El expresidente peruano Alan García, quien es investigado por  el delito de  corrupción en el caso Odebrecht de Brasil,  dijo esta semana, tras el rechazo en Uruguay de su pedido de asilo que había hecho por “persecución política”  que ahora se someterá  a las decisiones de la Fiscalía  y concurrirá a las convocatorias de  este organismo del Estado que lo investiga.

El ex mandatario había ingresado a la Embajada de Uruguay en Lima para pedir el asilo, pero el Gobierno de Montevideo respondió con el rechazo de la solicitud. Sin embargo, la respuesta uruguaya tardó 17 días en llegar, período que el ex mandatario vivió en la sede diplomática uruguaya.

El presidente uruguayo Tabaré Vásquez dijo en rueda de prensa en Montevideo,  junto al canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa, que “en Perú funcionan autónomamente los tres poderes del Estado y es el Poder Judicial que está llevando adelante las investigaciones de eventuales delitos económicos del ex mandatario, y por consideraciones estrictamente jurídicas y legales (…) no concedemos el asilo político al señor Alan García”.

Durante todo el proceso de toma de la decisión se recibieron en Uruguay diversas delegaciones de la sociedad civil e inclusive la de juristas, fiscales y organizaciones de DD.HH. que  entregaron información y una evaluación sobre el contexto político que le dio más sentido a la información sobre el caso de García.

“A partir de ahí y luego con las declaraciones del propio Gobierno peruano… el único camino que podía asumir la cancillería uruguaya era la negación del asilo”, agregó Vasquez.

A su vez el canciller añadió  que se habían estudiado más de 1.000 hojas de documentos de información  y de cuestiones jurídicas  y tras este trabajo nos parece que el gobierno tomó una decisión adecuada.

El propio gobierno peruano del presidente Martín Vizcarra envió abundante documentación sobre la independencia de poderes y el Estado democrático que se vive en el país para que Uruguay evaluara la solicitud de asilo. “En el Perú nadie tiene corona. Nuestra democracia garantiza la independencia de poderes y el debido proceso”, dijo Vizcarra después de conocida la decisión a través de su cuenta de Twitter.

A su vez en Montevideo, el canciller Nin Novoa señaló además que  a mi juicio, dada la situación de varios procesos que se encuentran en curso en Perú y otros de esta misma naturaleza, la figura del asilo político podría ser utilizada como un pretexto de impunidad en relación a estos delitos. Pero parece que Uruguay, que es por lo menos a nivel de los indicadores sobre corrupción política en el mundo el país menos corrupto de la región, tiene que dar señales muy claras de no estar amparando ninguna situación, que sea interpretada en convivencia con estas prácticas.

Sin duda la posición del Gobierno de Perú fue muy determinante, nosotros tenemos un excelente vínculo con las autoridades peruanas y la posición de su Gobierno es muy importante.

El expresidente de Transparencia Internacional José Ugaz dijo que el “hecho  que Uruguay haya sido receptivo a la información presentada por el gobierno peruano acredita que no hay golpe de Estado en Perú  como argumentó Alan García, que no hay persecución política porque es evidente que el gobierno peruano no controla el Poder Judicial ni la fiscalía”, agregó Ugaz, quien también fue procurador peruano anticorrupción.

El caso Odebrecht en Perú

Las investigaciones preliminares por presunta corrupción de Odebrecht en Perú también han llevado a prisión a la poderosa líder de la oposición Keiko Fujimori  junto a sus principales asesores.

Odebrecht admitió en un acuerdo con el Departamento de Justicia en Washington que pagó unos 800 millones de dólares en sobornos a políticos de toda Latinoamérica, incluyendo 29 millones de dólares a gobiernos de Perú. Igualmente al ex presidente peruano Alejandro Toledo (gobernó entre 2001 y el 2006) es acusado de corrupción en el caso Odebrecht y bajo el período presidencial de Pedro Pablo Kuczynski se informó sobre una petición de extradición a EE UU (California) donde vive actualmente. Sin embargo, Kuczynski se vio obligado a renunciar al cargo de Presidente para evitar una destitución del Congreso por varias causas, entre otros por haber prestado servicios a Odebrecht.

Justamente Kuczynski venía enfrentando una larga agonía iniciada por su supuesta implicación en el escándalo de corrupción la constructora brasileña Odebrecht.

