Por Arturo Alejandro Muñoz

No hay posibilidad alguna esta vez que un tribunal inquisidor venga en auxilio de la vieja iglesia católica. El juicio de la Historia le caerá encima cual fardo gigante, adobado con las críticas de los descreídos agnósticos y de muchos talibanes del ateísmo. ¿Quién podrá salir en su defensa?

Se dirá que al menos hubo críticas internas emanadas por curas mandantes en parroquias establecidas en los sectores pobres de la sociedad, pero ellos –sus voces–, nunca fueron debidamente escuchadas… “si la iglesia vaticana hubiese tenido un Sanedrín, seguramente esto no le habría ocurrido”, me susurra un amigo judío que algo sabe de religiones.

Puedo estar equivocado, pero creo que la iglesia católica chilena no experimentaba un problema de esta magnitud desde los sucesos acaecidos en el siglo diecinueve (año 1856) conocidos como “la cuestión del sacristán”, que encolerizaron al entonces arzobispo de la capital chilena, Rafael Valentín Valdivieso, debido a la decisión del presidente de la república, Manuel Montt, en cuanto a respetar los fallos judiciales, aún siendo negativos para la poderosa curia.

La cuestión es que ese asunto derivó en el quiebre del gobernante Partido Conservador, originando un gran paso para que el liberalismo aumentara su presencia en el país, convirtiéndose años más tarde en alternativa de gobierno, dando inicio al sistema de partidos (políticos) teniendo como eje central una línea gruesa y definida: la posición del Estado frente a la Iglesia.

Transcurrió un siglo y medio sin que la iglesia tuviese que enfrentar problemas de envergadura, y en esta apreciación se incluye la posición política que mantuvo durante la dictadura cívico-militar, donde un sector –el de sacerdotes apoltronados en parroquias y colegios de los barrios donde habitan chilenos enriquecidos– apoyó sin pudor ni titubeos al gobierno totalitario, mientras el otro sector –incluyendo al propio cardenal Raúl Silva Henríquez y a varios obispos– se jugó la vida en defensa de millones de personas y en la búsqueda de una paz que caminaba hacia la recuperación de la dignidad, la libertad y la democracia.

La iglesia católica es una institución que posee más de veinte siglos de experiencia política adquirida en mil episodios variopintos, desde la persecución romana, las cruzadas, el Medioevo, la reforma luterana, las invasiones europeas a América y África, hasta su actuar en la época del fascismo-nazismo y luego en la Europa socialista. Cuenta con significativa experiencia en las actividades educacionales y en las comerciales. Nadie mejor que ella para administrar colegios que sean rentables, o para estructurar negocios que rindan fructíferos ingresos.

Sin embargo, su arma más potente es su capacidad de manejo político y comunicacional. Todo este conjunto de atributos la han convertido en poderoso actor en el desarrollo del mundo occidental en los últimos dos mil años, cuestión que podría llamar a equívocos suponiendo que nada perturbaría el poder comentado y que, por tanto, la ‘santa madre iglesia’ –como se llama a sí misma– continuaría disponiendo de vía libre para persistir en sus andanzas externas e internas… algunas de ellas, de verdad aberrantes.

Es un hecho indesmentible que los grandes imperios, así como los gigantescos consorcios empresariales, difícilmente pueden ser derribados por enemigos externos, sino que caen derrumbados a causa de sus propias contradicciones y fallas internas. Es exactamente lo que hoy le está acaeciendo a esta iglesia católica en Chile (y también en otras partes del planeta), la cual, durante décadas, mantuvo un accionar deleznable en la solitaria oscuridad de sus templos, colegios y empresas, practicando a voluntad una pederastia infame que nadie se atrevía siquiera a mencionar por temor al repudio, al aislamiento y al castigo (tanto ‘divino’ como judicial).

Son múltiples los casos conocidos -Maciel, Karadima, O’Reilly, los Maristas, y decenas de curas en regiones– que finalmente destaparon un caldero del que emana hedor insoportable. La imparable marea de acusaciones, críticas y sanciones sociales obligó al Vaticano a aceptar renuncias de algunos sacerdotes, poniendo en severa tela de juicio el actuar de ciertos obispos como Ezzati y Errázuriz, otrora ‘intocables’ de la curia. La decepción y la molestia de muchísimos católicos se hicieron ostensibles cuando el papa Francisco I visitó el país, restándose a concurrir al encuentro del pontífice en algunas de las estaciones agendadas, como fue en Iquique. Además, la torpe y ensoberbecida reacción del papa Bergoglio al responder las críticas de los “laicos de Osorno”, terminó por echar abajo la ya menguada respetabilidad que le quedaba a la iglesia vaticana.

