Informe Especial

Hace un par de años muy pocos fieles lo hubiesen creído, pero este jueves fue real y conocido a través de los medios de comunicación no solamente en Chile sino en el mundo entero. El Fiscal Emiliano Arias ordenó la incautación de archivos de la Iglesia Católica en cuatro sedes eclesiales del país –Valparaíso, Concepción, Osorno y Chillán-, buscando antecedentes para intervenir definitivamente la red de pedofilia y abusos sexuales que afecta y hunde a la Iglesia Católica chilena desde hace años.

Hasta el arzobispado de Concepción llegó el fiscal Sergio Moya junto a personal de OS-9 de Carabineros para allanar las  instalaciones ecleciásticas, lo que se cumplió con el respaldo de una orden dictada por el Tribunal de Garantía de Rancagua, en el marco de una investigación que realiza el Ministerio Público en contra de sacerdotes implicados en delitos de presuntos abusos sexuales.

La misma diligencia se hizo en las otras tres regiones que aparecen “en rojo” frente a al escándalo que afecta a la Iglesia Católica.  El Ministerio Público completó así una lista de allanamientos eclesiásticos en 16 puntos específicos o edficicios.

La Fiscalía Nacional ha informado que en Chile existen 119 investigaciones vigentes relativas a miembros del clero de la Iglesia, con 167 imputados, de los cuales siete son obispos, 96 sacerdotes, cuatro diáconos, 30 religiosos (no sacerdotes), 10 laicos y otras 20 personas no identificadas respecto a su relación con la Iglesia.

En Concepción  el procedimiento culminó con la incautación de más de 300 carpetas, repartidas en 13 cajas. Entre ellas, investigaciones eclesiales,  fichas personales y computadores. “Encontramos toda la información que necesitábamos, son al menos 300 carpetas”, dijo el fiscal Moya, quien además señaló que se tomaron declaraciones al vicario judicial, al promotor de justicia y al secretario canciller: “Hemos recogido al menos cinco testimonios, que dieron antecedentes que consideramos útiles plasmar en una declaración”, como informó el diario La Tercera.

El fiscal añadió que si bien el arzobispado ha entregado información a la Fiscalía Regional de Concepción, “no dice relación con lo que estamos indagando, nosotros estamos buscando otro tipo de información. En ese sentido, existe una coordinación tanto con el fiscal regional Arias como con la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, ahora si coincide o no la información es algo que solamente vamos a poder calificar una vez que analicemos las carpetas”, agregó el diario.

El arzobispo de Concepción, Fernando Chomali, no se ha visto obligado a prestar declaraciones, aunque en todo momento el Arzobispado de Concepción ha expresado su disposición a realizar esta diligencia.

“Reiteramos nuestro pleno respeto y cumplimiento con la ley. Porque no estamos por sobre la normativa que rige en el país. Por ello, estamos siempre llanos a colaborar con las instancias del Estado, porque creemos que es lo justo y lo debido. Esperamos que pongan lo mejor de sus competencias, habilidades y destrezas para alcanzar la verdad. Tienen que esclarecerse los hechos denunciados de carácter delictivo. Nos interesa que la verdad salga a la luz y a partir de allí hacer justicia”, fue la declaración de Arzobispado.

Mismo allanamiento en otras ciudades

El procedimiento se realizó también en el Obispado de Chillán, diócesis encabezada por el prelado Carlos Pellegrin. El procedimiento también estuvo a cargo del fiscal Emiliano Arias, a raíz de la investigación que se desarrolla contra el obispo Pellegrin, indagado por un presunto caso relacionado con un abuso. Igualmente se trabajó en Osorno y Valparaíso. En esta última diócesis, la diligencia fue encabezada por el fiscal jefe de Graneros, Sergio Pérez, quien ingresó al edificio eclesiástico junto a Carabineros.

El persecutor explicó que llegaron hasta el lugar buscando dos tipos de documentos: “Los que tienen que ver con investigaciones previas que realiza normalmente el obispado, cuando toma conocimiento de un hecho que pudiera afectar la sexualidad de un menor de edad, y luego las investigaciones canónicas”.

Agregó que la mayoría de lo incautado estaba en formato papel. También afirmó que se tomó declaración a seis funcionarios del recinto religioso, principalmente a “todos aquellos que tienen cargos de responsabilidad”.

