Por Hernán Ávalos (*)

En una sociedad civilizada resulta inaceptable enviar una fuerza policial militarizada, en vehículos blindados y helicópteros, para detener en forma flagrante a los participantes en el robo con intimidación de tres vehículos (portonazo), y disparar en contra de dos presuntos autores del delito, matando a uno de ellos, el comunero mapuche de Temucuicui Camilo Catrillanca, y aprehendiendo a su acompañante que salvó ileso de la andanada de balas, el adolescente M.P.C. de 15 años de edad. Luego destruyeron el video del procedimiento.

Según el Código Procesal Penal, la misión de los policías uniformados era auxiliar a las víctimas, detener a los sospechosos, resguardar el sitio del suceso y las evidencias, e informar de inmediato al fiscal del Ministerio Público para recibir instrucciones sobre las primeras diligencias investigativas del delito cometido. Pero incumplieron la ley, los reglamentos institucionales y el protocolo de servicio que un día juraron o prometieron respetar.

Este procedimiento policial resulta aún más reprobable para la ciudadanía y, particularmente, para el pueblo mapuche del cual Catrillanca era promisorio dirigente, cuando en un verdadero Estado de Derecho hay respeto irrestricto por la ley, más aún de quienes tienen por misión la mantención del orden público y la seguridad interior. Y así lo consideró el Juzgado de Garantía de Collipulli al dejar en libertad al menor de edad privado de libertad, en la audiencia del día siguiente, por considerar ilegal su detención. Fue la primera resolución judicial sobre este desgraciado episodio ocurrido en la comuna de Ercilla el miércoles 14 de noviembre último, entregando las primeras luces sobre este suceso que aún tiene numerosas interrogantes sin respuesta.

Por las mismas razones, el Ministerio Público de la Araucanía separó los delitos, designando igual número de fiscales para dirigir tres investigaciones: Enrique Vásquez asumió la indagatoria por el robo con intimidación de los vehículos de las tres profesoras; Rodrigo Garrido investiga el homicidio de Catrillanca y Jorge Calderara, dirige la pesquisa por la obstrucción a la investigación de los carabineros involucrados.

Las autoridades y la prensa oficialista han desviado la atención hacia la destrucción de la tarjeta de memoria de la cámara de video de uno de los carabineros implicados. Más importante resulta lograr claridad respecto a si Catrillanca participó en el robo, o si estuvo ajeno a él como asegura su abuelo lonko Juan Catrillanca, de prestigio entre las comunidades mapuches. Entonces algunas interrogantes que requieren respuestas son: ¿quiénes en realidad cometieron este delito y cuáles fueron sus verdaderas motivaciones? ¿Y para qué trasladarlos 10 kilómetros y dejarlos abandonados en las inmediaciones de la comunidad Temucuicui?

En adición a las querellas criminales anunciadas por el Gobierno, el Instituto de Derechos Humanos y la Oficina de Protección de la Niñez, anunciaron la presentación de querellas por torturas infligidas al menor M.P.C. durante su captura y más tarde en el calabozo de la Comisaría de Carabineros de Collipulli, donde estuvo privado de libertad durante noche del mismo miércoles.

¿Quién es el responsable político por este procedimiento? En la historia reciente del llamado Conflicto Mapuche hay más violencia y abuso policial. ¿Quién responde por otros 14 mapuches muertos a manos de carabineros, sólo en la última década en la Araucanía? ¿Quién es el responsable político por la Operación Huracán que plantó pruebas falsas para encarcelar dirigentes mapuches? ¿Quién es el responsable político del millonario fraude al fisco en Carabineros aún en plena investigación por el Ministerio Público, donde incluso fue cometido en las propias oficinas del general director Bruno Villalobos?

