Foto de portada: Los parecidos entre las líderes del fujimorismo (Keiko Fujimori) y del kirchnerismo (Cristina Fernández)

Por Walter Krohne

Uno es un dictador cruel, torturador y un político mediocre si se le quiere clasificar de alguna forma en la escala de poder dentro de la ciencia política. Huyó a China para escapar de su propia violación a los derechos humanos contra el pueblo peruano, desde donde decidió regresar otra vez  a Perú a través de Chile, donde él creía que no lo iban a extraditar, y luego como un miserable prisionero, poco astuto además, fue obligado a enfrentar la justicia. Este personaje es Alberto Fujimori, quien ganó elecciones y luego se convirtió en lo que es: un miserable dictador.

La otra personalidad latinoamericana bastante siniestra y controvertida es la de Cristina Fernández de Kirchner. Es  el segundo caso que nos preocupa hoy    entre muchos otros.  Aparte de conducir a su país a un verdadero “descalabro” económico, su mirada estuvo más bien dirigida al  enriquecimiento ilícito, robo abierto y descarado y corrupción a todos los niveles. Ex presidenta de Argentina y líder del kirchnerismo, un movimiento político de centroizquierda y orientación mayoritariamente peronista, surgido en el año 2003, que reúne los principales postulados ideológicos plasmados en los gobiernos de los presidentes Néstor Kirchner (2003-2007) y en el suyo  (2007-2015) los que, en conjunto, ocuparon el Poder Ejecutivo de Argentina durante 12 años, 6 meses y 15 días.

El caso peruano

La política en Perú es un sube y baja, un día funciona y otro día no. Fujimori estaba en libertad gracias al exmandatario Pedro Pablo Kucszynski (PPK) que en 2017 le había otorgado este beneficio «por razones humanitarias», a solo horas de festejarse en Perú la nochebuena, es decir fue como un regalo de Navidad para el fujimorismo que aún está vivo,  aunque cada vez con menos influencia. Sin embargo, quien le otorgó el beneficio al dictador fue acusado posteriormente también de corrupción y de recibir “platas envenenadas o sucias»  provenientes del consorcio brasileño Odebrecht  viéndose obligado a renunciar. Es decir la oposición nunca le perdonó PPK que hubiese indultado a Fujimori.

Cuando recibió  esta gracia presidencial, Fujimori cumplía una condena de 25 años de cárcel —hasta 2032— por las matanzas de Barrios Altos, en 1991, y La Cantuta, en 1992.

Su libertad desató numerosas protestas en Perú y los críticos especularon con la versión de que PPK le había concedido el perdón al dictador a cambio de poder contar con el apoyo del congresista Kenji Fujimori —hijo del expresidente— y otros nueve parlamentarios para superar un proceso de destitución en su contra que estaba en marcha en el Congreso. El ex Mandatario otorgó el indulto tres días después de superar su propia crisis política.

Pero, entretanto Kenji Fujimori y otros tres congresistas fueron suspendidos en junio de sus funciones en el Congreso peruano. Los legisladores exmiembros del partido Fuerza Popular son acusados de comprar votos. Las acusaciones ocurren tras la aparición de unas grabaciones en las que se hablaba de comprar votos en contra de la destitución del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Fujimori ha dicho que se tergiversó la información y que nunca ofreció cambio de votos. Los congresistas estarán suspendidos mientras dure la investigación.

Además, los familiares de las víctimas de las matanzas acudieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos  y a la Corte Suprema de Perú para que se revirtiera la medida.

¿Cuáles fueron los argumentos de la justicia peruana?

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Alberto Fujimori fue sentenciado en 2009 como autor principal (intelectual y de mando) de las matanzas en el vecindario de Barrios Altos y en la Universidad de la Cantuta, en Lima, ocurridas en medio del conflicto contra el grupo armado Sendero Luminoso y que dejaron 25 muertos. También se le condenó por su participación en los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, ambos casos  ocurridos en 1992.

La resolución de la Corte Suprema peruana que anula el indulto a Fujimori sostiene que «estos delitos (…) constituyen crímenes contra la humanidad según el Derecho Penal Internacional» y que esta tipificación implica la «improcedencia de amnistías o de indultos».

El documento agrega que «la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho expresa referencia a la prohibición de indultar a responsables de estos graves delitos.

Analistas señalan que este indulto “por razones humanitarias” fue  únicamente “un intercambio de favores” en el marco de un “paquete” descarado que se denominó “negociación política» (intercambio de beneficio presidencial con beneficio fujimorista).

Cuando se supo la verdad y se conoció el camino seguido por la política “barata y mezquina”, estalló el escándalo, y PKK se vio obligado a renunciar a la Presidencia, además de ser acusado de haber recibido platas ilegales en el caso Odebrecht.

El juez que ordenó el regreso de Fujimori a la cárcel, Hugo Núñez Julca, sostiene que algunos integrantes de la Junta Médica que evaluó al expresidente habían sido médicos personales del mismo, por lo que se habían quebrantado «los principios de imparcialidad y objetividad».

Además, subraya, entre otras irregularidades, que «el indulto fue concretado en un plazo demasiado breve, respecto a lo que ordinariamente se demora», ya que el trámite tomó 13 días mientras que en otros se extendió por meses.