De hecho, en diciembre de 2017 este caso -por el que la Fiscalía ha pedido que no le dejen salir del país-  lo llevó a enfrentar un proceso de vacancia (destitución) en el Congreso por “incapacidad moral”, al que sobrevivió, aunque ya bastante malherido políticamente precisamente por el caso Odebrecht. Esta constructora informó al Congreso peruano que había pagado US$4,8 millones a dos firmas de asesoría vinculadas a Kuczysnki. En un documento enviado por Odebrecht a una comisión investigadora del Parlamento peruano se señala haber pagado US$782.207 a Westfield Capital, empresa de asesoría de banca de inversión con dirección en Miami, Estados Unidos, y propiedad del mandatario peruano. Los pagos fueron por siete consultorías que la compañía realizó entre noviembre de 2004 y diciembre de 2007. El documento señala además que otra firma vinculada a Kuczysnki, First Capital, ubicada en la misma dirección de Westfield, recibió más de US$4,4 millones por asesorías a Odebrecht en proyectos en Perú entre el 2004 y 2013. Algunos de los pagos ocurrieron cuando PPK era funcionario del gobierno del expresidente Alejandro Toledo.

Kuczysnki quedó sin piso político cuando Fuerza Popular, el grupo mayoritario en el Congreso peruano que encabeza Keiko Fujimori, divulgó unos videos que supuestamente revelarían la existencia de intentos de comprar votos en el Congreso para evitar su destitución. Sin embargo, Keiko ahora también está en la cárcel acusada igualmente de corrupción en torno a Odebrecht. Los videos tenían como uno de sus protagonistas al hermano de Keiko, Kenji Fujimori.

El partido aprista

Mientras tanto el caso García ha puesto en serios aprietos a su Partido Apra, porque ahora vendrá el proceso contra el ex mandatario y allí saldrán “muchos trapitos al sol”, como dijo un medio limeño, lo que podría involucrar directamente a la colectividad de los “comedores populares”. Según el politólogo peruano Fernando Tuesta “el problema” del  aprismo hoy es haber depositado “todas sus esperanzas” en el ex mandatario.

“El Apra se convirtió en ‘alan-dependiente’ y sus defensores han quedado descolocados porque fue precisamente  García quien impidió que el Apra se reorganizara y se renovara”, dijo Tuesta. Otros analistas acusan al dirigente de no haber promovido nuevos liderazgos al interior del apreismo.

Entretanto, Arturo Maldonado, analista político del Grupo 50+1, afirmó que la decisión adoptada en Montevideo no solamente afecta al ex jefe del Estado, sino también a su partido aprista de cara a las elecciones del 2021. “Hace unos meses considerábamos a Fuerza Popular un partido fuerte y se desmoronó de un momento a otro (con la detención de su líder),  yo creo que ahora el Partido Aprista está en un proceso similar. Todos creíamos que era un partido sólido y con la capacidad sobredimensionada de influir en la agenda nacional. Van a entrar un poco en la irrelevancia”, subrayó el analista.

Otro crítico es Eduardo Dargent quien declaró: “No fue un constructor de su partido, no fortaleció a los mandos intermedios, no trabajó en buscar un sucesor […] Los que creen en los valores de un partido [como el aprista] deben repensar qué es lo que hacen trepados apoyando todo lo que haga el ex presidente. Lo que pueda hacer el Apra de cara al 2021 va a depender de su reacción en este caso”, acotó.

Temor a supuesta nueva corrupción

En Perú hay bastante temor de que la todas estas investigaciones y procesos queden en nada como consecuencia de intervenciones  políticas con influencia en el aparato judicial.  La ex candidata presidencial Verónika Mendoza (derecha) advirtió estar vigilantes porque “no debemos permitir que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry (izquierda), se aproveche del escenario de fiestas navideñas para separar al fiscal José Domingo Pérez del Equipo Especial Lava Jato (Odebrecht y otros casos)”.

“No vaya ser que otra vez este año, un 24 de diciembre, una noche buena, tengamos una sorpresa, que podría ser en este caso, el retiro de algunos de los fiscales, en particular del fiscal José Domingo Pérez del Equipo Especial Lava Jato o cualquier cosa de esta naturaleza, para boicotear las investigaciones, y lo digo no porque se me ocurre, sino porque hay hechos concretos, acciones de Pedro Chávarry que han ido en ese sentido”.

