Por Hernán Ávalos (*)
En su campaña electoral el Presidente Sebastián Piñera ofreció al electorado elevar, significativamente, los niveles de seguridad pública, controlar la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. Ya no su osada e incumplida propuesta del primer mandato de terminar con la criminalidad. Adquirió este compromiso considerando las encuestas de opinión, las cuales siguen colocándola entre las principales demandas ciudadanas desde hace décadas, seguidas del trabajo, la educación, la salud y las pensiones. Hoy está lejos de terminar con la percepción de inseguridad que quita el sueño a los chilenos.
Porque el Mandatario está en una encrucijada. Carabineros, la policía uniformada visible destinada a ofrecer tranquilidad a la población y cuyo rol principal es la prevención de los delitos, en especial los ejercidos con violencia que causan más temor a la gente, está sumida en una crisis institucional, que la arrastra a una baja creciente de su credibilidad en la ciudadanía, a la que está destinada a servir. Incluso el homicidio del comunero mapuche Camilo Catrillanca, víctima de un carabinero de una fuerza de élite que le disparó su fusil de guerra siete veces por la espalda, aumentó su desaprobación y la impopularidad de su Gobierno.
La baja de los policías imputados de delitos y el retiro o traslado de sus jefes por responsabilidad de mando, será insuficiente para una ciudadanía que ya no tolera más abusos. Ni menos para el Consejo de Loncos Mapuches, quienes exigen la desmilitarización de la Araucanía, antes de continuar el diálogo sobre su reconocimiento constitucional, la devolución de sus tierras, la asignación de escaños parlamentarios o la actividad económica. Tampoco procede “ofrecer la cabeza” del subsecretario Rodrigo Ubilla, o del ministro Andrés Chadwick, porque según la ley vigente el Ministerio del Interior y Seguridad Pública asesora al Presidente de la República , “concentra la decisión política” , coordina, evalúa y controla la ejecución de planes y programas (entiéndase el Ministerio). Y por tanto elude personalizar la responsabilidad política en el ministro del Interior. Así, por ausencia de una autoridad específica, Piñera está pagando el costo político de las tropelías cometidas por los representantes de mantener el orden.
¿Con quienes el Presidente intentará cumplir su compromiso de paz ciudadana?
Veamos. Carabineros dispone de una dotación estimada en 60.000 hombres, siendo la policía más numerosa. Su anterior alto mando está siendo investigado por fraude de 27 mil millones de pesos en perjuicio del Estado; la Operación Huracán dejó en evidencia el montaje de pruebas falsas para incriminar a dirigentes mapuches que terminó con el director de Inteligencia Policial y sus funcionarios de Temuco enjuiciados; las dotaciones de las comisarías de Lo Espejo y Recoleta, entre otras, encarceladas por su participación en robos y estafas; y el caso Catrillanca fue “la guinda de la torta”, pues sus implicados no sólo cometieron homicidio, sino torturaron al menor de edad que acompañaba al fallecido, después de haber salvado, providencialmente, de la andanada de balas; ocultaron las evidencias, obstruyeron la investigación y mintieron a las autoridades. Y por si fuera poco, uno de los inculpados difundió un video filmado en su lugar de detención, en el cual asegura haber sido obligado a escamotear la verdad en los interrogatorios de los fiscales. Entonces, la conclusión evidente es que Carabineros ya no es la institución respetable de antaño, necesita cambios operativos, administrativos y legales.
Por lo demás, el propio Presidente Piñera apoyó a los carabineros luego de ocurrido el homicidio en la comunidad Temucuicui. Y al empezar la investigación del Ministerio Público cambió de opinión y llegó a declarar que no había que creer los informes policiales. Es decir, la máxima autoridad del país, puso en duda la credibilidad de los carabineros, con quienes, justamente, tiene que seguir bregando para mantener el orden público y cumplir su promesa de más seguridad frente a una delincuencia que cambia de procedimientos o de comuna con frecuencia, no sólo en la Araucanía, sino en todo el territorio nacional.
La otra policía, la PDI, en los últimos años viene cumpliendo con regularidad sus funciones de represión de la delincuencia y la fiscalización de viajeros en la frontera. Sólo tiene un contingente de 6.000 efectivos, equivalente al 10% de Carabineros, entre detectives, asistentes y peritos. Esta dotación está considerada desde hace algunos años como insuficiente para atender los requerimientos del Ministerio Público y fiscalizar todos los pasos fronterizos. Entonces, el Presidente Piñera tiene otra dificultad adicional: aprobar y financiar la ley de aumento de la planta de oficiales policiales. Por de pronto, la decisión de asignar a la PDI para la inédita labor policial-comunitaria en el interior de la conflictiva población La Legua de Emergencia, donde fueron a vivir, no pasó inadvertido para los carabineros quienes cumplen rondas y patrullajes desde siempre en ese barrio.
El contexto general tampoco resulta favorable para las pretensiones de mejorar los niveles de seguridad pública a que se comprometió Sebastián Piñera. La Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, ENUCH, la de mayor aceptación entre los entendidos y realizada cada dos años, difundida en mayo último en base a información presencial recogida en hogares por el INE en 2017, reveló que la victimización por delitos de mayor connotación social, principalmente, robos y hurtos, alcanzan el 28% y la percepción de ser víctima de algún delito en los próximos 12 meses, llega al 80%. Resulta desalentador que estos resultados no han variado, significativamente, en las últimas dos décadas, considerando que Carabineros es la institución del Estado que por lejos ha recibido los mayores aumentos presupuestarios, desde la recuperación de la democracia, y que los programas de prevención y control de la delincuencia común impulsados por los sucesivos gobiernos, hayan entregado magros resultados. Más inútiles han sido los esfuerzos por educar a los menores infractores de ley, para atender la infancia desvalida, o rehabilitar a la población penal.
Con todo, el Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública, al que concurrieron especialistas, académicos y políticos, constituye un intento serio por avanzar en dar mayor tranquilidad a la población. Falta financiar y ejecutar sus propuestas. Contempla modernizar las policías, incorporar el “accountability” en Carabineros, es decir evaluación por resultado, reforzamiento ético en las escuelas de formación policial; mejorar la coordinación de los intervinientes en la investigación penal, potenciar el sistema de inteligencia nacional, aumentar el control de armas en poder de civiles y entregar atribuciones a las municipalidades para colaborar en el mantenimiento del orden y el tránsito de vehículos y peatones. Son medidas que apuntan al control y represión del delito.
Y desde una perspectiva más amplia, sigue estando ausente en el análisis preventivo de la criminalidad el enfoque sociológico: impulsar una política económica con objetivos de corto, mediano y largo plazo, para terminar con la escandalosa desigualdad en el ingreso de las personas que tiene a nuestro país en el último lugar del ranking OCDE y que mantiene a tres millones en la pobreza, en cuyo ambiente surge y se reproduce la delincuencia, y peor aún, la tolerancia a los delitos contra la propiedad, los más comunes en nuestro medio. La fórmula simple es que los ingresos generados por el crecimiento de la economía, sean distribuidos con equidad entre quienes trabajaron para producirla.
(*) Periodista
