Por Walter Krohne

Ya no se trata de uno o dos casos; la cifra de abusos sexuales que afectan a la Iglesia Católica chilena supera ya el centenar con 104 víctimas (52 menores de edad). Esto se ha  convertido en una verdadera “bola de nieve”, calificado como el mayor escándalo a nivel latinoamericano y definido como un hecho de tanta gravedad que ya no tiene ni puede llegar a tener vuelta;  nadie está en condiciones de impedir el gran proceso judicial que se viene en Chile y para lo cual se investiga a 101 personas entre religiosos y laicos.

Tres nuevas investigaciones en contra de miembros de la Iglesia se han abierto en los últimos dos días en la Fiscalía chilena y entre los jerarcas de la Iglesia aparece como imputado el jefe mismo de ella, el arzobispo de Santiago monseñor Ricardo Ezzati, sin descartarse tampoco que pueda ser citado a declarar el mismísimo cardenal Javier Errázurriz, (ex jefe de la Iglesia entre 1998 y 2011) quien siempre se negó a reconocer las barbaridades sexuales cometidas por el párroco Fernando Karadima de la Parroquia de El Bosque en plena comuna de Providencia de Santiago.

Según emol.com el catastro de casos de abuso sexual  que afecta a miembros de la Iglesia Católica ha tenido una rápida actualización. El fiscal nacional Jorge Abbott ha dicho que existen actualmente  37 casos vigentes: tres más que en los registros del lunes último. Lo anterior, implica que 101 personas están siendo investigadas por este tipo de delitos: 36 de ellos son clérigos -tres obispos, 31 sacerdotes y dos diáconos-; 22 miembros de congregaciones sin ser religiosos; ocho laicos -profesores o líderes de grupos espirituales; y dos que aún no han podido ser vinculados.

El cardenal Ezzati ha sido citado a declarar el próximo 21 de agosto y no como testigo, sino como imputado por presunto encubrimiento de abusos. En una declaración pública el arzobispo dijo que “reitero  mi compromiso y el de la Iglesia de Santiago con las víctimas, con la búsqueda de la verdad y con el respeto a la justicia civil. Tengo la convicción de que nunca he encubierto ni he obstruido a la Justicia, y como ciudadano cumpliré con mi deber de aportar todos los antecedentes que contribuyan a esclarecer los hechos”.

Las investigaciones además involucran a 104 víctimas, de las cuales al menos 52 eran menores de edad al momento de los abusos.

Abbott reiteró igualmente el compromiso que tiene la Fiscalía con el establecimiento de la verdad, independiente de que existan hechos prescritos. “No se descarta citar a nadie, siempre lo hemos dicho. Cuando el Ministerio Público requiere la declaración de las personas, ya sea en calidad de testigo o imputado, sea cual sea la jerarquía que estas tengan, los citará con objeto de aclarar los hechos y llegar a determinar las responsabilidades penales que nos corresponden establecer”, indicó el Fiscal Nacional.

Así la Fiscalía chilena ha dado un nuevo golpe a la Iglesia católica en su cruzada por investigar los casos de abusos sexuales y encubrimiento de parte de sacerdotes y personas ligadas a la institución. Desde que en enero se produjo la polémica visita del Papa a Chile, que derivó en una histórica renuncia en masa de los obispos y la decisión de Francisco de limpiar la jerarquía chilena, el Ministerio Público ha allanado oficinas de la Iglesia, tomó la decisión de solicitar al Vaticano los antecedentes que recogieron hace algunos meses los enviados especiales del Papa sobre abusos sexuales y resolvió la designación de investigadores especiales en cada una de las regiones del país.

Hace dos semanas, gracias a los nuevos antecedentes incautados, el influyente sacerdote Óscar Muñoz fue encarcelado por abusos sexuales contra menores (leer en Kradiario). Era hasta enero pasado el canciller del arzobispado de Santiago y, por lo tanto, parte de la jerarquía y mano derecha de los principales líderes, por lo que se sospecha que ha habido encubrimiento. En el ejercicio de ese cargo, Muñoz debió conocer de primera fuente los casos de abusos sexuales que explotaban en la institución. Hace algunos días, el fiscal jefe de Rancagua, Emiliano Arias, indicó que “podría configurarse el delito de encubrimiento” en el marco de la investigación contra el ex canciller de la Iglesia. Existe un antecedente adicional: entre los documentos encontrados en los registros de Rancagua hay una carta del obispo Alejandro Goic, uno de los cinco al que el Papa le ha aceptado la renuncia, en que cuestionaba el papel de Ezzati en este tipo de hechos.

Ezzati declaró hace unos días, al ser consultado por la prensa que lo que en realidad le preocupaba en todo este escándalo era “el clima de maledicencia que hace tanto daño a las personas, al país y a la verdad”.

Juan Carlos Cruz, un acusador y testigo clave en el caso de Karadima, dijo en un Twitter al conocer la situación actual del arzobispo:  “Al cardenal le quedará poco tiempo como arzobispo de Santiago, pero recién empieza su nueva misión de responder por su encubrimiento, mentira y otros delitos ante la Justicia. Que se preparen el resto del episcopado, Errázuriz y compañía”.

El encubrimiento afecta directamente a Ezzati y esto se muestra en una carta incautada por la Fiscalía en el Arzobispado de Rancagua que le fue escrita por el entonces obispo Alejandro Goic el 11 de junio de 2013: “A veces tengo la impresión, quizás muy subjetiva, que no compartes los criterios de la Comisión Nacional en estos delicados temas. A su vez, miembros de la Comisión manifiestan su disconformidad frente a algunas situaciones que te ha tocado asumir. A mí, no me ha sido fácil. Mantener la comunión contigo y respetar y escuchar los juicios críticos de los integrantes requiere un equilibrio complejo”. Agregó Goic que “el caso que más ha impactado en la opinión pública nacional, ha sido el de las víctimas del P. Karadima. Al comienzo de tu servicio fue un signo extraordinario que te reunieras con ellos; después, lamentablemente, esto no continuó. sé que han sido injustos, duros, incluso a veces han mentido. Pero nada de aquello les quita la condición de víctimas heridas y dañadas”.