Los relatores especiales para la libertad de expresión de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), David Kaye y Edison Lanza, respectivamente, condenaron este jueves los «repetidos ataques» del presidente de EE.UU., Donald Trump, a la libertad de expresión, y le urgieron a cesarlos.
El presidente acusa a menudo a los medios de difundir noticias falsas, de distorsionar la democracia y de publicar teorías de la conspiración, lo que él utiliza con fines de «estrategia» para su propia política.
«Sus ataques son estratégicos, diseñados para socavar la confianza en el periodismo y para generar dudas sobre hechos verificables», señalaron en un comunicado conjunto los dos expertos.
El presidente de EE.UU. ha dicho que los medios de comunicación son «enemigos de los estadounidenses» y «muy deshonestos», y les acusa a menudo de difundir noticias falsas, de distorsionar la democracia y de publicar teorías de la conspiración, recordaron Kaye y Lanza.
«Estos ataques son contrarios a las obligaciones del país de respetar la libertad de prensa y de expresión como también los derechos humanos», recalcaron los relatores, que expresaron su temor a que los periodistas puedan sufrir actos de violencia por los comentarios negativos hacia ellos por parte de Trump.
Kaye y Lanza dijeron que el presidente estadounidense y otros dentro de su administración han pretendido «socavar» el periodismo que ha descubierto casos de fraude, abusos y eventuales comportamientos ilegales, así como fomentar la desinformación. «Cada vez que el presidente llama a los medios el enemigo de los ciudadanos o no permite preguntas de periodistas de corporaciones mediáticas que él detesta, sugiere que existen motivaciones malvadas o una inquina hacia él» por parte de la prensa, indicaron.
“Urgimos al presidente Trump a no solamente cesar de utilizar su plataforma (como mandatario) para denigrar a los medios, sino que también condene los ataques contra ellos, como las amenazas dirigidas a la prensa en sus propios mítines» políticos, afirmaron los relatores especiales.
También instaron al Gobierno estadounidense, incluido al Departamento de Justicia, a evitar promover casos contra periodistas para identificar fuentes confidenciales, algo que socava la independencia de los medios y la capacidad de la opinión pública a tener acceso a la información. EE.UU., señalan Kaye y Lanza, debe dejar además de recurrir a la ley contra el espionaje para evitar filtraciones de denunciantes que se mantienen en secreto.
Por último, instaron a todos los periodistas a actuar en solidaridad para contrarrestar «los esfuerzos del presidente Trump de dar prioridad a unos medios por encima de otros».
En campaña, Trump ya atacaba a los medios de comunicación
Donald Trump se comprometió ya antes del inicio oficial de su campaña presidencial (el 28 de febrero de 2016) a cambiar las leyes de difamación de tal manera que podrían socavar la Primera Enmienda y la libertad de expresión en Estados Unidos (foto de portada).
«Cuando el New York Times o el Washington Post escriban un artículo para atacarnos, podremos demandarlos», afirmó Trump en su campaña.
Desde la Independencia de Estados Unidos, la libertad de expresión ha sido una piedra angular de la vida pública de EE UU, con el principio de la verdad como defensa absoluta contra cualquiera acusación de difamación. La Primera Enmienda deja muy en claro que «el Congreso no creará ninguna ley que coarte la libertad de expresión o la libertad de prensa», y es una de las leyes fundacionales de la democracia estadounidense.
La Corte Suprema reafirmó la enmienda por última vez en 1964 y por decisión unánime, en el caso de The New York Times vs. Sullivan, en el cual el veredicto de la Corte Suprema en el caso New York Times Co. vs. Sullivan revolucionó la ley de difamación en los Estados Unidos, al sostener que los funcionarios públicos no podrán presentar con éxito una demanda por difamación con el simple expediente de probar que la información publicada es falsa. La Corte dispuso que el demandante tiene que probar además que los reporteros o editores actuaron con “verdadera mala intención” y que la información fue publicada “con un precipitado desinterés por averiguar si ésta era falsa o no”.. La Corte sostuvo que cualquier persona pública que presentara una demanda por difamación debería probar la existencia de dolo evidente en la declaración difamatoria, «con la certeza de que había sido falsa o con negligencia temeraria sobre su veracidad».