El ex subsecretario de Interior Mahmud Aleuy avivó por primera vez el debate cuando declaró que el general Bruno Villalobos le negó información sobre la planificación y el fundamento de la Operación Huracán, aduciendo prerrogativas legales de Carabineros. Y aquí está el meollo de la cuestión. En sus operaciones Carabineros y la PDI se rigen por sus respectivas leyes orgánicas. Sólo dependen del Ministerio del Interior y Seguridad Pública para la coordinación, evaluación y ejecución de sus planes y programas en prevención, control de la delincuencia, rehabilitación de infractores de ley y su reinserción social, según indica la ley 20.502 del año 2011. Es decir, el Gobierno sólo tiene tuición administrativa sobre las policías, pero carece de mando operativo.

En comparación con otras policías nacionales, como la benemérita Guardia Civil de España, su director general es un civil destacado nombrado por el Gobierno, quien a su vez elige al uniformado del grado de general en el cargo de director operativo adjunto y el restante equipo de jefes uniformados. En julio pasado el mandatario socialista Pedro Sánchez designó al mando de este prestigioso cuerpo policial, al abogado y profesor universitario Félix Azón, de 58 años de edad, quien estaba ocupando un escaño en la magistratura de Cataluña, como integrante del Tribunal en lo Social. Así en España es un letrado el que asume la responsabilidad política de la policía uniformada militarizada y cuyo rol preponderante es la prevención delictual.

La incómoda autonomía operativa de la policía chilena

La autonomía manifiesta con que operan las policías en Chile es otro signo inequívoco de nuestra democracia imperfecta que urge terminar, mediante una reforma legal de los organismos encargados del orden y la seguridad pública. El debate político ya está instalado y debiera contribuir a restablecer la credibilidad y contribuir a la paz social, antes que ocurran otros hechos de violencia extrema como el desgraciado episodio de la comunidad Temucuicui.

Porque sin esperar el término de la investigación penal en la Araucanía, ya es posible observar que la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca, alcanzado por una bala en la nuca, dejó en evidencia la actuación abusiva de los carabineros quienes, supuestamente, procedieron por flagrancia, para auxiliar a las tres profesoras víctimas del robo con intimidación de sus vehículos (portonazo), en la comuna de Ercilla. Dispararon balas de plomo y uno de ellos hizo desaparecer la tarjeta de memoria de la cámara de video adosada a su casco.

Y nadie asumió la responsabilidad política por esta desafortunada intervención policial. Los cuatro carabineros que dispararon fueron dados de baja para enfrentar responsabilidades penales; al coronel a cargo del Comando Jungla de las FF.EE. y al general a cargo de la jefatura de zona Araucanía, el gobierno “aceptó sus renuncias” y salieron a retiro con todos sus derechos, incluso pensión íntegra; el general director Hermes Soto, dio excusas por haber sido engañado con los reportes iniciales que ocultaron la filmación del procedimiento. Pero no presentó renuncia pese a la gravedad de los hechos; el subsecretario de Interior Rodrigo Ubilla, viajó a la zona horas después del tiroteo, no se hizo cargo y se encogió de hombros, y el ministro del Interior Andrés Chadwick compareció ante los diputados de las comisiones unidas de Seguridad Interior y DD.HH. para hacer una parodia de indignado por la destrucción del video presuntamente inculpatorio.

A su turno el intendente de la Araucanía Luis Mayol militante de RN, ex ministro de Agricultura durante la primera administración del Presidente Piñera y ex presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (gremio patronal que agrupa entre otros a los empresarios forestales en conflicto con las comunidades mapuches), renunció a su cargo seis días después de los hechos investigados en la comuna de Ercilla, para no crear problemas a su gobierno, según declaró, entregando una cuenta pormenorizada de supuestos avances económicos en la región, insistiendo en deshumanizar el conflicto social. No obstante, las declaraciones públicas que hizo intentando justificar el procedimiento de Carabineros, mencionando antecedentes penales del fallecido Catrillanca, de los cuales en definitiva este carecía, hacía inviable su permanencia en el cargo para restablecer las confianzas con las comunidades mapuches y retomar el diálogo político en que está empeñado el ministro de Desarrollo Social Alfredo Moreno, militante de la UDI.

(*) Periodista