Por Martín Poblete
La diputada, del Partido Comunista, Carmen Hertz, ha presentado un proyecto de ley a la Cámara de Diputados, destinado a castigar la negación de las gravísimas violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Nada sorprendente, los comunistas chilenos, herederos de la tetratología Lenin/Dzerzhinsky/Stalin/Beria, pretenden encajar una figura legal, cuya finalidad oculta en la jerigonza legalista, es imponer censura previa a las ideas y al pensamiento, escrito o de palabra, respecto a lo sucedido en los años del régimen dictatorial encabezado por el General Augusto Pinochet.
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Al parecer, la señora Hertz y sus adláteres se habrían inspirado en la reacción en Europa frente a los intentos de algunos intelectuales, entre ellos un par de historiadores, entre fines de los 1970 y mediados de los 1980, de cuestionar la realidad del Holocausto judío en Alemania bajo el régimen Nazi, así como en países europeos especialmente del este, mientras estuvieron ocupados por las fuerzas militares alemanas en el curso de la Segunda Guerra Mundial. La reacción indignada se manifestó en las instituciones de la Unión Europea, alentadas por organizaciones del judaísmo europeo particularmente en Francia y el Reino Unido; el Parlamento Europeo promulgó leyes castigando la negación de la historicidad del Holocausto.
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A esta fecha, en Chile no ha habido ni hay negacionismo, difícilmente podría darse tal figura de lenguaje. Las sistemáticas violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, en particular el atroz crimen de los detenidos desaparecidos, fueron documentadas por el trabajo de la Vicaría de la Solidaridad, fundada por el entonces Arzobispo de Santiago, Cardenal Raúl Silva Henríquez S.D.B; la Vicaría fue reforzada con la importante tarea de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, fundada por Jaime Castillo Velasco, el mas destacado luchador laico, secular, de la causa por la defensa de los derechos humanos en aquellos tiempos. Ambas instituciones dejaron valiosos archivos al servicio de investigadores de diversas disciplinas. Difícil proponerse negar lo sucedido, ante tanta documentación sólidamente fundamentada y verificada, base de los Informes Rettig y Valech, de amplia difusión por los medios escritos y electrónicos.
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De otra parte, columnistas en medios escritos y digitales, también autores de numerosos libros publicados en estos casi treinta años transcurridos desde el comienzo de la transición, han procurado explicar, en ocasiones con nebulosa racionalidad buscando justificar, las gravísimas violaciones a los derechos humanos del régimen militar; quienes así pretenden torcer la verdad histórica terminan chocando con la maciza evidencia acumulada, pero no pueden ser castigados penalmente por ejercer sus derechos a la libertad de asociación y expresión, derechos negados en la dictadura de la cual algunos de esos autores formaron parte y otros defienden. Sería paradojal, por decir lo menos, si el proyecto introducido por la señora Hertz saliera de la Comisión a discusión por la Cámara de Diputados; de llegar a ocurrir semejante disparate, el partido político singularmente complicado será la Democracia Cristiana, mas allá de acomodaciones y ajustes circunstanciales, pretender castigar a priori las libertades de expresión, opinión y pensamiento, va contra los fundamentos de ese Partido, de su ideología, de su razón de ser en política.
