La primera idea fue que el entonces senador vitalicio se operara de una hernia de columna en la London Clinic,  la segunda fue aprovechar de tener contactos como amigos concentrados en el negocio de venta de armas y vacacionar un poco  y el tercer objetivo era, como ocurría con él en cada pasada por Londres,  visitar a la ex primera ministra británica Margareth Tathcher.

Sin embargo sus planes cambiaron abruptamente cuando en la noche del 16 de octubre de 1998 ya había pasado la operación  y estaba convaleciente, se presentó en la clínica el  inspector de Scotland Yard Andrew Hewitt no para saludarlo sino para  arrestarlo y procedió de inmediato a leerle la orden respectiva en su contra por delitos de genocidio.

503 días duró este «calvario» para el ex dictador. La noticia fue recibida en Chile con bailes en las calles y lágrimas en el Club Militar y otras entidades castrenses. El mundo de la política con Eduardo Frei Ruiza Tagle en el poder, el hoy senador Miguel Insulza, y el mismo actual presidente  Sebastián Piñera (por segunda vez)  tuvieron actitudas «realmente deplorables» frente a un personaje que en realidad había cometido tantos crímenes de lesa humanidad y todos estos personajes, ninguno, luchó por el castigo sino por la impunidad, lo protegieron, lo defendieron.  Algunos de sus escoltas estaban manchados de sangre por haber estado involucrados en cobardes asesinatos. Por ejemplo era el entonces Jaime Torres, que hoy cumple condena en Punta Peuco por su participación en la desaparición y muerte del químico de la Dina Eugenio Berríos.

Hasta la  habitación 801 de la London Clinic llegó todo el aparato de Scotland Yard para hacer cumplir una órden de detención que se había originado en España con el juez Baltasar Garzón.

El entonces capitán Gana, hoy coronel en retiro, recordó al diario  La Tercera que fue exactamente a las 23.32 cuando recibió una llamada desde la recepción. Le avisaban que un grupo de policías iba subiendo para hablar con él. El escolta respiró aliviado. Por fin -pensó- llegaba el equipo de la policía secreta británica que les habían prometido para ayudar en la custodia del convaleciente general. Se puso de pie y avanzó feliz hacia el ascensor. Pero no era ayuda la que llegaba, era una orden de arresto.

La situación fue difícil para Gana porque Pinochet quedaba  arrestado bajo la custodia de la policía británica, a lo que el  escolta chileno trató de negarse, respondiéndole que él como oficial de Ejército chileno solo recibía órdenes de sus superiores, que tenía la misión de cuidar a Pinochet y que pensaba seguir cumpliéndola. En el momento de máxima tensión, cuando el joven capitán intentó sacar del bolsillo de su chaqueta su celular para informar lo que estaba ocurriendo, los policías lo rodearon de inmediato y, apuntándolo con sus pistolas, le ordenaron que soltara el arma. Pero Gana no estaba armado, no estaban autorizados a portar armamento fuera de Chile. El capitán fue obligado bruscamente a salir del edificio y Pinochet quedó solo y a su suerte. El escolta había tenido que “rendir” a su general, su misión había fracasado.

El inspector de Scotland Yard le leyó a Pinochet el documento emanado del Tribunal de Bow Street y firmado ese mismo día por el juez Nicholas Evans. Jean Pateras, la traductora que acompañaría desde entonces a Pinochet en su arresto de 17 meses, recuerda que el general estaba en pijama, pero sentado. Le explicó que lo estaban arrestando por asesinato. Pinochet reaccionó furioso.

Como contó la periodista Mónica Pérez  al diario La Tercer (video de esta profesional acompañan esta crónica) “¿Quiénes se creen que son?”, les espetó, y trató de defenderse diciéndoles que tenía inmunidad.

