Por Martín Poblete

El Plan Araucanía del Presidente Sebastián Piñera  es un proyecto de desarrollo capitalista, coherente con las líneas de pensamiento de una coalición de centro derecha, aunque la conducción  estará en el Ministerio de Desarrollo Social, no en el de Interior.

Se plantea abrir líneas de crédito a los agricultores mapuches, algo fundamental, los pequeños y medianos propietarios debieran aprovechar rápido los beneficios del acceso al crédito bancario, es de esperarse con tasas de interés preferenciales sin ser menores a las aplicadas a otros agricultores en la zona; en este punto, surge un rol clave para la CORFO y muy particularmente para el Banco del Estado, especialmente en la forma como ha de extenderse el beneficio del crédito a las llamadas «comunidades indígenas» cuyas estructuras no las hacen favorables a las actividades productivas.   Como sea vaya el enfoque, el crédito es esencial para un grupo de chilenos deficitarios en capital,  tal vez deba considerarse la formación de cooperativas de servicios para proveer equipamiento de alto costo como cosechadoras y enfardadoras automotrices,  tractores, bulldozers para  destronque y limpieza de esteros, canales de regadío.

En la presentación del Plan se habló de 491 proyectos varios a ejecutarse con participación de diez ministerios en un plazo de ocho años, esto es indudablemente ambicioso, acompañado de incentivos tributarios, con fuerte inversión pública en subsidios de vivienda, y en conectividad mejorando mil cien kilómetros de caminos básicos  lo cual debiera tener positivo impacto en la creación de empleo. La iniciativa del Estado estaría, así se ha dicho, seguida de inversión privada significativa.

A los aspectos económicos y financieros se agregaron tres matices propiamente políticos. Instancias de diálogo y reparación a víctimas de la violencia terrorista.   Se habló de crear un Consejo por el Reencuentro de la Araucanía.   El diálogo entre quienes quieren tenerlo ya existe, está por verse si es posible ampliarlo.

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Reconocimiento constitucional de los pueblos originarios.  La intención es loable, pero al requerir su implementación de altos quórums en el Congreso, dónde el Gobierno carece de mayoría, su aprobación parece distante.   Se habló también de abrir los espacios de participación mediante una ley de cuotas mínimas, reservadas a candidatos de ancestro indígena, en las listas de candidatos de los partidos debidamente registrados; en apariencia, esto debiera ser viable, el problema estará en la disponibilidad de las oligarquías  partidarias.   Los candidatos mestizos mapuches tienen derecho a competir en elecciones, de hecho ya hay varios alcaldes, concejales, y un senador en Araucanía, no necesitan escaños reservados sin competencia cuya naturaleza solo produciría parásitos del Estado.   Finalmente, en este rubro, se habló de crear un Ministerio de Asuntos Indígenas ligado a un Consejo de Pueblos Indígenas, esto es inventar burocracia con su tecnocracia adjunta, para no hablar del considerable gasto público involucrado.

Un tercer capítulo en el Plan es el de introducir flexibilidad en el uso de las tierras entregadas a las comunidades, permitiéndoles firmar contratos de arriendo, mediería, y otras relaciones de negocios por períodos de hasta veinticinco años.

  • Las limitaciones en el manejo de tierras compradas por la CONADI, entregadas a comunidades, tienen su origen durante los sucesivos gobiernos de la Concertación, en una exquisita ironía de la historia.   Efectivamente, la idea del indio como incapaz en derecho fue avanzada por el Dr. Juan Ginés de Sepúlveda  en sus diálogos con el Padre Bartolomé de Las Casas; curiosamente, cinco siglos después, gobiernos de coalición democristiana-socialista legislaron limitaciones a la libertad de comunidades indígenas, alineándose con el Dr. Sepúlveda y no con el Padre Las Casas, ahora resulta que un gobierno de centro derecha quiere legislar para darle a las comunidades su libertad en el manejo de sus asuntos.
  • El Plan Araucanía debiera ser aprobado en sus aspectos fundamentales en el Congreso.   En la Región misma, impulsará necesarias definiciones, forzando a los diversos actores político-sociales a decidir sus respectivos cursos de acción.