Por Walter Krohne

¿Que nos puede decir ahora Michelle Bachelet o su ex ministra de Justicia Javiera Blanco, a quien casi todos los sectores políticos e institucionales, también oficialistas y ex dirigentes de la Democracia Cristiana (diputado René Saffirio, por ejemplo),  calificaron a la ex secretaria de Estado en su momento como una de las principales responsables frente a la desprotección de los menores como también del deplorable  funcionamiento del Servicio Nacional de Menores (Sename)?

Pero en ese momento no eran los niños los que importaban, ni tampoco la misma ministra, porque todos tenían una mirada política cobarde y desesperada que no era otra cosa que blindar de cualquier modo la imagen de la Presidenta Bachelet, lo que se hizo ante la vista y paciencia de todo el mundo.

Tras las acusaciones y su irresponsabilidad funcionaria la ministra Blanco fue designada, como abogada del Consejo de Defensa del Estado, cargo que es prácticamente vitalicio. Este fue un gesto de agradecimiento presidencial a la “lealtad” con la Presidenta (no a los niños ni al Estado chileno),  nada más que eso. Los niños no le importaron a nadie, esa es la verdad de esta historia. No hay que olvidar la acusación constitucional en contra de la ministra Blanco que Eyzaguirre y otros ministros,  quizá también el de Interior Mario Fernández (foto derecha), cuyo rechazo apoyaron por todos los medios y lo consiguieron, porque de lo contrario la imagen presidencial hubiese quedado por los suelos y no en la forma de como salió finalmente de La Moneda convertida en la nueva líder del feminismo.

El bombón llegó al final cuando a Bachelet la premiaron “por su compromiso con la infancia” tras la operación de La Moneda para derribar el informe parlamentario de la comisión Sename y blindar así también a Blanco (fue la Unicef en julio de 2017).

Ahora, en el  informe elaborado por dos expertos de las Naciones Unidas en enero pasado se revela todo este horror del Sename, justamente en la misma fecha en que el Papa estaba también en Chile afectado y complicado por otra conducta humana horrorosa,  también cometida por chilenos, como los abusos sexuales y casos de pedofilia registrados al interior de la Iglesia Católica. Todos estos hechos darían para escribir una historia mayor que analice la mentalidad chilena, la irresponsabilidad estatal y las causas de estas mentes perturbadas en el cono sur de América, porque debe haber una causa o una falla estructural, también del Estado de Chile, para que ocurran tantas barbaridades.

El informe de 20 páginas, fue elaborado a partir de la visita que dos expertos de la ONU hicieron a Chile entre el 8 y el 12 de enero. Durante su estadía, inspeccionaron cuatro residencias: dos de administración directa de Sename (Playa Ancha de Valparaíso y Galvarino de Santiago), además de dos organismos colaboradores (Aldea Cardenal Silva Henríquez, Punta de Tralca, y Pequeño Cotolengo, Santiago).

Además ambos expertos se entrevistaron con más de 100 personas, entre ellos ministros de Estado, el titular de la Corte Suprema, el fiscal nacional, autoridades del Sename, representantes de sindicatos y organizaciones de la sociedad civil.

La indagación surgió a partir de una solicitud al Sename en julio de 2016, tras la muerte de Lissette Villa en el centro Galvarino.

Según el documento, el Estado es directamente responsable de las violaciones llevadas a cabo en los Centros de Reparación Especializada de Administración Directa, así como las ocurridas en los organismos colaboradores. “Ello, no solo por falta de supervisión, sino también porque dichos centros (…) deben ser considerados agentes del Estado”.

El texto indica que el país ha incumplido en 17 artículos la convención, entre los cuales destacan aquellos que apuntan a la no discriminación; el interés superior del niño; el derecho a la vida, supervivencia y el desarrollo; la no separación de la familia; a la educación; la protección contra la violencia y contra la explotación y abusos sexuales.

“Las vulneraciones de derechos afectaron a miles de NNA que entraron en los hogares, en todo el territorio del país, y durante un periodo largo de tiempo, que se prolonga hasta hoy. Las violaciones encontradas son de una naturaleza amplia y su impacto se estima a largo plazo”, señala la ONU. El organismo observa una “continuada existencia de un sistema de protección basado en una visión asistencialista y una lógica paternalista del Estado”. También se acusa una “inacción e incapacidad reiterada de cambiar leyes, políticas y prácticas que se conocían”.

La entidad también cuestionó el actuar de los jueces, indicando que la separación del niño y su familia debería ser la última opción, pero que los magistrados suelen decantarse por esa medida. Además, indica que “la mayor parte de los jueces carecen de formación específica para evaluar dichos avances (de programas de reintegración) y se limitan en gran medida a supervisar la situación del centro”.

El documento recomienda a Chile adoptar distintas medidas, tanto en materia administrativa como legislativa, así como que se “desjudicialice” el sistema de protección. Además, propone reparar a las víctimas al adoptar “todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño”.

El actual ministro de Justicia, Hernán Larraín, destacó que este es un diagnóstico similar al del gobierno. “La forma en como Chile ha reaccionado a estos hechos ha sido muy consistente. Se están haciendo mil esfuerzos para cambiar radicalmente esta situación”, dijo.

El diputado René Saffirio (antes PDC y hoy independiente) , consideró el informe “clarificador, aunque doloroso, porque a nadie le gusta que a su país lo condenen por violaciones a los derechos humanos”, como ocurrió bajo la dictadura de Augusto Pinochet.