El agregado militar chileno en Gran Bretaña, el brigadier Óscar Izurieta (fue también Comandante en Jefe)  le comunicó lo que estaba ocurriendo en la clínica,  quien también llegaría a la Comandancia en el Jefe del Ejército años después, se encargó de avisarle de inmediato al entonces embajador de Chile ante el Reino Unido, el socialista Mario Artaza, quien seguidamente telefoneó al canciller José Miguel Insulza. Esto ocurría cuando  el Presidente Eduardo Frei visitaba Portugal.

Artaza debió trasladarse de inmediato a la clínica londinense y enfrentar a Pinochet:

Senador, ¿me reconoce? ¿Sabe quién soy?
Sí, el embajador.

¿Sabe qué ha ocurrido? Mire, usted está arrestado por orden de un juez español que está pidiendo su extradición.
Embajador, yo entré aquí con pasaporte diplomático y no como un bandido.

Había ocurrido lo impensado. Pinochet estaba detenido por delitos contra la humanidad en Londres, su ciudad favorita y la que visitaba con frecuencia. Un final totalmente inesperado para unas vacaciones que habían comenzado el 22 de septiembre y que se habían extendido extraordinariamente más allá del 5 de octubre, fecha del regreso, por la decisión de Pinochet de operarse la columna en contra de la opinión de todos sus asesores.

Igual que en algunos puntos de Chile, los chilenos residentes en  Londres y agrupaciones de derechos humanos celebraron la detención de Pinochet.

Lo que no sabía el general chileno es que en cada una de esas visitas, exiliados y organizaciones de derechos humanos trataban de conseguir su captura. Aunque en años no lo habían logrado, esta vez era más compleja , pero el senador vitalicio siempre regresaba a Chile antes de que pudieran lograrlo. Esta vez fue diferente. La comunidad chilena avisó al presidente de Amnistía Internacional en Londres, Andy McEntee, que Pinochet estaba en la capital británica, que habían conversado con las agrupaciones en España y que debía llamar a Joan Garcés, un abogado español que había sido estrecho colaborador del expresidente Salvador Allende y que dejó Chile el mismo día del golpe (11 de septiembre de 1973)  con la misión de defender el legado del gobierno de la Unidad Popular.

Como recuerda Mónica Pérez en La Tercera, Garcés solicitó el martes 13 de octubre de 1998 a los dos juzgados de la Audiencia Nacional española órdenes para interrogar a Pinochet en Londres y su captura, a efectos de la extradición para ser juzgado en España. Desde 1996, dos jueces españoles de la Audiencia Nacional investigaban la participación de Pinochet y otros militares chilenos en delitos de lesa humanidad en querellas presentadas por el propio Garcés. Muchos pensaban que siendo el principal acusado expresidente y senador vitalicio, estos procesos abiertos eran meramente simbólicos. Sin embargo, uno de estos jueces, Baltazar Garzón, decidió cursar el miércoles 14 las órdenes, y pidió a las autoridades británicas retener a Pinochet hasta que se produjera el interrogatorio. Comenzó entonces una carrera contra el tiempo.

El mismo martes 13, el agregado militar en Madrid le avisó al general Izurieta lo que estaba pasando. Se iniciaron una serie de gestiones frenéticas para determinar si esas órdenes podían realmente aplicarse a Pinochet, si su pasaporte diplomático lo protegía y cuándo era la primera fecha en la que podían sacarlo de Londres. Por el lado médico, el general no podía ser trasladado hasta el 19 de octubre, sin embargo, la embajada logró un cupo en British Airways para el martes 20. En paralelo, la Cancillería chilena intentó conseguir protección del Foreign Office, que no tenía mayor información de lo que ocurría por la vía judicial.

Ambos jueces de la Audiencia Nacional envían órdenes para interrogar a Pinochet en Londres, pero las autoridades británicas responden que no hay tiempo, porque Pinochet tiene un vuelo a Chile para el martes. La única manera de retenerlo es enviar una orden de arresto, y así se hizo.