Roberta Menchú ganadora del Premio Nobel de la Paz (1992) y del Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional (1998), que aparece en la foto de portada (izquierda) junto a otra guatemalteca, está a favor de procesar al Presidente Jimmy Morales en Guatemala
Mientras en Nicaragua sigue el caos y la incertidumbre política y económica, y en Honduras se origina una marcha emigratoria hacia México para desde allí cruzar a Estados Unidos, a pesar de los gritos y amenzas contra el gobierno de Tegucigalpa del controvertido presidente Donald Trump -como sería el corte inmediato de la ayuda económica-, la situación política en casi toda América Central sigue caracterizándose por la corrupción profunda y la violación de los derechos humanos.
En Guatemala, por ejemplo el presidente Jimmy Morales se salvó nuevamente de ser investigado por supuesto financiamiento ilícito de su campaña electoral, en 2015. Esta es la segunda vez que Morales consigue los votos necesarios en el Parlamento para no perder su inmunidad. Durante una sesión plenaria, 39 diputados votaron a favor de formalizar al presidente, no alcanzando así los 105 votos necesarios de los 158 votos posibles.
La Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) habían solicitado desaforar al mandatario para poder investigarlo.
Todos contra Funes en San Salvador
El Salvador, mientras tanto está preocupado por otro supuesto caso de corrupción, el del ex presidente Mauricio Funes (2000-2014), quien reside como asilado político en Nicaragua desde hace dos años.
La Fiscalía General (FGR) de El Salvador emitió una nueva orden de captura en contra del ex presidente por actos de corrupción vinculados con el exfiscal Luis Martínez (2012-2015), quien ya está en prisión.
El organismo no dio más detalles sobre esta nueva acusación contra el ex mandatario y sobre quien pesa ya un grave proceso por el supuesto desfalco en su período de gobierno de más de 350 millones de dólares, hecho por el cual la FGR gestiona su extradición desde Nicaragua.
Hasta ahora se han emitido 25 órdenes de captura contra funcionarios, ex funcionarios y personas particulares a las que se acusa de lavado de dinero, cohech, peculado y otros delitos, habiéndose detenido hasta ahora a 13 personas.
Por otra parte, y como integrantes de esta «nueva red de corrupción» la FGR ordenó la detención de los empresarios Enrique Rais, quien se encuentra prófugo de la justicia en Suiza desde 2017 por otro proceso pendiente; Hugo Rais, Moisés Torres, Aldo Parducci y Jorge Najera, todos ellos acusados de peculado y lavado de dinero.
Funes declaró que era “muy débil” el nuevo caso en su contra presentado por la Fiscalía, por supuesto soborno al exfiscal preso Luis Martínez para evitar una investigación a fondo.
«El caso en mi contra además de débil es político», la Fiscalía «no presenta pruebas», aseguró Funes en sus redes sociales.
«El expresidente compró impunidad», dijo el actual fiscal general, Douglas Meléndez, en conferencia de prensa. Funes atribuyó al armisticio con y entre las pandillas delictuales que operan en los barrios salvadoreños, una sensible baja en las cifras de homicidios, pero tras su fin el país experimentó otra vez alzas sostenidas de muertes violentas hasta marcar las 103 por cada 100.000 habitantes en 2015.
El expresidente, quien llegó a gobernar bajo la bandera del «cambio y contra la corrupción» del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), es el tercer presidente de la democracia salvadoreña en ser acusado de apoderarse de dinero público.
El FMLN es también ahora el actual partido en el poder en El Salvador, con el presidente Salvador Sánchez Cerén.
Costa Rica y el CIDH: Caso Nicaragua
Una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington, de visita en Costa Rica, recolectó ya 237 testimonios de inmigrantes nicaragüenses acerca de su situación, tras verse obligados a abandonar Nicaragua debido a la crisis en aquella nación
Así lo informó hoy (17.10.2018) el Comisionado Relator de la delegación, Luis Ernesto Vargas. «Es una tarea ardua y compleja», explicó Vargas, quien este miércoles se trasladaba hasta la zona fronteriza norte y comunidades limítrofes como las de los Chile y Upala para contactar a más inmigrantes.
