El secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, inició este jueves el proceso para aplicar la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, que podría abrir la puerta a la suspensión de este país del organismo si no fracasan antes las gestiones diplomáticas.

“Nos vemos obligados a empezar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana”, anunció Almagro durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA. “Quisiera aferrarme a que usted -dirigiéndose al embajador nicaragüense ante el organismo Luis Alvarado- y su Gobierno asuman la dignidad de reconocer errores y de volver a principios que los llevaron a la democracia en Nicaragua”, añadió Almagro.

La Carta Democrática, aprobada en Lima en septiembre del 2001, es un instrumento de la OEA que tiene como objetivo preservar los principios de la democracia representativa y los derechos humanos en un país, así como denunciar cuando en el territorio de uno de sus miembros se ha quebrado o alterado el orden democrático.  Desde su creación, esta Carta ha sido aplicada en 10 ocasiones.

Su artículo 20 establece que el secretario general o cualquier Estado miembro de la OEA puede solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente cuando en un país de la organización “se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático”.

Entonces, el Consejo Permanente de la OEA debe decidir si existe esa “alteración” del orden democrático y, a partir de entonces, se pueden tomar distintas gestiones diplomáticas. De fracasar estas, se inicia un proceso que podría llevar a la convocatoria de una Asamblea General extraordinaria, el foro político más importante de la OEA, en el que los cancilleres de América podrían suspender a un Estado miembro si estima que “se ha producido la ruptura del orden democrático”.

Daniel Ortega con su esposa, la vicepresidenta del país centroamericano.

Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este mismo jueves su “seria preocupación” por la “intensificación” de las acciones del Gobierno nicaragüense para acabar con los “últimos espacios disponibles” destinados al ejercicio de la libertad de expresión.

La vicepresidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, se expresó así durante una reunión del Consejo Permanente de la OEA y tras las acciones tomadas contra medios como el canal 100% Noticias, críticos con el presidente nicaragüense, Daniel Ortega.

“Hay una seria preocupación porque en días pasados el Gobierno de Nicaragua ha intensificado sus acciones dirigidas a cerrar los últimos espacios democráticos disponibles para el ejercicio de los derechos humanos y, en especial, de la libertad de expresión”, afirmó Arosemena de Troitiño.

Venezuela podría ser el próximo país

La aplicación de esta Carta contra Venezuela, estaría promoviéndose al interior de la OEA, medida que puede generar también el inicio de gestiones diplomáticas “necesarias” para promover “la normalización” de la institucionalidad democrática, como el envío de misiones especiales para promover el diálogo o pronunciamientos.

En el peor de los casos, puede derivar en la suspensión del país de este organismo, quedando aislado en la región.

Desde su creación, la Carta Democrática ha sido aplicada en 10 ocasiones. La última vez fue en Ecuador en el 2010, tras el intento de golpe de Estado al presidente Rafael Correa. Lo particular en el actual caso venezolano es que sería la primera vez en que se aplicaría esta carta sin que la iniciativa nazca de una solicitud originada en el país afectado.

Con la decisión de hoy del secretario de la OEA, el uruguayo Lus Almagro, contra Nicaragua, los países en los que la Carta ha sido aplicada aumentarían a once y doce en caso de concretarse en Venezuela.

 ¿En qué países se ha utilizado antes esta carta?

Venezuela (2002): La primera vez que se aplicó esta carta paradójicamente fue en defensa del gobierno de Hugo Chávez, quien había sido depuesto de su cargo tras un golpe de Estado liderado por un grupo de militares críticos al entonces presidente. Los países de la OEA condenaron estos hechos y demandaron la inmediata reposición de Chávez. El 13 de abril, los países miembros aplicaron la Carta Democrática y enviaron una misión especial con el fin de restaurar el orden democrático en Venezuela y propiciar el diálogo. Al día siguiente, Chávez volvió a su cargo.

