La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, y el ministro de Hacienda argentino, Nicolás Dujovne, anunciaron un aumento de 7.100 millones de dólares en el crédito de 50.000 millones de dólares que el organismo le había otorgado en junio al país sudamericano.

«La gerencia del Fondo Monetario aprobó el programa de crédito. Todos estos esfuerzos son para ayudar a Argentina a estabilizar su economía y afrontar los desafíos», dijo Lagarde en una conferencia de prensa en Nueva York.

El analista argentino  Ezequiel Burgo escribió en el diario Clarin de Buenos Aires que el primer acuerdo con el Fondo Monetario era por US$ 50.000 millones. Hubo un primer desembolso en junio por US$ 15.000 millones. De aquí a  2019 quedaban por adelantar US$ 6.000 millones este año y US$ 11.400 millones el próximo.

Esto significa que el programa anunciado hoy acelera los desembolsos tal cual había solicitado el Presidente Mauricio Macri en agosto pasado.

En 2018 habrá US$ 7.400 millones extras a los previstos en el cronograma original porque ahora llegarán US$ 13.400 millones. Por otra parte, para 2019, en lugar de US$ 11.400 millones vendrán US$ 22.800 millones.

El Gobierno de Mauricio Macri debe adoptar una serie de nuevas medidas de corto plazo para favorecer a los sectores vulnerables de Argentina, recomendaron varios expertos en vísperas de que este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dé a conocer cuántos habitantes viven en la pobreza.

A comienzos de mes, en un mensaje a los argentinos, Macri anunció entre otras medidas «un refuerzo» económico en septiembre y diciembre a las cabezas de familia desempleadas o a las que ganan menos del salario mínimo y cobran la llamada Asignación Universal por Hijo (AUH). Ésta es una protección social que desde 2009 reciben los beneficiarios por cada hijo menor de 18 años.

«En este incendio social hay que rescatar a los que están más cerca del fuego con medidas de corto plazo. Para los sectores más vulnerables, no hay un mediano o largo plazo», dijo a dpa Diego Pando, director de la Licenciatura en Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET).

 Macri afirmó también que la inflación en Argentina llegará a 30% al finalizar 2018.

Pando, Doctor en Ciencia Política y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid, considera necesario incrementar todavía más las partidas de dinero destinadas a programas sociales tanto para personas desempleadas como quienes reciben un salario por cumplir tareas comunitarias en áreas de la economía social. En sus palabras, esas partidas deberían ser equiparadas con el alza que tuvo el dólar estadounidense, el cual fue superior al 90 por ciento en lo que va del año.

También sugiere Pando fortalecer el presupuesto para abastecer de alimentos de calidad y variedad a comedores comunitarios, y dotar de insumos y equipamiento a los centros de salud y educación pública. Éstos, explica notarán un aumento de quienes concurren habitualmente a ellos como consecuencia de lo inalcanzable económicamente que se volverán servicios de índole privado.

«La situación de conflictividad social puede ir en aumento entre los sectores vulnerables como consecuencia de la crisis» si las medidas no llegan a tiempo y resultan amplias, advierte.

Casi cuatro millones de personas «enfrentan una seria inseguridad alimentaria» en Argentina, advirtió días atrás, después de una visita al país sudamericano, la relatora especial sobre el Derecho a la Alimentación de las Naciones Unidas, Hilal Elver.

Elver resaltó en una rueda de prensa que los programas alimentarios del Gobierno de Macri «no se ajustaron en función de la devaluación del peso», y opinó que los comedores comunitarios que funcionan a lo largo del país «no constituyen una verdadera solución sino que sirven en situaciones de emergencia».

«Estamos en una emergencia social que se puede convertir en una catástrofe», dijo a la prensa días atrás el dirigente Juan Grabois, referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), una de las organizaciones sociales más masivas de Argentina.

Bernardo Kosacoff, economista de la Universidad Torcuato Di Tella y ex director de la Oficina de Buenos Aires de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), comentó a dpa que «todas las crisis económicas que vivió de Argentina» en las últimas décadas «las terminaron pagando los sectores de menores ingresos» y que por eso, sostuvo, «el país fue construyendo un laboratorio de exclusión social».

Frente a ese escenario, Kosacoff resalta que Macri debe «ampliar la base productiva y generar empleo genuino» para mejorar la situación de los pobres.

«Es vergonzoso que en Argentina haya indigentes (personas a las que sus ingresos no les alcanzan para acceder a una canasta

alimentaria básica) cuando el país produce alimentos de alta calidad para 500 millones de personas» en el mundo, dice Kosacoff.

Kosacoff respalda la decisión de Macri de aplicar un impuesto a las exportaciones, en especial a las provenientes del sector agropecuario. «Está plenamente justificado si el dinero que se obtiene en parte se focalizan a los sectores que menos tienen» en Argentina, afirma.

Si bien Macri calificó de «mala, malísima» a la medida impositiva, el objetivo de su decisión es «sostener cierta gobernabilidad» cuando resta algo más de un año para finalizar su mandato, opinó en declaraciones a dpa Mariana Heredia, Doctora en Sociología por la Escuelas de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París e investigadora de la Universidad de San Martín (UNSAM).