Luego de enterarse de su inminente vuelta a prisión, Alberto Fujimori fue trasladado en una ambulancia y con resguardo policial a una clínica de Lima.

La abogada de los familiares  de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos, Gloria Cano, dijo que la anulación del indulto había que entenderla como el fin de la impunidad.

Sin embargo, Keiko Fujimori, hija del expresidente y líder de Fuerza Popular, opinó entre lágrimas que se trataba de una «persecución y ensañamiento de sus enemigos políticos» contra su familia y partido, que tiene mayoría en el Congreso peruano.

La anulación del indulto a Fujimori es la más reciente convulsión en el país después de varios escándalos como la renuncia de un presidente, la filtración de audios que revelaron un gran esquema de corrupción en el poder judicial y un debate acerca de la posibilidad de volver bicameral al Congreso.

Un caso está en las finales y otro recién comienza

Pero mientras Fujimori está casi en las finales, el caso en contra de la política argentina –actual senadora y expresidenta Cristina Fernández y sus dos hijos Máximo y Florencia Kirchner, recién parece estar comenzando: Afronta un juicio bajo la acusación de encabezar una “asociación ilícita” que ejecutó un esquema de lavado de activos de origen ilegal a través de negocios inmobiliarios.  El juez federal Julián Ercolini elevó a la instancia de juicio oral, implicando también a varios empresarios muy cercanos a la senadora opositora.

El “ portavoz” en la sombra de la exmandataria,  Gregorio Dalbón, cuestionó en su cuenta de Twitter la medida de Ercolini y consideró que Fernández y sus hijos son víctimas de “persecución mediática y judicial”.

Pero este caso no es el único que «hace colgar de un hilo» a Fernández, de 65 años. Tiene a la vista un proceso oral que comenzará en febrero de 2019, derivado de otra causa, en el que afrontará la acusación de administración fraudulenta.

Ercolini dijo en su fallo que la exmandataria está acusada de haber ideado y ejecutado entre enero de 2009 y marzo de 2016 “un esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito a través de la empresa Los Sauces SA por medio del cual se logró ‘blanquear’ una gran cantidad de dinero de procedencia ilegítima”. El juez también involucró en este esquema al fallecido marido y antecesor de Fernández, Néstor Kirchner (2003-2007).

Ese dinero era canalizado por las compañías de los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Souza -también procesados- “a través de la actividad inmobiliaria y hotelera desplegada” por Los Sauces.

En el caso del dinero de las empresas de López y De Souza la expresidenta se valió del “esquema de lavado de activos” conformado a través de Los Sauces para “la aceptación disimulada de las dádivas” que previamente le habrían ofrecido esos empresarios como consecuencia de los distintos contratos y beneficios impositivos otorgados a sus empresas (sin licitaciones).

Fernández y sus hijos niegan todos los cargos. La senadora sostiene que son motivo de una persecución judicial orquestada por su sucesor, el presidente Mauricio Macri (derecha liberal) .

La exmandataria está procesada en otras causas por presuntos hechos de corrupción y por supuestamente haber encubierto a los iraníes acusados del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires en 1994. Este año,  en junio, la justicia argentina consideró que el fiscal Alberto Nisman, que investigaba el caso iraní,  fue asesinado como consecuencia de una denuncia suya contra la entonces presidenta y actual senadora, en un fallo divulgado por el Centro de Información Judicial (CIJ).

Martín Irurzún, uno de los dos jueces de la Sala II de la Cámara Federal (apelaciones), consideró que «se encuentra prima facie acreditado que Nisman fue asesinado y que dicho suceso fue directa consecuencia de la denuncia que formulara el 14 de enero de 2015 como titular de la Unidad Fiscal AMIA» contra Cristina Fernández y varios de sus funcionarios.

La senadora no puede ser detenida porque está protegida por fueros parlamentarios, al igual que su hijo, quien es diputado.

Un juez ha solicitado al Senado el desafuero de Fernández para detenerla en el marco de la causa por encubrimiento del atentado a la AMIA. La legisladora perdería la inmunidad de arresto con dos tercios de los votos de los senadores, algo poco probable porque el peronismo opositor ha adelantado que no apoyará esa medida mientras no haya una condena firme.

Bajo estas condiciones, a diferencia de Fujimori en Perú, la ex mandataria argentina se estaría salvando nuevamente de ir a la cárcel, aunque si el Senado la protege pasará a la historia como una ex presidenta corrupta, pero que jamás conoció la prisión efectiva.

Algunos analistas  ven grandes parecidos en la conducta del fujimorismo y el kirchnerismo y recurren en los dos casos al control comunicacional que ambos ejercieron en sus respectivos gobiernos:  el fujimorismo pagaba, a través de Vladimiro Montesinos (a cargo de la inteligencia), ladrillos de billetes de dólares a los canales para alinearse con el fujimorismo y evitar críticas. En Argentina, desde el 10 de diciembre, fecha en que asumió Macri, varios medios argentinos que fueron solventados por el kirchnerismo cerraron o despidieron a gran parte de su personal: CN23, Tiempo Argentino, InfoNews, El Periódico Austral. El gobierno K se fue y con ellos los que pagaban los sueldos de los trabajadores de prensa. Es el peor momento de ese rubro, hay demasiada demanda para tan poca oferta laboral.

Al final de todo estamos hablando de un escenario que es América Latina pura, lo que más pena nos da.