“Creo que nos toca estar atentos, vigilantes, movilizados porque los corruptos muy probablemente quieran aprovechar este escenario de fiestas, pretendiendo que estamos distraídos para boicotear las investigaciones que tanto le han costado al pueblo peruano, defendámoslas hasta el final”, subrayó.

La excandidata  recordó también en una entrevista que el titular del Ministerio Público amenazó públicamente con separar al fiscal, José Domingo Pérez de las investigaciones por el caso Lava Jato. “Así que no sería de extrañar que se avance en esa estrategia, presionado muy probablemente por el fuji-alanismo que ha blindado a Pedro Chávarry en el Congreso”. La excandidata presidencial en ese sentido, dijo que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, se encuentra hipotecado por el fuji-alanismo en el Parlamento peruano.

Cuatro presidente investigados por corrupción Odebrecht

Lo que sucede actualmente en Perú llama la atención. Los últimos presidentes están condenados o investigados por corrupción en el caso de la empresa Odebrecht. En mayo pasado, la ONG Transparencia Internacional (TI) dio a conocer la vigésimo quinta edición del Índice de Percepción de la Corrupción en el que Perú ocupa el puesto 96 de 180 países.

El  caso más reciente es el de Alán García,  líder histórico del Partido Aprista Peruano (PAP), quien habría recibido  100.000 dólares de Odebrecht que salieron de la cuenta oculta con la que la constructora brasileña pagaba sus sobornos en Perú y al menos en otros 11 países de Latinoamérica. Otro caso es el de Alejandro Toledo (2001-2006) -foto izquierda- quien está imputado por los delitos de colusión, tráfico de influencias y lavado de activos y presuntamente haber recibido 20 millones de dólares de Odebrecht a cambio de favorecer a esta empresa en la licitación de varios tramos de la carretera interoceánica del sur.

García  recibió los 100.000 dólares por “una conferencia” dictada en 2012 en Sao Paulo, dinero que, como dijimos habría sido pagada con la denominada “cuenta oculta”.

En cambio, Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa Nadine Heredia son investigados por lavado de activos por presuntamente haber recibido tres millones de dólares de Odebrecht para financiar su campaña para las elecciones presidenciales de 2011 y no haberlos declarado en sus cuentas.

Los fundadores y líderes del Partido Nacionalista Peruano (PNP) pasaron casi 10 meses en prisión preventiva hasta que el Tribunal Constitucional resolvió que la medida era excesiva sin tener una acusación firme, por lo que recuperaron la libertad, sin impedimento de salida del país para Humala.

Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) es investigado igualmente por lavado de activos al descubrirse que su consultora Westfield Capital facturó 782.000 dólares a Odebrecht entre 2004 y 2007, cuando era ministro en el Gobierno de Toledo.

El líder del partido Peruano Por el Kambio (PPK), Pedro Pablo Kuzcinski, que dimitió en marzo al revelarse una presunta compra de votos de parlamentarios para evitar que el Congreso lo destituyese por este caso, tiene prohibido por orden judicial salir del país.

Es el único de los expresidentes que no ha denunciado persecución política.

El actual presidente Martín Vizcarra es amenazado periódicamente por el fiscal de la Nación (fiscal general), Pedro Chávarry, con investigarlo formalmente por supuesta vinculación con la construcción del nuevo aeropuerto de Cusco (con irregularidades), cuando era vicepresidente y ministro de Transportes en el Gobierno de Kuczynski.

Desde que sucedió a Kuczynski, el mandatario ha iniciado una cruzada contra la corrupción que le ha llevado a enfrentarse con Chávarry, vinculado a una red de tráfico de influencias, favores y prevaricación en el seno de la judicatura.

El caso Keiko Fujimori

Los Fujimori: Keiki, Kenjo y el ex presidente y dictador Alberto Fujimori

Un inciso aparte merece el caso de Keiko Fujimori, hija y heredera política de Alberto Fujmori, quien fue candidata a la Presidencia en dos ocasiones y quien ha sido la líder de la principal fuerza de oposición desde 2011.

Keiko está en prisión preventiva por tres años desde el 1 de noviembre por un presunto lavado de activos en la financiación de su campaña para las elecciones presidenciales de 2011 al haber supuestamente ocultado con una contabilidad ficticia un millón de dólares donados por Odebrecht.