La justicia comenzó a hacer su trabajo, tardíamente, en realidad (en asuntos Iglesia-Estado, el presidente Manuel Montt fue más rápido que las actuales autoridades nacionales), pero el avance no es desdeñable, ya que Fiscales designados en cada una de las quince regiones del país se encuentran investigando oficialmente los innumerables acasos de abusos sexuales que involucran a más de un centenar de víctimas. Son más de setenta personas laicas y del clero las sometidas a investigación por las fiscalías. Entre esos potenciales imputados se encuentran también tres obispos, más de treinta sacerdotes y un par de diáconos.

El obispo de Rancagua, Alejandro Goic, renunció a su cargo producto de los escándalos habidos en su región, mientras el cardenal Ricardo Ezzati ha sido llamado por un fiscal a declarar como imputado por el encubrimiento de ciertos casos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes. La citación es para mediados del mes de agosto, y Jorge Abbot, Fiscal Nacional, no descarta la posibilidad de que el cardenal Francisco Errázuriz también pueda ser llamado a declarar, pues las acusaciones no sólo se constriñen a los abusos sexuales y a la pederastia: hay nuevos relatos que hunden aún más al clero chileno. Ahora son algunas monjas las que decidieron abandonar el silencio y en un programa del canal TVN dirigido por la periodista Paulina de Allende-Salazar, contaron con pelos y señales cómo eran sodomizadas y esclavizadas por algunos eméritos curas.

No se detiene allí la saga de denuncias sobre supuestos delitos cometidos por algunos sacerdotes, ya que también se podría iniciar una investigación judicial por cuestiones económicas, puesto que la propia iglesia reconoce la existencia de manejos fraudulentos de dinero por parte de curas que tienen parroquias e iglesias a cargo, dineros que provendrían del óbolo de la grey así como del rentable negocio de los bautizos, primeras comuniones, confirmaciones, casamientos, y de los camposantos pertenecientes a la iglesia, muy especialmente aquellos ubicados en comunas rurales.

El Te Deúm de las Fiestas Patrias es cuestionado 

La crisis es fuerte y abarca al espectro católico casi en su totalidad. Ello está siendo incrementado con un llamado de atención que efectúan algunos periodistas –como Daniel Matamala de CNNChile– cuestionando la realización del Te Déum en las próximas festividades patrias, no sólo porque sería el criticado e inefable arzobispo Ricardo Ezzati quien lo presidiera, sino también porque no es aceptable que una conmemoración de nuestra independencia nacional tenga como evento principal un acto de una de las tantas iglesias existentes y, lo que es peor, de una iglesia cuestionada e investigada por graves delitos.

De hecho, la presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández manifestó: “Han sido dramáticos los casos que hemos conocido, creo que no es el momento para que Ricardo Ezzati dirija un Te Deum ecuménico. Si me preguntas, yo creo que no iría, porque creo que aquí hay que estar del lado de las víctimas”.

A su vez, el presidente del senado, Carlos Montes, cree que no será Ezzati quien conduzca el próximo Te Deum. Sin embargo, conocida es la soberbia, el clasismo y el desprecio a la sociedad que caracteriza a muchos altos dignatarios eclesiásticos, por lo que no extrañaría que los mismísimos imputados y criticados sacerdotes estuviesen a cargo de una de las celebraciones oficiales del aniversario patrio pontificando sobre moral, hermandad, respeto y amor al prójimo.

Mientras tanto, los obispos se han reunido en Punta de Tralca (litoral de la región de Valparaíso) para destinar una semana al análisis del tema que ahoga no sólo a la iglesia chilena, sino también al Vaticano. La cuestión va más allá de esos análisis y discusiones, pues según opinaron los miembros de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Chile, “nada se espera de la jerarquía de la iglesia”

(*) – POLITIKA – Other News

Aporte de La Tercera

El caso de  la Cofradía (*)

Una vez que se hizo público el llamado caso de “La Familia” o “Cofradía” de Rancagua en mayo pasado, dando cuenta de un grupo de 14 sacerdotes de la Región de O’Higgins que estarían presuntamente vinculados a abusos sexuales, la fiscalía ha realizado una serie de pasos para aclarar estos hechos.

