El oficialismo y la oposición venezolanas parecen coincidir en la necesidad de «investigar a fondo» un multimillonario desfalco realizado, al parecer, por el chavismo en contra de Venezuela, aunque cada sector está concentrado en sus propias investigaciones. El objetivo es identificar a los autores de este robo gigantesco para adoptar medidas severas, en lo que están de acuerdo ambas partes que señalan que Venezuela ha sido víctima de una saqueo de «proporciones homéricas».
El presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN), Freddy Superlano (Foto izquierda), calcula en cerca de 400 mil millones de dólares el desfalco perpetrado. “No se sabe en cuántos paraísos fiscales ha invertido» esta cantidad de dinero, dijo el dirigente opositor de Voluntad Popular (VP), tras destacar que deben profundizar las averiguaciones en el exterior porque “los organismos del Estado venezolano no nos facilitan las investigaciones”.
Mientras el régimen socialista utiliza al fiscal general impuesto por su Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, para ejecutar una razzia en Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y culpar de todas las desviaciones en la industria al exministro Rafael Ramírez (derecha), la Asamblea Nacional (AN) de mayoría opositora afirma que «la cúpula oficialista se llena los bolsillos a costa del hambre y el sufrimiento de los venezolanos».
Superlano calcula en cerca de 400 mil millones de dólares el desfalco perpetrado por el chavismo, destacando que se deben profundizar las averiguaciones en el exterior porque “los organismos del Estado venezolano no nos facilitan las investigaciones”.
Superlano mencionó los principales casos que están bajo la lupa de la instancia parlamentaria: Odebrecht (consorcio brasileño), Pdvsa (Petróleo de Venezuela), Agropatria, Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), y la compra de alimentos para los comités locales de abastecimiento y producción (Clap), expediente que involucraría al mismísimo presidente Nicolás Maduro según lo ya lo había afirmado la fiscal general removida, Luisa Ortega Díaz, hoy en el exilio.
El representante de VP estimó que entre 2016 y 2017 en el proceso de adquisición de alimentos para los Clap el daño patrimonial está alrededor de los 5 mil millones de dólares. Afirmó que Maduro y su esposa, Cilia Flores, “controlan el negocio de la importación de alimentos” y favorecen a empresas de su entorno.
“Nicolás Maduro y Cilia Flores aparecen vinculados a la corrupción de acuerdo al informe de la fiscal (Ortega Díaz). Hay empresas que se registraron con 10 mil dólares y terminaron haciendo contrataciones de por encima de los 200 millones”, manifestó el legislador. Para ilustrar los abusos con los sobreprecios, aseveró que un kilo de leche que en el mercado internacional se compra a 0,90 dólares aquí se vende a 5 y 7 dólares. “Sabemos que los CLAP están totalmente controlados por los militares”, enfatizó, según la prensa latina en Estados Unidos, entre otros medios el Diario Las Américas de Miami.
Las obras inconclusas y el pago de sobornos a la empresa brasileña Odebrecht, los contratos opacos suscritos por Corpoelec en el marco de la crisis eléctrica y las fallas en los insumos agrícolas que debería distribuir Agropatria, también forma parte de la agenda que desarrolla la Comisión de Contraloría liderada por Superlano.
La Asamblea Nacional aprobó a finales de 2016 un informe referido a 11 casos de corrupción en Pdvsa que sumaban unos 11 mil millones de dólares. La AN declaró, además, la responsabilidad política del exministro Rafael Darío Ramírez (55), en ese tiempo embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), ingeniero, político, escritor y diplomático . Entre 2002 y 2013 se desempeñó como ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería y como presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) entre 2004 y 2013, quien tras una “investigación” fue liberado de cargos. Sin embargo, en el mismo caso no tuvo la misma suerte el diputado venezolano Freddy Guevara (Foto izquierda), quien fuera ex presidente de la Comisión de Contraloría de la AN y actualmente estaría asilado en la Embajada de Chile en Caracas (esperando el salvoconducto para poder salir del país). Guevara está en la sede diplomática desde el 4 de noviembre de 2017 tras declarar haber re cibido amenazas que podrían afectar su integridad física.
Pdvsa y sus continuos escándalos siguen en la mira de la instancia legislativa. El diputado Ismael León (también opositor de Voluntad Popular) reveló que analizan un informe elaborado por las autoridades de Estados Unidos sobre una trama que habría lavado 1.200 millones de dólares provenientes de Pdvsa. De acuerdo con versiones de prensa, Maduro, sus hijastros y el dueño del canal de noticias Globovisión, Raúl Gorrín, estarían relacionados con este hecho.