No hay duda que el sistema de seguridad de Nicolás Maduro en Venezuela cometió “un grave error” al detener al autodeclarado nuevo líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional (el verdadero poder legislativo) que los chavistas han intentado anular reemplazándolo por la Asamblea Nacional Constituyente.

El error está en que “una democracia” como la que quiere presentar falsamente Maduro al mundo no puede a tres días de su juramento para un segundo mandato, arrasar con lo poco y casi nada que queda de la oposición, prácticamente  desarticulada por el poder central en el marco de un régimen incierto y que aparece también inseguro.

Los funcionarios que participaron en la detención, integrantes del temido SEBIN (servicio de seguridad) fueron “despedidos o desvinculados” por el gobierno, ya que a Maduro no le quedó otro camino, ya que de lo contrario podrían haberse levantado otras fuerzas internas que esperan el momento preciso para actuar.

En su discurso en un cabildo abierto en el estado de Vargas, hacia donde se dirigía cuando fue detenido y luego liberado por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Militar, SEBIN, Guaidó pidió a los venezolanos transmitir un mensaje: “Cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”.

“Ya estoy en mi cuna, en mi estado Vargas. El régimen pretendió detenerme, pero nada ni nadie nos detendrá. Aquí seguimos adelante por nuestra Venezuela”, advirtió el dirigente.

“Hay mucha gente que falta en esta lucha todavía”, agregó Guaidó, y recordó a los presentes en el cabildo en La Guaira que “vamos a ir al encuentro de todos los venezolanos (…). Escriban, notifiquen, hablen del 23 de enero, hablen de que no pudieron con la democracia y la Asamblea Nacional, de que resistimos, de que somos sobrevivientes, no víctimas”.

“Un claro golpe de Estado que denunciamos a la comunidad internacional contra el  legítimo presidente de la Asamblea Nacional y de toda Venezuela”, sentenció Juan Guaidó a su llegada a Caraballeda tras la detención por parte del Sebin.

Juan Guiadó después de su detención en una carretera nacional venezolana.

Igualmente Guaidó comentó las versiones oficiales que siguieron tras su detención y que con la acción unilateral se había tratado de agentes del SEBIN que, supuestamente, querían proteger al dirigente de un atentado.

Al respecto advirtió que “nosotros no tenemos miedo. Los que tienen miedo son una cúpula que está en el (Palacio) Miraflores (sede del Gobierno)”, y se refirió a los representantes del gobierno chavista como “una cúpula de envilecidos ladrones que quieren robarnos la esperanza”.

Guaidó desmintió por twitter la versión oficial de supuesta protección a su persona, como se ha dicho,   tras ser liberado y con marcas en sus manos de haber sufrido  algún tipo de amordazamiento.

Venezuela, con mordaza

Fuentes periodísticas en Caracas advirtieron que la Asamblea Nacional venezolana (el verdadero Parlamento histórico)  no ha aprobado ni una sola ley durante todo el año 2018 y sus integrantes —los que todavía cumplen con las formalidades como si fuera una democracia representativa— han tenido dificultades en varias ocasiones para alcanzar un quórum  necesario para poder sesionar.

La sede de este antiguo Congreso se ha convertido en un montón de escritorios vacíos, computadoras inactivas y un malestar generalizado con salas casi sin luz eléctrica por falta de bombillas y la oficina de información legislativa, que imprimía documentos para los comités legislativos y grupos externos, carece hoy de papel y de tinta.

El cuerpo unicameral, que ha sido liderado por la oposición desde las elecciones de diciembre de 2015, fue neutralizado este verano, cuando el presidente Nicolás Maduro diseñó la creación de un nuevo cuerpo legislativo compuesto enteramente por sus partidarios chavistas, una acción que fue ampliamente criticada en Venezuela y en el exterior como inconstitucional.

La nueva entidad, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), se formó para reescribir la Constitución, pero poco tiempo después sus integrantes se otorgaron amplias facultades para redactar y aprobar leyes, permitiendo que el organismo quedara por encima de la Asamblea Nacional.

La Asamblea Nacional Constituyente fue establecida a mediados de 2017 con la cual se inició la muerte lenta de la Asamblea Nacional en medio de la creciente crisis económica. Era la primera vez en muchos años que la oposición tenía una mayoría legislativa, con lo que se entabló una lucha de poder con Maduro y su Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). El presidente y sus aliados rápidamente comenzaron a debilitar los poderes del congreso.

Pero lo peor que existe en la situación venezolana es que el  Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) está  lleno de jueces leales a Maduro,  anuló casi todas las leyes que la asamblea aprobó en 2016 y la despojó de sus poderes de supervisión presupuestaria, diciendo que sus líderes estaban en desacato por ignorar una orden que prohibía la juramentación de varios diputados de oposición que, según el chavismo, habían cometido fraude electoral.

Citando el fallo por desacato, el gobierno de Maduro también recortó el presupuesto de la Asamblea Nacional, con reducciones a los salarios y los gastos de los diputados, mientras que los legisladores del PSUV dejaron de asistir a las sesiones.

Maduro también ha intentado silenciar la disidencia de otras maneras, incluido el enjuiciamiento de los líderes de la oposición. El viernes, el TSJ autorizó que se le revocara la inmunidad parlamentaria a Freddy Guevara, vicepresidente de la Asamblea Nacional, a quien el gobierno acusó de diversos delitos por su participación en las protestas callejeras de este año.

Los críticos, sin embargo, afirman que el cuerpo constituyente de 545 miembros —una especie de congreso destinado a representar a todos los sectores de la sociedad— es un artificio de democracia y que sus decisiones son dictadas directamente por Maduro y los dirigentes del órgano, la excanciller Delcy Rodríguez y el exdiputado chavista Diosdado Cabello.

En otras palabras, Maduro y sus seguidores han construido todos los cimientos que eran necesarios para entrar a una dictadura perefecta, lo que ya está ocurriendo y avanza contra la democracia en forma inminente.

Es por eso que lo ocurrido el último fin de semana con Guidó no significa ni una orientación chavinista nueva ni tampoco la posibilidad de que se abra un diálogo político. Los ataques continuarán y si no, se le inventará algún delito al dirigente para meterlo preso o condenarlo de por vida. Las cosas no están nada de fáciles en este país caribeño porque a pesar de todo, Maduro gana algunos simpatizantes importantes en el exterior como Rusia, China y Turquía, entre otros, lo que dificulta o frena una actuación más firme o enérgica de parte del EE UU de Donald Trump, enredado en varios conflictos internos que le aconsejan marginarse por el momento de la crisis venezolana  hasta que no se calmen sus  aguas demócratas y republicanas internas.

Guaidó, con 35 años de edad, asumió a principios de este mes la presidencia de la Asamblea Nacional, el último organismo estatal bajo control opositor. Aunque ha sido en las últimas 48 horas que ha emergido como la cara más visible del movimiento nacional e internacional que aspira a sacar a Nicolás Maduro de la presidencia por considerarlo un gobernante ilegítimo.

Cuando comenzó 2018, Guaidó era un diputado más de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición aunque despojada de sus funciones tras varias decisiones del Tribunal Supremo que confirmó a la Asamblea Nacional Constituyente “con poderes plenipotenciarios”.

De acuerdo con el sistema de turnos pactado por las fuerzas opositoras, le tocaba presidir la Asamblea Nacional a Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López, el dirigente opositor encarcelado tras la ola de protestas antigubernamentales de 2013. ¿Terminará Guiadó también encarcelado como López?