La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) informó este lunes que en los seis meses de protestas en Nicaragua se han registrado 528 muertos, 4.102 heridos y 1.609 secuestrados «por grupos armados no autorizados».

Esta estadística corresponde al período de violencia vivido en este país y a la crisis sociopolítica de Nicaragua desde el 18 de abril último pasado.

En el  informe anterior  de ANPCH, publicado el 24 de septiembre, la cifra de muertos era de 512 (16 menos que ahora).

La organización resaltó que las personas perdieron la vida «en protestas cívicas como por la violación de derechos humanos incluido el secuestro» que habría promovido el régimen sandinista para amedrentar a la población.

En este contexto 1.609 nicaragüenses han sido presuntamente secuestrados «por grupos armados no autorizados». De acuerdo a la ANPDH, de ese total 123 fueron encontrados con vida y 1.486 siguen sin aparecer o posiblemente están bajo «detención ilegal».

La ANPDH además informó de 472 personas, así como 20 policías, recuperaron la libertad por mediación de la asociación y de la Iglesia católica.

En su informe la asociación reportó que se mantiene el «acoso policial o de organismos de seguridad en conjunto con grupos armados paramilitares y de choque, motivados por un fanatismo partidario fuera del marco de la ley (hacia) la población nicaragüense en general».

También señaló que la violencia ha destruido 21 viviendas por operaciones fuera del marco de la ley de grupos armados paramilitares y de choque, afines a la ideología partidaria del Gobierno de turno amparados por la Policía Nacional de Nicaragua».

La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), encabezada por la ex presidenta socialista chilena Michelle Bachelet,  y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al régimen sandinista de «más de 300 muertos», así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos, agrega el informe.

Ortega ha negado las acusaciones y ha asegurado que se trata de un intento de «golpe de Estado».

Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, por unas fallidas reformas de la seguridad social, se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, debido al saldo de víctimas fatales en las protestas.