El secretario general de la OEA, Luis Almagro, afirmó en Miami que ya era  hora de “tirar a la  dictadura” de Nicolás Maduro, explorando “todas las alternativas posibles”, y pidió que sea “antes de que finalice este año”, porque “no queremos llegar al otro año con dos millones más de venezolanos dejando su país”.

Almagro hizo esta déclaración al anunciar que el próximo viernes 14 de septiembre viajará a la frontera entre Colombia y Venezuela, para conocer de primera mano la crisis migratoria venezolana.

La de Venezuela “es una dictadura criminal, definitivamente tenemos que tomar todas las acciones que estén a nuestro alcance, y no solo es criminal por tener los niveles de corrupción más altos del continente, sino también por sus vínculos con el narcotráfico”, indicó Almagro en tono enérgico como informó el Diario Las Américas.

El secretario general de la OEA habló en la XV Cumbre Latinoamericana de Marketing Político y Gobernanza, que se reunió en Miami.

Vinculado a esto ,   este viernes el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo oficializó la decisión política de su país de retirarse de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), algo que ya había anunciado su presidente, Iván Duque, al considerar que esa organización se ha convertido en un “cómplice de la dictadura venezolana”, como lo reiteró el ministro.

“Ya lo habíamos dicho a lo largo de la campaña”, dijo el ministro, aunque la nota no se ha enviado aún. pero está lista”.

El Gobierno colombiano está en una fase previa de consultas con otros estados miembros de Unasur que, según ha explicado el canciller, pretenden tomar una decisión similar. “Si a raíz de esas conversaciones se consigue una reacción común, actuaremos en conjunto, pero si eso no sucede Colombia denunciará el tratado constitutivo”, dijo Holmes Trujillo en Bogotá (foto derecha).

El nuevo Gobierno colombiano pretende liderar una “respuesta multilateral” a través del Grupo de Lima, el conjunto de 12 países latinoamericanos, entre ellos Chile,  que ha tomado medidas frente al régimen de Nicolás Maduro. Entre otras, no reconocer las últimas elecciones en las que el mandatario se reafirmó en el poder y alertar sobre lo que consideran “graves violaciones a los derechos humanos” de la población venezolana. “Vamos a insistir en el fortalecimiento de un fondo humanitario de emergencia y en la creación de un enviado especial ante la ONU que coordine las acciones de varios países”.

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Conversaciones militares secretas en Washington

En este mismo tema, el diario The New York Times confirmó este sábado que el gobierno de Donald Trump sostuvo reuniones secretas con militares venezolanos rebeldes para hablar sobre sus planes para derrocar al presidente Maduro, según funcionarios estadounidenses y un excomandante militar venezolano que participaron en las conversaciones.

Establecer contactos clandestinos con golpistas en Venezuela fue una gran apuesta para Washington, dado su largo historial de intervenciones encubiertas en toda América Latina. Muchas personas de la región aún sienten un gran resentimiento contra Estados Unidos por haber respaldado rebeliones, golpes de Estado y complots en países como Cuba, Nicaragua, Brasil y Chile, así como por haber guardado silencio ante los abusos que los regímenes militares cometieron durante la Guerra Fría, señala el NYT.

En respuesta a las preguntas sobre esas conversaciones secretas, la Casa Blanca señaló mediante un comunicado que era necesario participar en un “diálogo con todos los venezolanos que expresan el deseo de restablecer la democracia” con el fin de “aportar un cambio positivo a un país que ha sufrido mucho bajo el gobierno de Maduro”.

Sin embargo, un comandante militar de ese país que estuvo involucrado en las conversaciones difícilmente puede ser considerado como un emisario democrático: está en la lista de funcionarios corruptos de Venezuela que han sido sancionados por el gobierno estadounidense.

Él y otros miembros del aparato de seguridad venezolano han sido acusados por Washington de un gran número de delitos graves, entre ellos torturar a los opositores del régimen, encarcelar a cientos de prisioneros políticos, herir a miles de civiles, traficar drogas y colaborar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), un grupo guerrillero que Estados Unidos considera como una organización terrorista.

La mayoría de los líderes latinoamericanos están de acuerdo en que Nicolás Maduro, el presidente venezolano, es un gobernante cada vez más autoritario que arruinó la economía de su país ocasionando una escasez extrema de alimentos y medicinas. El colapso desató el éxodo de los venezolanos desesperados que escapan por las fronteras, y con ello abruman a los países vecinos, agrega el NYT.

Al final, los funcionarios estadounidenses decidieron que no ayudarían a los conspiradores, y el plan del golpe de Estado quedó estancado. No obstante, la disposición del gobierno de Trump de reunirse varias veces con oficiales rebeldes que pretenden derrocar a un mandatario de este hemisferio podría resultar políticamente contraproducente.

Desde hace mucho tiempo, Maduro ha justificado su autoritarismo con la afirmación de que los imperialistas de Washington están intentando destituirlo de manera activa, y las reuniones secretas podrían proporcionarle argumentos para cambiar la postura de la región que, en general, se muestra en su contra, agregó el influyente diario estadounidense.