Una “médico” que cometió un fraude ha obligado a las autoridades sanitarias del Reino Unido a revisar la documentación de unos tres mil médicos extranjeros que ejercen la medicina en ese desarrollado país europeo. Esto significa que hoy ya no existe la certeza de que en algunos lugares emblemáticos del mundo todo marche de acuerdo a las leyes vigentes.

El caso, del que se ocupa hoy The New York Times,   podría sumarse a otros cuestionamientos en torno a la seguridad de los pacientes del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, institución que solía ser elogiada, justo cuando sus reducidos presupuestos y las posibles consecuencias de la inminente salida de esa nación de la Unión Europea han agravado la atmósfera de incertidumbre.

La falsa siquiatra Zholia Alemi, de 56 años, trabajó durante más de veinte años en los servicios de salud del Reino Unido avalada por un documento que, según ella, demostraba los estudios que cursó en su país natal, Nueva Zelanda. Dicho documento le permitió darles tratamiento a pacientes que padecían demencia y muchos otros problemas psiquiátricos.

Sin embargo, una investigación emprendida por un periódico provincial hace algunas semanas reveló una versión muy distinta del perfil académico de Alemi.

The News & Star, con oficinas en Carlisle, una pequeña ciudad ubicada en el noroeste de Inglaterra, se puso en contacto con las autoridades de Nueva Zelanda e informó que Alemi había abandonado sus estudios de Medicina en 1992, después de completar un año de cursos, y solo había obtenido un grado en Biología Humana.

Alemi llegó al Reino Unido a mediados de los años noventa y aprovechó un programa que ayudaba a médicos de algunas de las antiguas colonias británicas, incluida Nueva Zelanda, a obtener licencias para ejercer esa profesión en el Reino Unido con revisiones escuetas de sus constancias académicas.

El caso de Alemi salió a la luz porque intentó aprovecharse de una paciente, Gillian Belham, una viuda de 84 años con la que estableció una relación amistosa en 2016, en una clínica para pacientes con demencia ubicada en el pueblo costero de Workington.

El mes pasado, Alemi fue sentenciada a cinco años de cárcel por falsificar el testamento de su paciente e intentar apoderarse de su herencia, valorada en cerca de 1,5 millón de dólares. “Se trata de un delito despreciable, motivado simple y llanamente por la avaricia”, aseveró el juez James Adkin, quien anunció la sentencia, según el periódico The News & Star.