Por Walter Krohne

En cualquier otro país hubiese “ardido Troya” pero en México los casos de corrupción ya tienen acostumbrados hasta a los mexicanos más duros.

Un testigo acusó de involucramiento en el narcotráfico nada menos que al ex Presidente Enrique Peña Nieto (derecha):  El Chapo Guzmán, el capo de droga más poderoso del mundo arrestado en una cárcel estadounidense y procesado en un tribunal de Nueva York, le habría pagado un soborno de 100 millones de dólares.

Pero como la versión tiene como fuente al mismo Chapo y sus alrededores, la “novedad” no fue tal y no “calentó” a nadie, ni a los diarios que simplemente fueron indiferentes y ni siquiera mencionaron el tema entre sus titulares de portada.

No  hubo nada de nada ni tampoco el tema fue mencionado siquiera en la conferencia de prensa matutina del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, durante esta semana, donde generalmente se tratan los asuntos políticos más urgentes del país.

La preocupación hoy de los mexicanos va por otro lado: como,  ¿cuándo podrán  volver a cargar  gasolina en sus automóviles y vehículos en general?  —tras verse afectado el suministro en todo el país— y si el nuevo gobierno obtendría los votos necesarios para crear un nuevo aparato nacional de seguridad, parte de su plan para frenar la violencia en México o ¿que va a ocurrir con los inmigrantes centroamericanos que quieren cruzar de México a Estados Unidos?

La gente muestra que las acusaciones de corrupción ya no son tan sorprendentes y ya casi no le mortifica.

El problema de la deshonestidad de la clase política o de las instituciones gubernamentales, es ya parte de la cultura mexicana, así como también ocurre en otros países de la región.  Igual que en México se duda seriamente en otros países de que las acusaciones de gran calado lleguen alguna vez a prosperar. A la vista tenemos el caso de Cristina Fernández de Kirchner, que ella misma dejó las pruebas de un robo gigante al fisco, sin embargo se sabe de antemano que el Senado no aprobaría un pedido judicial de desafuero en su contra, como ya ocurrió con Carlos Menem; la mayoría peronista-justicialista lo impedirá siempre.

En Chile los casos de Soquimich y Grupo Penta están terminando bajo condiciones de impunidad que nadie  hubiese creído al inicio de estos procesos  hace solo dos o tres años.

Lo mismo piensan los mexicanos frente a  acusaciones de tanta gravedad que no pueden prosperar porque sino temblaría todo el sistema político y con ello también todo el aparato institucional.

Podría si pasar algo diferente en la justicia penal mexicana pero si llegaran a existir pruebas contundentes de una intersección entre el gobierno y el crimen organizado. La profesora de políticas públicas Guadalupe Correa Cabrera, en una entrevista de prensa, declaró que en México había un Estado de derecho muy débil y una falta de capacidad para investigar y si bien los nombres de los políticos aparecen en los juicios, después no sucede nada con ellos, opinó la académica  que está estudiando en México el crimen organizado.

Así,  un largo historial de impunidad ha dejado a los mexicanos desesperanzados. Lo mismo ocurre en Argentina, Perú, Bolivia, Chile, Brasil, Ecuador, Colombia, y América Central, sin mencionar a Venezuela, que es un caso especial.

Peña Nieto, cuyo sexenio terminó en noviembre último  no ha hecho declaración alguna  frente a la acusación.

La ONG alemana de Transparencia publicó el año pasado un  informe que revela que la percepción de la corrupción en el sector público en los países latinoamericanos sigue muy alta a pesar de ciertos avances. La organización resalta la creación de legislaciones más fuertes, como en Chile, y la investigación a altos personajes de poder como en Ecuador y Perú. No obstante, estos avances no son generalizados y “no constituyen políticas integrales que aborden las causas históricas y estructurales de la corrupción en la región”, argumenta la ONG.

En la tabla de 180 naciones, la peor calificada según este índice es Venezuela en el puesto 169 con un puntaje de 18. Le siguen Haití, Nicaragua y Guatemala, también con malas notas.

Otros países como Paraguay, México, Honduras y Ecuador obtuvieron una calificación de entre 29 y 32, muy alejada de la mejor calificada de todo el contiente americano: Canadá, con 82 de puntaje en transparencia y un honroso octavo lugar en el ranking mundial.

La voluntad política acerca de la lucha anticorrupción sufre de variaciones importantes entre países y eso podría explicar en parte el estancamiento de la región de América Latina. Los países que consideran esta cuestión como prioritaria y actúan con un aparato legislativo eficaz, basado “mediante el consenso y la participación política”, logran mejorar sus puntuaciones rápidamente.

Mientras tanto, los países que no consideran este tema como prioritario empeoran cada año, revela el análisis.

Las acusaciones en México

Las acusaciones contra Peña Nieto fueron realizadas concretamente por Alex Cifuentes Villa —un narcotraficante colombiano que trabajó de cerca con Guzmán (foto izquierda) entre  2007 a 2013. La duda siempre persiste: ¿Son verdaderas u obedecen a algún tipo de venganza?

“Tenemos una muy mala experiencia con los testigos protegidos”, dijo Max Kaiser, a The New York Times, un abogado mexicano que ayudó a escribir las leyes anticorrupción de México. “Sabemos que los testigos protegidos pueden decir cualquier cosa”. Kaiser señaló que la falta de reacciones en México no era tanto un reflejo de la resignación como una falta de confianza en la fuente de la acusación”.

Sin embargo, en este caso, las dudas son mayores, porque fue justamente Peña Nieto el Gobierno que capturó al Chapo y lo extraditó a Estados Unidos.

Pero ocurre que la desconfianza es tan grande frente a la clase política que no sería algo extraño que un presidente reciba un soborno de la magnitud ya señalada, sabiendo de antemano  que algún día se filtraría toda la información”.

Si nos ponemos en el caso de que el ex presidente hubiese recibido el dinero y luego estuvo dispuesto a darle “una cuchillada” por la espalda al Chapo al extraditarlo, estaríamos ya hablando de un ex presidente muy cerca de morir asesinado, porque la mafia de la droga no tiene límites y tampoco perdona. Todo esto puede llegar a ocurrir en cualquier país latinoamericano si no se frena anticipadamente el narcotráfico. Ejemplos de fracasos tenemos varios en Centroamérica, por ejemplo.