Bolivia (2003, 2005 y 2008): La llamada “guerra del gas” fue el inicio de una etapa de crisis en Bolivia que duró al menos tres años y tres pronunciamientos diferentes de la OEA. El conflicto comenzó en el 2003, con diferentes protestas callejeras en La Paz en rechazo a medidas económicas implementadas por el entonces mandatario Gonzalo Sánchez de Lozada. Una de ellas, la exportación del gas natural a través de Chile. Ante la expansión del conflicto, el gobierno pidió la intervención de la OEA, que respondió con la Carta Democrática en respaldo al presidente. La crisis, sin embargo, continuó y se volvieron más violentas. Sánchez de Lozada dio un paso al costado a su cargo ante el Parlamento y abandonó el país. Fue reemplazado por su vicepresidente Carlos Mesa. Pero las protestas no cesaron. En el 2005, Mesa renunció, lo que provocó un nuevo pronunciamiento de la OEA, que también ofreció su apoyo en el diálogo entre las partes y la realización de nuevas elecciones. A finales del 2005, Evo Morales ganó los comicios y asumió la presidencia al mes siguiente. Morales intentó introducir reformas constitucionales para reducir los reclamos, pero encontró una fuerte oposición. El entonces secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, designó a un enviado especial para analizar lo que estaba sucediendo. Tras varios intentos de promover el diálogo entre las partes, en el 2008, la OEA aplicó una tercera Carta Democrática instando a los actores políticos a trabajar en conjunto. La crisis fue superada luego de tres años.

Perú (2004): Ante los cuestionamientos que enfrentaba el gobierno del ex presidente Alejandro Toledo, como casos como el de su ex vicepresidente Raúl Diez Canseco, y apelando a la difícil situación social dejada por el gobierno de Alberto Fujimori, el Consejo Permanente de la OEA expresó su apoyo al entonces líder de Perú Posible en febrero del 2004.

Nicaragua (2004 y 2005): En octubre del 2004, Nicaragua atravesó una de sus peores crisis políticas. Empezó con la denuncia de la Contraloría General que acusó al entonces presidente Enrique Bolaños por cargos de corrupción tras negarse a declarar los fondos que recibió para su campaña electoral. La contraloría pidió la destitución del mandatario ante el Congreso, de mayoría opositora. Fue entonces que Bolaños pidió la participación de la OEA en la crisis. El 17 de octubre, el organismo envió una misión a Managua para constatar lo que sucedía y promover el diálogo entre el oficialismo y la oposición, que terminó con el anuncio del entonces líder opositor Daniel Ortega de no apoyar la destitución del presidente. Al año siguiente, el Congreso volvió a enfrentarse con el Ejecutivo tras una serie de enmiendas constitucionales. El gobierno denunció que lo que se buscaba era reducir las prerrogativas del mandatario. Bolaños invocó una nueva participación de la OEA, que respondió enviando a su secretario general Insulza para facilitar el diálogo y lograr la estabilidad del orden democrático. Superado el conflicto, se celebraron elecciones presidenciales en las que Ortega salió elegido.

Ecuador (2005 y 2010): Tras la decisión del entonces presidente Lucio Gutierrez de remover de sus cargos a los miembros de la Corte Suprema de Ecuador, hecho que fue condenado como un acto inconstitucional, en las calles se dieron multitudinarias marchas de rechazo. Principalmente porque ello permitió que el ex mandatario Abdalá Bucaram pudiera regresar al país quedando libre de los cargos de corrupción que tenía. El Congreso, ante ello, decidió destituir a Gutierrez, quedando en su reemplazo el vicepresidente Alfredo Palacio. Palacio solicitó la asistencia del Consejo Permanente de la OEA para restablecer el orden constitucional y nombrar nuevamente a los miembros de la Corte Suprema. En abril del 2005, la OEA se pronunció en una Carta Democrátiva y envió una misión especial. Cinco años después, la OEA volvió a participar en una nueva crisis en Ecuador. Esta vez, el órgano internacional manifestó su “repudio a cualquier intento de alterar la institucionalidad democrática”, en relación al intento de golpe de Estado que enfrentó el presidente Rafael Correa por parte de un sector de la Policía. En el pronunciamiento, de fecha 30 de septiembre del 2010, la OEA también hizo “un enérgico llamado a la fuerza pública y a los sectores políticos y sociales” para evitar que se consumara el golpe. La crisis fue superada días después.

Honduras (2009): Tal vez el momento más crítico de las veces que este organismo aplicó su Carta Democrática fue en julio del 2009 en Honduras. La OEA decidió por primera vez suspender a uno de sus miembros aplicando este mecanismo. Ello sucedió luego de que se produjera un golpe de Estado en ese país, que sacó del gobierno al presidente Manuel Zelaya. La decisión de la OEA se dio el 5 de julio del 2009, en una sesión de la Asamblea General. La suspensión de Honduras contó con el respaldo de 33 votos a favor. Los países condenaron que la oposición se negara a que regresara Zelaya a su cargo. En aquella Carta Democrática también se pidió a los países miembros que revisaran sus relaciones con Honduras “durante el tiempo de las gestiones diplomáticas” que tenían el objetivo de restaurar “la democracia y el Estado de Derecho”. La OEA indicó que esta carta iba a servir como una medida de presión contra el gobierno de facto.