México, Brasil y Colombia en América Latina figuran en la lista de asesinatos de periodistas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) con 26, 17 y 5  casos, respectivamente. La CPJ los define como ataques deliberados con resultado de muerte contra periodistas (por el hecho de serlo). Este informe corresponde a casos no resueltos registrados en la última década, entre el 1 de septiembre de 2008 y el 31 de septiembre de 2018.

El reciente asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi en Estambul, ocurrido el 2 de octubre pasado,  escapa del citado periodo por apenas 48 horas. Todos los casos del llamado Índice de Impunidad Global 2018, corresponden a países donde “sale más barato asesinar a un informador.

Arabia Saudita no está en este  índice, que incluye solamente a las naciones que acumulan al menos cinco casos sin condena.

El ranking actual es el siguiente: Somalia, por cuarto año consecutivo, sigue a la cabeza con 25 casos, por delante de Siria, con 18, e Irak, con 25. Les siguen Sudán del Sur (5), Filipinas (40), Afganistán (11), México (26), Colombia (5), Paquistán (18), Brasil (17), Rusia (8), Bangladesh (7), Colombia (5), Nigeria (5) e India (18).

El de Khashoggi, descuartizado vivo, según el diario El Español,  es el ejemplo más reciente y paradigmático de la crueldad y frialdad -habrá que ver si de impunidad- con las que se puede acallar una voz crítica. La principal diferencia con otros ha sido la repercusión, que ha puesto el foco sobre el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman, y en cuestión la hasta hace poco segura sucesión en el trono. El régimen terminó admitiendo que Khashoggi ‘murió’ en su consulado en la capital turca, justificándose en una supuesta ‘desproporcionada’ respuesta a una pelea. Sin embargo, la coartada choca con la investigación de los hechos, de la que se desprende premeditación y ensañamiento. El reino se limita a decir sobre lo ocurrido en su casa diplomática que lamenta los «dolorosos acontecimientos» y que confía en el «compromiso de las autoridades para esclarecer los hechos y hacer que todos los responsables rindan cuentas ante los tribunales competentes».

Por el momento hay 18 ciudadanos saudíes detenidos, todos ellos en su país, pero se desconoce si se encuentran en la cárcel o bajo arresto domiciliario, si han comparecido o no ante un juez o los cargos que se han presentado contra ellos.

También ha habido destituciones. Entre ellas, según los canales oficiales del reino, están la de Saud al Qahtani, asesor de Bin Salman, o la del general Ahmed al Asiri, número dos de los servicios secretos y también próximo al príncipe. No se ha concretado si alguno de ellos o los dos están entre los arrestados.

La no presencia de Arabia Saudí en el Índice de Impunidad Global 2018 no lo excluye de ser uno de los principales polos de preocupación en el mundo en materia de libertad de expresión. Reporteros Sin Fronteras (RSF), que ya le carga la muerte de Khashoggi, lanzó la semana pasada una alerta sobre la situación en el país, recalcando que «tiene un puesto muy bajo, el 169 de 180, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 2018», y que «probablemente, caerá aún más bajo en la tabla de 2019 por la gravedad de la violencia y los abusos de todo tipo contra los periodistas».

Igualmente Amnistía Internacional, en su informe ‘La situación de los Derechos Humanos en el mundo 2017-2018’, denuncia que «las autoridades siguen reprimiendo a activistas pacíficos y disidentes, acosando a escritores, comentaristas activos en internet y otras personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión manifestando opiniones contrarias a las políticas del gobierno».

La organización Reporteros sin Frontera (RSF)  sitúa a Arabia Saudí como el país donde hay más informadores presos «debido a su labor», concreta y específica de informar al mundo de lo que está ocurriendo.

«La cantidad de periodistas y blogueros en las prisiones de Arabia Saudí se ha duplicado desde que Bin Salman se convirtió en el príncipe heredero. Actualmente, hay al menos 27 detenidos. A la mayoría los arrestaron a finales de 2017. El motivo de su detención y el lugar donde se encuentran recluidos generalmente se mantienen en secreto. Muchos han ‘desaparecido’ de esta manera para reaparecer algún tiempo después en una prisión», informó RSF.

Como ejemplo se da el del periodista Saleh al Shehi que fue condenado a cinco años de cárcel por acusar a la familia real saudí de tolerar la corrupción en una intervención en televisión en 2017. Dos compañeros suyos, los columnistas Essam al Zamel y Abdulá al Malki, son juzgados en este momento por sus análisis críticos sobre la política y economía. A la espera de juicio está la bloguera Eman al Nafjan, volcada en los derechos de las mujeres y acusada por este motivo de poner en riesgo la «seguridad y estabilidad» del reino. No son los únicos, señala «El Español».

La amenaza de perder la libertad o la vida es en sí una poderosa ‘invitación’ para alinearse con el gobierno o quedarse callado. El caso Khashoggi evidencia además que abandonar el país del que se informa o sobre el que se reflexiona tampoco garantiza la integridad física o la vida.