Para el Ministerio Público, es clave esclarecer los dichos de las víctimas, quienes declararon al programa Contacto de Canal 13 que en más de una ocasión habían dado a conocer estas situaciones a las autoridades eclesiásticas de la zona. En el marco de esta denuncia es que el entonces obispo de Rancagua, Alejandro Goic, ordenó la suspensión de sus funciones de 14 sacerdotes.

Pasaron pocas semanas y el 28 de junio el Papa Francisco aceptó la renuncia de Goic. El clérigo había puesto su cargo a disposición junto a todos los miembros de la Conferencia Episcopal, medida que adoptaron en Roma cuando se reunieron con el Sumo Pontífice.

Eso sí, antes de partir, Goic sostuvo una reunión con el defensor penal público de O’Higgins, Alberto Ortega. Fue este último, quien al ver en la prensa los alcances del caso, fue a ofrecer sus servicios al obispo emérito, preocupado “por las consecuencias y los riesgos de que la investigación avanzara desformalizada”, cuenta una fuente familiarizada con las diligencias.

Goic transmitió la propuesta a los presbíteros investigados y así fue como la Defensoría, hace poco más de 30 días, asumió la defensa de nueve de los 14 sacerdotes que pertenecerían a la llamada “Cofrafía”. La defensa de los otros cinco fue asumida por defensores privados, que no serán pagados por el obispado, “sino de su propio bolsillo”, señala un cercano a los clérigos de Rancagua.

Estas acciones son interpretadas como un alejamiento de la Iglesia respecto de estos imputados. En esta línea, el vocero de la Conferencia Episcopal, Jaime Coiro, indicó este miércoles desde Punta de Tralca que “la mayoría de los sacerdotes que han sido acusados y han tenido abogados los han financiado sus propias familias. El bien de la Iglesia es ayudar a que los denunciantes y que las víctimas tengan acceso a un adecuado apoyo jurídico”.

La Defensoría Pública solicitó una audiencia de cautela de garantías al Tribunal de Pichilemu, la que se desarrollará este jueves a partir del mediodía. En esta ocasión, se pedirá al Ministerio Público tener acceso a los antecedentes de la investigación que comanda el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias.

La asamblea

Mientras estos movimientos ocurren en sede penal, en Punta de Tralca los sacerdotes de la Conferencia Episcopal continuaron reunidos en torno a la 116 Asamblea Plenaria Extraordinaria.

Los casos de abuso sexual en la Iglesia, en especial la situación del cardenal Ricardo Ezzati, citado a declarar como imputado por presunto encubrimiento, ha cruzado las jornadas de reflexión. Así lo confirmó Coiro, quien señaló que se hizo un “primer abordaje del actual escenario jurídico, canónico y pastoral respecto de los abusos. Se ha profundizado en algunas de las causas y raíces en el fondo de estos (casos)”.

Sara Romero, secretaria ejecutiva de la Conferencia de Religiosos y Religiosas de Chile, señaló que “es penoso y triste vivir esta realidad dentro de la Iglesia, pero pensamos también que como vida consagrada femenina tenemos que reflexionar respecto a nuestra formación humana, antropológica y cristiana, para que estas realidades no se continúen dando”.

Respecto del caso del sacerdote Renato Toro Medina, sentenciado por la justicia canónica por abusos sexuales a menores cometidos en Chillán entre 2012 y 2015, el obispo de esa diócesis, Carlos Pellegrin, aseguró que las nuevas denuncias corresponden a hechos de antigua data. “Estas acusaciones se remontan al años 1982, 1983 y 1984”. Agregó que se continúa en investigación previa y que los antecedentes serán entregados a la fiscalía local.

A través de un comunicado, la Iglesia informó que “el sacerdote encargado de realizar la investigación ha informado al obispo del término de ella, concluyendo que los hechos denunciados son verosímiles”. Añadió que los antecedentes fueron serán remitidos a la Congregación para la Doctrina de la Fe, en Roma.