Por Walter Krohne

Es decir, la situación económica-financiera no puede ser más mala para Chile. Unos responsabilizan a otros pero nadie reconoce sus propias culpas  y, en el fondo, como todos han cometido errores graves, sería muy bueno que al menos en el plano económico las fuerzas políticas de derecha e izquierda, en beneficio de los ciudadanos,  pudieran llegar a un acuerdo para crear un frente común.

Cuatro empresas grandotas y con mucho empleo han cerrado sus puertas en los primeros cuatro meses del Gobierno derechista de Sebastián Piñera, quien aparece como un líder del emprendimiento y del progreso económico, pero que esta vez parece haberle fallado “el ojo mágico” a su equipo económico frente al buen manejo del mundo de los negocios. Son cinco empresas: Maersk de San Antonio, la Forestal Cerda y  la constructora Cial de la Araucanía, y ahora Iansa en Linares.

La racha de cierres de grandes fuentes de trabajo comenzó con el  holding Maersk Container Industry (MCI’s)  -fábrica de contenedores refrigerados-en el puerto de San Antonio que cerró sus puertas no por la baja de los negocios como se dijo al comienzo,  sino con la idea encubierta de querer instalarse en otro país porque en Chile las condiciones laborales ya no serían muy buenas, como se dijo en algunas fuentes económicas sanantoninas. 1.200 trabajadores a la calle en este caso. Luego vino el cierre de la constructora Cial de Temuco de propiedad de Alejandro Becker, tras 38 años de operaciones. La empresa alega el no pago de deudas por contratos  realizadas para el  MOP, aunque se establece que dicha empresa tendría una deuda cercana a los 900 millones de pesos con sus proveedores. Otros 1.200 trabajadores a la calle. Luego, hace unos cuatro o cinco días,  conocimos el anuncio del  empresario de la comuna de Angol -en La Araucanía- Gerardo Cerda, propietario de Forestal Cerda, quien anunció el cierre paulatino de la empresa por los  constantes ataques incendiarios a sus instalaciones y maquinarias sin que el gobierno adopte enérgicas medidas para detenerlos. Otros 600 trabajadores a la calle.

El último anuncio de cierre fue la planta de Linares de Iansa que afecta en total, entre trabajadores y abastecedores-agricultores de remolacha,  a unas 4.000 personas. La empresa azucarera mantendrá su funcionamiento hasta los primeros días de agosto, para lo cual diseñó además un plan de cierre «gradual», según se informó este jueves.

El presidente Sebastián Piñera reconoció este desastre nacional, claro que su gobierno no aparece como responsable directo sino es parte de una serie de faltas de medidas precautorias y de análisis industrial, lo que compromete especialmente a los últimos gobiernos que no fueron capaces de prever la situación económica, financiera, laboral o sindical real  en que se encuentran o se encontraban dichas empresas para haber evitado el cierre tan inmediato, repentino  y definitivo.

Piñera, con su oratoria “imaginaria” de siempre , al estilo de Nicanor Parra, señaló que “para que nazca un árbol tiene que morir un árbol viejo, esa es la naturaleza humana”, pero todos se preguntan ¿qué se hará mientras tanto con los 7.000 empleos directos o indirectos- que se han perdido y que afectan a igual número de familias en Chile?

Pero la guinda de la torta fue esta semana la decisión de la agencia de rebajar la  nota crediticia de Chile, que  ya fue concretada en 2017 por otras dos agencias internacionales como Fitch Ratings y S&P Global Ratings, luego de cuatro años de lento crecimiento económico y un déficits. Moodys  Investors Service rebajó esta vez  la clasificación de riesgo del Gobierno de Chile de Aa3 a A1. De esta forma, la entidad financiera se sumó a la decisión de Fitch Ratings y S&P Global Ratings de 2017, las cuales también degradaron la nota del país. Además, cambió la perspectiva de «negativa» a «estable», pero las clasificaciones de plataforma senior no aseguradas también fueron degradadas a (P) A1 desde (P) Aa3. Así, las tres agencias clasificadoras más importantes del mundo, en el período de un año, bajaron la nota de riesgo de Chile.

Moody’s, al confirmar la baja en 25 años  de esta calificación, observa que  «la rebaja de la nota refleja el deterioro gradual pero amplio del perfil crediticio de Chile» y recalca: «A pesar de los claros indicios de mejoras a corto plazo en las perspectivas económicas y fiscales, Moody’s no prevé que el soberano recupere la solidez crediticia que tenía en años anteriores».

Las dos razones principales que justifican la decisión de esta agencia son:

1.-«La posición fiscal de Chile se ha deteriorado persistentemente en los últimos años y la fortaleza del balance del gobierno, en opinión de Moody’s, ya no es lo suficientemente sólida como para compensar los aspectos débiles del perfil crediticio de Chile

2.- «Los bajos niveles de ingresos en relación con los pares calificados A, la dependencia de los productos básicos (solo cobre y minerales y no industria u tecnología)  y las vulnerabilidades externas (precio internacional del cobre a la baja) también se han convertido en aspectos más destacados del perfil crediticio de Chile debido a las menores perspectivas de crecimiento a mediano plazo. El alto crecimiento del PIB solía compensar en parte algunos de estos elementos que limitan el perfil crediticio de Chile».

«La fortaleza fiscal del gobierno sigue siendo muy alta, con índices de deuda gubernamental por debajo de los de varios de sus pares clasificados con A. Además, los activos financieros soberanos dan a las autoridades la capacidad de responder a los shocks, a pesar de que el gobierno perdió su condición de acreedor neto», agregó. Cabe destacar que con este nuevo Rating de A1, Chile queda a nivel de países como República Checa, Estonia, Israel, Japón y Arabia Saudita. Las clasificadoras de riesgo son compañías dedicadas a medir el riesgo crediticio de todo tipo de obligaciones financieras, es decir, la probabilidad de incumplimiento, de países y empresas.

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, al conocer esta nueva mala noticia no dudo en culpar al gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet por la  decisión de Moody’s  «Chile está pagando las consecuencias del deterioro fiscal y bajo crecimiento de los últimos cuatro años», dijo.

A  través de un comunicado, el secretario de Estado precisó que entre 2014 y 2017 la economía creció 1,7% promedio anual y el deterioro fiscal experimentado en ese periodo fue de «evidente» deterioro. «Primero, y por lejos, no se cumplió el compromiso del gobierno de eliminar el déficit estructural, que aumentó cuatro veces. Segundo, la deuda medido con el PIB se duplicó -pasando de US$35 mil millones a US$70 mil millones entre fines de 2013 y 2017-, llegando a un nivel cercano a 24% del PIB. Tercero, la reforma tributaria no rindió sus frutos y cuarto, el déficit fiscal subió hasta 2,8% del PIB en 2017».

Este desalentador panorama debe superarse con una producción de alto nivel y diversificada. Como alguien dijo recientemente, pero en otro sentido, en la producción de un país tampoco hay que poner todos los huevos en la misma canasta, en este caso la del cobre.