El administrador apostólico de Valparaíso, Pedro Ossandón, afirmó que “estamos al servicio de la fiscalía”.

La cultura del abuso

Después de que el papa Francisco reconociera en mayo una “cultura del abuso” en Chile, lo que hizo tras muchos tropiezos por falta de información verdadera,   y de que investigadores vaticanos descubrieran un patrón de falta de acción y encubrimiento, los fiscales chilenos han aumentado sus esfuerzos para investigar a muchos jerarcas de la Iglesia.

La Iglesia es ahora consciente de que la investigación debe ser lo más amplia posible con interrogatorios director a todos los implicados entre ellos a siete obispos. Así los fiscales chilenos  han aumentado sus esfuerzos para investigar a muchos jerarcas católicos en quince regiones chilenas.

Lo que ocurra finalmente con el cardenal Ricardo Ezzati y el Arzobispado de Santiago, aún no hay suficiente claridad, además de las peticiones al Papa  de que haga efectiva su renuncia de inmediato. En todo caso, Ezzati ya renunció a encabezar el Te Deum en la Catedral de Santiago el 18 de septiembre (Día de la Independencia chilena).

El cardenal, quien  ha negado las acusaciones de encubrir el abuso, aparece ahora como el  miembro del clero de más alto rango que es investigado. Una comisión del Congreso considerará revocar  la ciudadanía chilena, otorgada a él por gracia en 2006, ya que su lugar de nacimiento es Italia.

“Se rompió un paradigma”, dijo José Andrés Murillo, cuyas acusaciones públicas de abuso están entre las que detonaron la crisis. “Es como una gran ola que empujó al barco de la Iglesia a moverse”, declaró recientemente muy satisfecho.

El papa Francisco, durante su visita a Chile en enero, dijo su peor frase por falta absoluta de información:  “todo es calumnia” lo que lo obligó a disculparse más tarde diciendo que habían sido “graves equivocaciones de valoración y percepción”.

¿Signficó todo esto que el Papa como jefe máximo de la Iglesia Católica y de un Estado carecía de este tipo esencial de información que lo ayudará a orientar su Papado y no a perjudicarlo?

Teólogo chileno

Alejandro Álvarez, uno de los voceros de la organización Voces Católicas, abogado de profesión, casado y teólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, reconoció que  “la Iglesia sufre una crisis profunda, y quienes cometieron abusos contra menores tienen que pagar por esos delitos y enfrentar a la justicia, caiga quien caiga”. Los recientes ecos no comenzaron con una acusación, sino con una defensa: durante la visita a Chile en enero, del papa Francisco , al defender al Obispo de Osorno Juan Barros , acusado de encubridor de abuso.

 “Todo es calumnia”- la frase que acompañará al Papa Francisco por  el resto de su vida causó mucha indignación. Francisco, sorprendido por la respuesta, envió a dos investigadores, el arzobispo Charles Scicluna y Jordi Bertomeu, a Chile a examinar cómo los jerarcas de la Iglesia habían trabajado los reportes de abuso sexual, quienes enviaron de vuelta a Roma unas 2.300 páginas basadas en 64 entrevistas, en las cuales  se acusan a los líderes de la Iglesia chilena de fallar en investigar las acusaciones creíbles y acusaron  además a los líderes eclesiásticos de destruir documentos claves.

En abril el Santo Padre se reunión con tres abusados y “promotores” del escándalo para que se supiera la verdad (Juan Carlos Cruz, James Hamilton y Fernando Battle). Después convocó a Roma a la Conferencia Episcopal completa, cita que concluyó en la renuncia de los 34 obispos de Chile.

 “Creo que el papa se dio cuenta de los desafíos sociales y políticos a los que estaba sometida la Iglesia en el mundo de hoy. Está empujando la Iglesia hacia una crisis de la cual tiene confianza que saldrá algo nuevo”, dijo José Andrés Murillo, quien fue uno de los hombres invitados al Vaticano. Ahora encabeza la Fundación para la Confianza, un grupo para víctimas de abuso.

Hoy, el cardenal Ricardo Ezzati, arzobispo de Santiago, es el miembro de más alto rango del clero chileno que enfrenta una investigación.