21 años había estado estudiando en la academia y acababa de ser encontrado ileso.

“Escuchamos una explosión. Fue horrible porque lo primero en lo que pensé fue en mi hijo”, dijo Pardo, que se encontraba cerca de la academia policial en el momento del estallido. “Casi me desmayo”.

Pardo y otros en el lugar dijeron que sospechaban de los guerrilleros que aún quedan, muchos de los cuales están prófugos y armados a pesar de la firma de un acuerdo de paz con el grupo más numeroso, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), en 2016.

“No sabemos si fueron las guerrillas o quién fue”, dijo Pardo. “Pero las guerrillas sin duda han estado ganando fuerza”.

En enero de 2018, combatientes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la guerrilla más grande que queda, mataron a cinco policías e hirieron a más de cuarenta personas en la ciudad de Barranquilla después de bombardear una estación policial ahí. El ELN también secuestró a cuatro soldados, tres policías y dos contratistas del ejército el año pasado en un intento de ejercer presión hacia el gobierno de Duque para establecer negociaciones de paz. Las personas fueron liberadas, pero el gobierno rechazó dialogar.

Sin importar quién o quiénes sean los responsables del ataque del jueves, este fue un golpe para Duque, cuyos índices de aprobación presidencial han caído en los últimos meses, particularmente en cuanto a percepción de seguridad.