Heredia consideró que los gobiernos de centroderecha como el de Macri expresan su preocupación por las personas y hogares que quedan por debajo de la pobreza a raíz de las políticas sociales y económicas implementadas.

En el caso de Macri, agrega Heredia, el presidente busca «no cargar con el descrédito político de que le estalló la pobreza y sostener cierta gobernabilidad. Y lo ha conseguido, porque frente a la cantidad de damnificados que deja es notable que la beligerancia no se haya desmadrado», dice.

La huelga sindical no tuvo «contundencia» según el Gobierno

El ministro de Producción y Trabajo de Argentina, Dante Sica, aseguró que la huelga sindical de este martes no tuvo la «contundencia» que tuvieron otras y consideró que si hubiese funcionado el transporte público en ciudades como Buenos Aires quizá la asistencia al trabajo «hubiese sido mucho mayor».

«En aquellos lugares en donde el sistema de transporte no funcionó, como en la capital o el Gran Buenos Aires (cinturón urbano) quizá ahí se sintió un poco más (el paro)», señaló Sica en declaraciones a la prensa tras la reunión de gabinete de hoy, encabezada por el presidente Mauricio Macri.

El ministro reconoció que la que fue la cuarta huelga de 24 horas que la Confederación General del Trabajo (CGT) convoca contra el actual Gobierno, «sí se noto muy fuerte» en el sector público pero fue «muy disímil» el impacto en el sector comercial e industrial.

Asimismo, afirmó que «en general» en el comercio «ya pasado el mediodía se vio que había mucha mayor apertura».

«En casi todas las provincias el paro en la parte del sector publico rondó entre el 70 y el 90 % en promedio en general», añadió Sica junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La medida de fuerza sindical, destinada a protestar contra la política económica del Gobierno en medio de un contexto de alta inflación, una fuerte devaluación de la moneda nacional, despidos sectoriales y la caída de la actividad económica, tuvo una gran adhesión, principalmente, en el sector del transporte público.

«Los paros sin transporte son paros que no se pueden medir. No son demasiado medibles porque hemos visto en muchas provincias que, habiendo transporte, la provincia prácticamente anduvo como un día normal», dijo Bullrich.

Para la ministra, sería «importante» que la central de trabajadores se pregunte por todos los paros que ha realizado en la democracia (desde 1983) y «qué logros ha tenido».

«Si no es hora de empezar a probar un método distinto de dialogo y no de paro. De cambios y no de paro. Todos los Gobiernos han sufrido paros nacionales y esta metodología parece que ya no les da resultado», consideró.

En su balance interno, la CGT aseguró ayer que la huelga general fue «contundente» y pidió al presidente que escuche ese «clamor» e intente trazar «con grandeza» una salida «al laberinto» en el que se encuentra el país.

«En términos generales fue un paro que no tuvo quizás la contundencia que tuvieron otros», remarcó Sica.

«Si no hubiese estado el tema del transporte quizás el presentismo hubiese sido mucho mayor», añadió el ministro, quien reconoció que el Gobierno «ha demostrado en estos dos años y medio que aprende de sus propias equivocaciones y errores y trata de corregirlo».

«El diálogo sigue abierto. Venimos trabajando en contacto permanente con todos los dirigentes sindicales y las cámara empresariales», aseveró.

La exmandataria Cristina Fernández está acusada de ser la «jefa» de una asociación ilícita montada para recaudar sobornos de empresarios de la obra pública, que buscaban ser favorecidos con contratos.

Más ex funcionarios kirchnerista arrestados

La Policía argentina detuvo la madrugada del miércoles a dos exsecretarios del kirchnerismo en el sur del país, en una causa por la que se investiga una red de sobornos que presuntamente funcionó durante los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y su esposa, Cristina Fernández (2007-2015).

Se trata de Julio Daniel Álvarez, exsecretario privado de la exmandataria y actual senadora, y de Víctor Fabián Gutiérrez, que ejerció un cargo similar para el matrimonio presidencial.

Ambos se encontraban en la sureña localidad de Río Gallegos cuando fueron detenidos, informó este miércoles La Nación, el diario que destapó el caso tras publicar las anotaciones de un chófer del Ministerio de Planificación que registró los supuestos pagos en negro de empresarios de la obra pública a funcionarios durante más de una década.

Gutiérrez está acusado de lavado de dinero mientras que Álvarez fue apuntado por el detenidoexsecretario de Obras Públicas, José López, al declarar en esta causa, a cargo del juez federal Claudio Bonadio.

López aseguró que Álvarez fue quien lo llamó la noche del 13 de junio de 2016 para pedirle que llevara bolsos con 8,9 millones de dólares a un convento, un hecho que quedó registrado por cámaras de seguridad y por el que el primero permanece preso desde entonces.

Por este caso, Bonadio tomó declaración a medio centenar de personas -varias de ellas acogidas a la figura del «arrepentido»-, entre empresarios y ex altos cargos, y procesó a alrededor de 40, entre ellas, a Fernández, a quien pidió detener, algo que de momento no se producirá por tener fueros parlamentarios.

La exmandataria está acusada de ser la «jefa» de una asociación ilícita montada para recaudar sobornos de empresarios de la obra pública, que buscaban ser favorecidos con contratos.