La agencia de clasificación Moody’s de Londres aclaró tras su informe conocido la última semana sobre la rebaja de la nota crediticia de Chile que este país sudamericano está pagando las consecuencias del deterioro fiscal y el bajo crecimiento registrado ya en el primer mandato del Presidente Sebastián Piñera (2010-2014) bajo la misma administración de las platas fiscales que la actual, es decir la del ministro de Hacienda Felipe Larraín.
Ariane Ortiz, analista principal de clasificación del Gobierno de Chile para Moody’s, sostuvo tajantemente que “el deterioro lo empezamos a observar desde 2010 y fue gradual, pero constante y persistente”, como informó este martes el diario El Mercurio.
Moody’s decidió rebajar la nota crediticia chilena lo que ya había sido concretada en 2017 por otras dos agencias internacionales como Fitch Ratings y S&P Global Ratings, luego de cuatro años de lento crecimiento económico y un déficits. Moodys Investors Service rebajó esta vez la clasificación de riesgo del Gobierno de Chile de Aa3 a A1. Además, cambió la perspectiva de «negativa» a «estable», pero las clasificaciones de plataforma senior no aseguradas también fueron degradadas a (P) A1 desde (P) Aa3. Así, las tres agencias clasificadoras más importantes del mundo, en el período de un año, bajaron la nota de riesgo de Chile.
“Ahí están los números”, añadió Ariane Ortiz, aludiendo a que estos no mienten y subrayando que el aumento de 15 puntos en la deuda fiscal partió hace ocho años “con un monto equivalente al 8,6% del PIB para llegar a 23,6% en 2017”. Si, hay que agregar que esta deuda aumentó como consecuencia del terremoto y maremoto registrado un mes antes del cambio de mando entre Bachelet y Piñera en el 2010.
Moody’s, al confirmar la actual modificación en 25 años de esta calificación, observa que «la rebaja de la nota refleja el deterioro gradual pero amplio del perfil crediticio de Chile» y recalca: «A pesar de los claros indicios de mejoras a corto plazo en las perspectivas económicas y fiscales, Moody’s no prevé que el soberano recupere la solidez crediticia que tenía en años anteriores».
Tras este anuncio el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, no dudo en culpar al gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet por la decisión de Moody’s. “Chile está pagando las consecuencias del deterioro fiscal y bajo crecimiento de los últimos cuatro años”, dijo, lo que ha corregido ahora Moody’s al señalar que esta situación comenzó ya en el primer gobierno de Piñera bajo el mismo ministro de Hacienda que está nuevamente hoy al mando del “tesoro fiscal”.
A través del comunicado, Larraín había precisado que entre 2014 y 2017 la economía creció 1,7% promedio anual y el deterioro fiscal experimentado en ese periodo fue de “evidente” proporción. “Primero, y por lejos, no se cumplió el compromiso del gobierno de eliminar el déficit estructural, que aumentó cuatro veces. Segundo, la deuda medido con el PIB se duplicó -pasando de US$35 mil millones a US$70 mil millones entre fines de 2013 y 2017-, llegando a un nivel cercano a 24% del PIB. Tercero, la reforma tributaria no rindió sus frutos y cuarto, el déficit fiscal subió hasta 2,8% del PIB en 2017”.
Este desalentador panorama debe superarse con una producción de alto nivel y diversificada, agregó el comunicado de La Moneda.
Las dos razones principales que justifican la decisión de la agencia londinensae son:
1.-“La posición fiscal de Chile se ha deteriorado persistentemente en los últimos años y la fortaleza del balance del gobierno, en opinión de Moody’s, ya no es lo suficientemente sólida como para compensar los aspectos débiles del perfil crediticio de Chile
2.- “Los bajos niveles de ingresos en relación con los pares calificados A, la dependencia de los productos básicos (solo cobre y minerales y no industria u tecnología) y las vulnerabilidades externas (precio internacional del cobre a la baja) también se han convertido en aspectos más destacados del perfil crediticio de Chile debido a las menores perspectivas de crecimiento a mediano plazo. El alto crecimiento del PIB solía compensar en parte algunos de estos elementos que limitan el perfil crediticio de Chile”.
“La fortaleza fiscal del gobierno sigue siendo muy alta, con índices de deuda gubernamental por debajo de los de varios de sus pares clasificados con A. Además, los activos financieros soberanos dan a las autoridades la capacidad de responder a los shocks, a pesar de que el gobierno perdió su condición de acreedor neto”, agregó. Cabe destacar que con este nuevo Rating de A1, Chile queda a nivel de países como República Checa, Estonia, Israel, Japón y Arabia Saudita. Las clasificadoras de riesgo son compañías dedicadas a medir el riesgo crediticio de todo tipo de obligaciones financieras, es decir, la probabilidad de incumplimiento, de países y empresas.
Ortiz se refirió también a las proyecciones de crecimiento y admitió que -según los análisis- es posible conseguir un 4% o más, y aclaró que aquello se podría dar de manera sostenida, pero sin las tasas de crecimiento que se tuvieron en 2008 (hasta 7%).
“Desde el punto de vista fiscal, reconocemos muchos avances de este Gobierno, hay un cambio de enfoque por tener mayor control de los gastos, sobre todo los gastos que Chile llama comprometidos, como en salud. Hay un esfuerzo ahora por tener una meta (fiscal) anual y no solamente un compromiso amplio con un ajuste a mediano plazo”, señaló.
Al respecto El Mercurio comentó que “las presiones sociales que enfrenta Chile, una clase media que demanda más y mejores servicios públicos, sobretodo en salud y en educación, harán muy difícil que este Gobierno pueda implementar un ajuste más agresivo”.
Por último, Ortiz reiteró que la merma en el crecimiento a mediano plazo está ligado a una baja en la productividad minera y a los retos “estructurales” de sectores como la educación.