Tras la crisis política que sacude a Nicaragua desde mediados de abril y las acciones de fuerza impulsadas por el Gobierno de Daniel Ortega contra manifestaciones opositoras, unos 23.000 nicaragüenses huyeron hacia Costa Rica en busca de asilo, protección y refugio.
«La situación de los inmigrantes y refugiados nicaragüenses en Costa Rica es muy particular, pues muchos tienen familiares aquí en Costa Rica , y otros vienen y regresan constantemente», dijo Vargas.
Monitoreo Regional
El Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica, conformado por organizaciones de los diferentes países, frente a la crisis de los modelos democráticos presenta los principales hallazgos y tendencias en el marco del doceavo informe correspondiente al año 2016-2017.
Centroamérica, continúa siendo una región convulsionada debido a los altos niveles de inseguridad registrados, con un mayor énfasis en Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador. Los Estados continúan implementando políticas represivas, como la militarización de la seguridad ciudadana. El crimen organizado y narcotráfico continúan dejando una estela de violencia, como la producida por maras y pandillas, con una tendencia progresiva de vinculación a estructuras políticas.
La tasa promedio de homicidios es de 32.58 por cada 100 mil habitantes en Centroamérica. El Triángulo Norte, concentra el mayor número de muertes violentas, alcanzando un promedio de 55.8, frente al 7.8 reflejado en los países del sur de la región. Respecto de los feminicidios, Centroamérica en el 2016 reportó 1,819 muertes violentas.
Los Estados cuentan con normativa que penaliza el aborto, lo que deja en evidencia la falta de voluntad para cumplir con los compromisos internacionales en la materia.
La débil institucionalidad en el sistema judicial, la ausencia de normativa que proteja a la comunidad LGBTI y los crímenes de odio cometidos en su contra colocan a esta población en extrema situación de vulnerabilidad.
En materia de democracia:
Los modelos democráticos regulados por los sistemas normativos en los países de la región han sufrido modificaciones mediante interpretaciones constitucionales derivadas de los Tribunales respectivos. Nicaragua y Honduras permitieron la reelección presidencial, transgrediendo con ello el principio de alternancia en el poder y sometiéndose a procesos electorales fuertemente cuestionados por actores nacionales e internacionales. Existe una fuerte tendencia a la concentración del poder por parte de los titulares del Órgano Ejecutivo violentando el principio de independencia y complementariedad.
En materia electoral, en la región existen avances que permiten a la ciudadanía ejercer su derecho a elegir y ser electos. Sin embargo, los sistemas electorales son cuestionados por diferentes actores que demandan transparencia. Se debe garantizar no sólo el derecho a elegir sino también, el respeto a la voluntad del soberano.
En ese sentido, preocupa la situación actual de Honduras, donde se ha generado una crisis política producto del descredito de la autoridad electoral. La tardanza en la entrega de resultados en el nivel presidencial, como en las Elecciones Generales del 2017, genera un ambiente de zozobra, inseguridad y tensión que agudiza la crisis.
En Centroamérica, la débil institucionalidad hace que las finanzas públicas se vean afectadas con hechos de corrupción pese a que se han investigado y judicializado algunos casos emblemáticos como en Honduras, El Salvador, Panamá y Guatemala; a pesar de ello, no hay indicios de poder superar la debilidad en la problemática. La corrupción limita el pleno ejercicio de los derechos humanos de las y los centroamericanos ya que los Estados reducen su capacidad de inversión para el desarrollo.
La tendencia de la participación ciudadana en la toma de decisiones es hacia la reducción. El derecho a la protesta social es frecuentemente reprimida desde los sistemas normativos y directamente por la policía y el ejército; en este marco, las personas que defienden derechos se ven frecuentemente obstaculizados en su labor y criminalizados.
